Juan Carlos I pospone su segundo viaje a España “por motivos privados” tras su última investigación

Juan Carlos I no estará este fin de semana en España. A pesar de que el Emérito tenía previsto acudir al campeonato náutico, que tendrá lugar en Sanxenxo (Pontevedra) entre el 10 y el 18 de junio, su amigo y anfitrión Pedro Campos ha confirmado que, finalmente, el viaje del padre de Felipe VI no se producirá. Una noticia que ha salido a la luz el mismo día en que el diario El Mundo ha destapado que el fisco persigue de nuevo al monarca por los gastos de unas cacerías. 

En declaraciones a los medios, el propio Campos ha revelado que este martes recibió una llamada del rey en la que le comunicaba que no viajaría a España. Según el empresario, don Juan Carlos ha alegado que no se trasladara a la localidad pontevedresa por “motivos privados”.

Su primer viaje

Este no viaje del rey llega tan solo tres semanas después de su primer regreso al país desde que decidiera fijar su residencia en Abu Dhabi en agosto del 2020. El Emérito pisaba de nuevo suelo español después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo archivara las tres investigaciones que mantenía abiertas por el presunto cobro de comisiones ilegales, el uso de tarjetas black y el ocultamiento de fondos en la isla de Jersey.

Sin embargo, este miércoles el diario El Mundo ha revelado que Hacienda ha abierto una nueva investigación contra el otrora jefe de Estado. La Agencia Tributaria requiere ahora a Juan Carlos I que explique quién sufragó los gastos de las cacerías a las que asistió entre 2014 y 2018, tras su abdicación. Es decir, cuando su figura ya no era inviolable.

Nueva investigación de Hacienda

Según informa el rotativo, el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de Hacienda ha enviado a su majestad varias solicitudes de información, algunas de ellas recientemente. En concreto, se le solicita que aclare de dónde salió el dinero con el que se pagaron los vuelos y otros gastos. 

Con todo, cabe tener en cuenta que los importes de los costes en cuestión no superan los 120.000 euros anuales, umbral a partir de la cual se considera que se habría cometido un delito fiscal. De este modo, el fisco quiere comprobar si Juan Carlos I tuvo un incremento de patrimonio no justificado.