El rescate de Celsa se enreda en la Justicia

Precisamente, ese grupo de tenedores de deuda de Celsa, en su mayor parte fondos de inversión, es con el que la compañía mantiene negociaciones para acordar un esquema que permita hacer efectiva la ayuda del fondo para compañías estratégicas afectadas por la pandemia que gestionaba hasta finales del pasado junio la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). 

Protección revocada

En su día, Celsa logró que un juez de primera instancia de Madrid fallara en su favor y le eximiera de forma provisional del pago del servicio de la deuda (vencimientos e intereses) y el cumplimento de los compromisos (covenants) al entender que la siderúrgica se había visto notablemente afectada por una circunstancia sobrevenida como fue la irrupción del Covid-19.

Sin embargo, esta protección fue revocada por otro tribunal de la capital de España, a instancias de los acreedores, a comienzos de este año, cuando Celsa ya estaba a la espera de recibir el apoyo del fondo de la SEPI, lo que no se produjo de forma oficial hasta que el último Consejo de Ministros del mes de junio, apenas dos días antes de que venciera el plazo del fondo, le diera el visto bueno. 

Mala fe procesal

Dadas las circunstancias, Celsa recurrió la decisión del juzgado de primera instancia número 60 de Madrid ante la Audiencia Provincial, que ha sido la que recientemente ha ratificado el fallo anterior.

Según ha podido saber Crónica Global, esta última instancia emitió un auto el pasado 26 de julio que rechazaba el recurso de las sociedades a través de las cuales la familia Rubiralta mantiene el control de la compañía a las que, además, acusa de actuar con “mala fe procesal”.

Reproches

El tribunal sostiene que no debe procederse a aceptar la solicitud de cautelares por cuanto estas irían en contra de la homologación judicial del contrato de refinanciación de la deuda de Celsa ante el Juzgado de lo Mercantil número 9 de Barcelona.

La Audiencia Provincial de Madrid hace hincapié en que la homologación del contrato se efectuó a instancias de Celsa, que ahora actúa contra él. No es el único reproche que los jueces de la instancia superior hacen en el auto a la actitud del grupo siderúrgico. 

Barcelona y Madrid

En su día, los acreedores acusaron a Celsa de acudir a los tribunales para judicializar este asunto y ganar tiempo mientras no atendían al pago de los compromisos de la deuda. 

También hicieron saber a los tribunales que la empresa con sede en Barcelona había solicitado las medidas cautelares ante los juzgados de primera instancia de Madrid apenas una horas después de la misma petición fuera rechazada por los juzgados de Barcelona. 

Propuestas de ambas partes

Tras la aprobación del rescate público, Celsa y sus principales acreedores mantienen posiciones discordantes en torno a la manera de articularlo para asegurar tanto el futuro de la empresa como el retorno de los dos préstamos en los que se divide la aportación del fondo de la SEPI. 

Una vez que el propio rescate establecía una quita de aproximadamente el 50% del montante de deuda, las principales diferencias estriban en la forma de gestionar lo que resta, ante la negativa de los Rubiralta de ceder la gestión a los fondos, como estos han propuesto en alguna ocasión, como de que se cree un vehículo con sede en Luxemburgo con una elevada rentabilidad asociada con el fin de asegurar el cobro a los acreedores y complicar que el asunto vuelva judicializarse.

Proceso en marcha

Mientras este proceso se llevaba a cabo, en ningún momento se ha interrumpido la actividad judicial en torno a la situación financiera de Celsa y la relación con sus acreedores, lo que ha motivado que, en este caso, el auto de la Audiencia Provincial de Madrid se haya colado de forma inoportuna en las negociaciones por el rescate. 

Ambas partes aseguran tener la mano tendida para alcanzar un pacto que permita hacer efectiva la ayuda pública. La decisión judicial no lo impedirá per se, pero añade un ruido muy poco recomendable a estas alturas.