Un fondo luxemburgués pagó un 'pufo' de 3,5 millones de Roures con Colau

El fondo luxemburgués Hines European Value Fund (HEFV) pagó un pufo de 3,5 millones de euros que había generado Mediapro con el Ayuntamiento de Barcelona. El vehículo de inversión liquidó la deuda que había contraído una filial del grupo de Jaume Roures con el gobierno municipal de Ada Colau en la sociedad mixta Mediacomplex. Lo hizo desde el Gran Ducado, un estado que se comporta como un paraíso fiscal según el Fondo Monetario Internacional (FMI), tal y como lo describió en un informe de diciembre de 2019. El ejecutivo local sopesó presentar una demanda judicial de reclamación de deuda, pero prefirió recuperar el dinero vendiendo el 100% de las acciones de la compañía público-privada a la opaca sociedad centroeuropea.

Informe jurídico de la venta de Mediacomplex by Ignasi Jorro on Scribd

Así lo ha manifestado un portavoz municipal a preguntas de este medio. La fuente oficial del Ayuntamiento de Barcelona ha concretado que Mediapro adeudaba al Ayuntamiento de Barcelona 3,51 millones de euros a junio de 2018. Esta cifra incluye el canon no pagado por uso de la sede corporativa de la avenida Diagonal número 177, a la que Mediapro se mudó en 2004 pero jamás pagó el alquiler, y los intereses de demora. El rascacielos lo gestionaba una sociedad mixta formada por Rilson Inmuebles XXI, filial del conglomerado que fundó Roures (33%) y la constructora municipal Bimsa (77%). Con la venta de la empresa mixta al fondo de Hines, el comprador tuvo que asumir la deuda que había contraído el socio mayoritario de la mercantil. Rilson-Mediapro, pues, jamás pagó un euro de lo que adeudaba al erario público. Y su deuda la pagó un vehículo financiero desde una jurisdicción opaca.

Ayuntamiento: "No renunciamos ni a un céntimo"

Pese a esta solución sui generis a un menoscabo en la caja común, el Ayuntamiento de Barcelona defiende la bondad de la operación. "El comprador pagó directamente las 6.638 acciones de Mediacomplex, propiedad de Bimsa, por un importe total de 18.666.786,16 euros, a un precio unitario de 2.812,11 euros por acción", ha aclarado el representante oficial. "Además [pagó] el rendimiento mínimo garantizado (deuda pendiente) de 2.980.627,74 euros, más los intereses de demora por no haber pagado la deuda por un total de 537.702,10 euros", ha agregado. "Esto es, el Ayuntamiento no solo cobró la totalidad de la deuda, sino que además no renunció a un céntimo de los intereses de demora". 

Sede de Mediapro-Imagina en el número 177 de la avenida Diagonal de Barcelona / CG

No obstante, si Mediapro ocupó su sede en 2004 y jamás pagó el canon de 250.000 euros anuales, ¿por qué el Ayuntamiento de Barcelona no reclamó judicialmente la deuda a su socio, tal y como pidió el grupo municipal popular en diversas ocasiones? "Desde la llegada al ayuntamiento del equipo de la alcaldesa Colau se iniciaron conversaciones para reclamar la deuda, así como los pasos previos a una denuncia judicial. Ante esta situación, Rilson Inmuebles XXI aceptó todas las condiciones fijadas por el consistorio para resolver la operación", ha respondido el portavoz municipal. ¿Qué condiciones? "Mantenimiento del derecho de superficie, venta en subasta pública y pago de la totalidad de la deuda con los intereses correspondientes", ha enumerado. "Es por ello que no fue necesario continuar con el proceso judicial", ha apostillado la voz oficial.

La defensa del ayuntamiento de la forma de cobrar la deuda de Mediapro contrasta con el posicionamiento de los comunes contra los paraíses fiscales. BComú y PSC se comprometieron en mayo de 2019 a "no tener vinculación jurídica" con empresas radicadas en estos territorios [ver decreto de alcaldía aquí]. Dos años después, aceptaron que un fondo de inversión con sede en Luxemburgo, un paraíso fiscal según el FMI, comprara la sede corporativa y, además, liquidara una deuda de 3,5 millones de su socio.

La sede de Mediapro, un caramelo

Según las cuentas anuales para el ejercicio 2019 a las que ha accedido este medio, la constructora municipal Bimsa refleja solo un "resultado de la operación" de 12,02 millones, y no de 18,6, la cifra que aportó el ejecutivo local en el momento de la venta directa de la sede de Mediapro --que fue el centro de prensa del referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre de 2017-- al fondo luxemburgués de Hines en 2018. "Como en toda operación de venta, el resultado de la operación es el beneficio obtenido, esto es, la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra (no la totalidad de la venta). En este caso, el precio de venta (18.666,786,18 millones de euros) y el valor contable de la adquisición (6.638.000,00). [El resultado] es de 12.028.786,18 millones de euros", ha aclarado el representante municipal. En otras palabras: el ayuntamiento ganó 6,6 millones con la venta de la empresa gestora del cuartel general de Mediapro, pese a que el inquilino jamás le pagó el alquiler.

Presentación de la urna del referéndum ilegal del 1-O en el centro de prensa de la sede de Mediapro en Barcelona / EFE

También ha ganado, y mucho, Hines. La firma inmobiliaria con sede en Houston (Estados Unidos), que utilizó su fondo luxemburgués HEVF para comprar la sede corporativa en Barcelona, ha mejorado en su primer año completo los resultados de explotación de Mediacomplex, la sociedad público-privada que formaban Bimsa y Mediapro. En las últimas cuentas disponibles de la mercantil mixta, ésta facturó 8,79 millones y arrojó un beneficio neto de 163.238 euros en 2016. A su sucesora, HEFV Diagonal 177, le ha ido un poco mejor. En 2018 y siempre según el Registro Mercantil, la filial de Hines se anotó un beneficio bruto (ebitda) de 2,11 millones. No obstante, los ingresos fueron menores que en la sociedad antecesora: 4,16 millones.