Acreedores de Celsa buscan taponar la escapatoria judicial de Rubiralta ante posibles impagos

El factor Luxemburgo constituye una de las claves de las conversaciones en las que el futuro del principal grupo industrial de Cataluña después de Seat está en juego. Porque no sólo constituye una línea roja para los acreedores sino también para el socio de la empresa, que bajo ningún concepto está dispuesto a aceptar este elemento. 

Recurso a la Justicia

El motivo cabe encontrarlo en el escenario de judicialización que rodea a los dos préstamos, Jumbo y convertible, que componen la parte esencial de la deuda de 2.400 millones de euros que acumula Celsa. En ambos casos, ante los requerimientos de ejecución de garantías por parte de los acreedores tras incurrir la compañía en impagos, ésta ha acudido a los tribunales en busca de un amparo que, por ahora, ha encontrado. 

Celsa ha argumentado una situación de fuerza mayor, relacionada con la crisis derivada de la pandemia del Covid-19, para justificar no atender a los vencimientos de los créditos. Y además, también ha apuntado a que las condiciones de estos préstamos son de carácter usurario. 

Rentabilidades disparadas

La estrategia de la compañía se ha basado en el hecho de que sus actuales acreedores no son las entidades con las que inicialmente contrajo la deuda, sino fondos que en su día, cuando los bancos se vieron obligados a sanear sus balances por el endurecimiento de los requisitos regulatorios del Banco Central Europeo (BCE), se deshicieron de carteras de créditos de diversa índole a precio de derribo, con descuentos que, en ocasiones, han superado el 80%.

De este modo, el grupo siderúrgico ha planteado que, bajo las condiciones en las que figuraban esos préstamos, la rentabilidad a percibir por parte de los tenedores alcanzaba en algunos casos cifras del 500%. 

Fórmula recurrente

Los sucesivos reveses judiciales que han padecido los acreedores desde que comenzaron los impagos, tras la crisis de liquidez que asoló a Celsa con motivo de la pandemia, han hecho escarmentar a las entidades. De esta forma, en todas las propuestas que han llevado a cabo hasta la fecha han incluido una forma de articular el cobro de la deuda que le corresponden tras el repago de los préstamos de la SEPI a través de un vehículo domiciliado en Luxemburgo.

El principal objetivo radica en que, en el caso de llegar a un acuerdo con los Rubiralta y que posteriormente se reprodujeran los impagos que han llevado a esta situación, sean los tribunales del Gran Ducado los que entiendan del asunto.

Normativa menos laxa

La normativa luxemburguesa en estos asuntos es notablemente menos laxa, según explican a Crónica Global en fuentes financieras. Ante una situación de impago, la ejecución de garantías es prácticamente inmediata y resulta muy complicada esquivarla. 

De ahí que constituya un factor irrenunciable para unos e inaceptable para la parte contraria. Sobre este particular, Celsa ha manifestado públicamente que dar por bueno ese esquema supondría, además de algo oprobioso por la elevada rentabilidad, un cambio en los centros de decisiones, que de este modo se trasladarían al estado centroeuropeo.

Versiones contradictorias 

Fuentes próximas a la empresa señalan que el vehículo tendría una doble estructura en Luxemburgo, con una sociedad que emitiría el préstamo y una matriz que pasaría a tener el control de la deuda de Celsa. 

Mientras, en un comunicado remitido con ocasión de su última propuesta para desbloquear el rescate, el pool de acreedores señala que el mantenimiento del centro de decisión y del órgano de gestión en España está asegurado, así como también los puestos de trabajo, incluso cuando el plan de la ayuda pública ya no esté en vigor. 

Pleitos aun sin cerrar

En cualquier caso, no parece que vaya a ser ésta una de esas líneas rojas que vaya a ser sencilla de eliminar. En el acercamiento que están intentado ambas partes, dada la premura de tiempo ante el próximo fin del plazo para que el Consejo de Ministros dé el visto bueno al rescate, algunas de las premisas ya han saltado por los aires. 

Ha sido el caso de la exigencia de los acreedores a controlar parte del capital, a la que han renunciado; o la disposición de Celsa de aportar dinero proveniente el exceso de valor una vez atendido el pago a la SEPI, del que antes no se había hablado. 

Sin embargo, a ojos de no pocos, la judicialización de la deuda ha sido una de las claves para que la situación haya llegado a este punto. De hecho, cuando está cerca de cumplirse dos años desde que se iniciaron los pleitos, éstos aun no cuentan con sentencias firmes.