Rodrigo Rato regresa a sus negocios tras el paso por prisión

Tras el fallo que le condenó a cuatro años y medio de prisión por el caso de las tarjetas corporativas opacas de la caja de ahorros madrileña, el también expresidente de Bankia y antiguo director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) se apartó de la red de empresas familiar, cuyos movimientos estaban siendo rastreados por los jueces como consecuencia de otras investigaciones que se siguen contra él por varios presuntos delitos contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales.

Testaferro, familiares...

Por entonces, a las puertas de la prisión de Soto del Real, de la que salió hace aproximadamente un año bajo el tercer grado penitenciario, Rato dejó como administrador de sus sociedades principalmente a Miguel Ángel Montero, considerado como una de las personas de su máxima confianza y sobre el que también recaen las sospechas de haber representado el papel de testaferro del exvicepresidente del Gobierno.

En algunos casos, han sido sus hijos Rodrigo y Ana quienes han tomado el papel de administradores de estas sociedades e incluso su exesposa, María Ángeles Alarcó, que desempeñó el cargo de presidenta de Paradores entre 2012 y 2018.

De energía a organización de eventos

Algo más de un año después de que la Audiencia Nacional le absolviera por el caso de la salida a bolsa de Bankia, Rato ha vuelto a inscribir su nombre en el Registro Mercantil como apoderado de las sociedades Explotaciones de Carabaña y Arada, ambas domiciliadas en un despacho situado en un céntrico edificio de oficinas de Madrid que fue registrado en varias ocasiones por la Policía como parte de las investigaciones sobre las actividades empresariales del antiguo ministro de Economía.

En el objeto de ambas sociedades figura en la actualidad la producción de energía hidroeléctrica, aunque en el caso de Arada también contempla la “organización y desarrollo de congresos, eventos, convenciones, ferias, promociones, charlas y seminarios”.

De nuevo, en el banquillo

Precisamente, una de las pistas que siguen los investigadores es el presunto empleo por parte de Rato de este tipo de actividades para ocultar la facturación por negocios relacionados con la publicidad, y más en concreto en conexión con la actividad de empresas que, en su día, fueron privatizadas cuando él encabezaba el área económica de Moncloa.

En la actualidad, el juzgado de instrucción número 31 de Madrid sigue una causa contra el expolítico por presuntos delitos contra la Hacienda Pública por la que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una pena de hasta 70 años de prisión en total, dado que le relaciona con 14 delitos diferentes; no obstante, Rato se sentará en el banquillo para ser juzgado por doce de ellos, ya que el magistrado instructor ha retirado los cargos por insolvencia punible y falsedad documental.

Retirada paulatina

Pendiente de fecha para sentarse de nuevo en el banquillo de los acusados, Rato ha retomado la actividad en su entramado societario, lo que no ha dejado de causar cierta sorpresa especialmente en ámbitos jurídicos.

Su nombre desapareció de forma paulatina de la casi treintena de sociedades que constituían la red empresarial familiar, en las que ejercía como apoderado o como administrador único.

Estos movimientos se llevaron a cabo conforme avanzaba el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid, que llegó tras varios recursos, al Tribunal Supremo, que ratificó el sentido condenatorio de las anteriores sentencias en el sentido de considerar a Rato responsable de haber tejido el sistema que permitía a los beneficiarios de las tarjetas black su empleo sin rendir las pertinentes cuentas al Fisco.