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El consejero en funciones de Empresa de la Generalitat, Felip Puig

La Generalitat pide al Estado que asuma las ayudas económicas a Seat

El Gobierno catalán en funciones afirma que aportarán su parte, pero limitada debido a la capacidad fiscal

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El Gobierno catalán en funciones reclama su protagonismo en el caso del diéselgate y las posibles afectaciones que pueda tener en Seat, cuya sede central se encuentra en Martorell (Barcelona). Este miércoles ha tenido lugar el primer encuentro de la comisión de seguimiento industrial de los proyectos de la compañía en la sede de Acció, la empresa pública de promoción empresarial, que ha concluido con un mensaje: la Generalitat asumirá su responsabilidad para que Volkswagen invierta en Cataluña, pero el grueso de la factura la deberá pagar el Gobierno central.

El consejero de Empresa en funciones, Felip Puig, aseguró en rueda de prensa que “los recursos más importantes deben venir del Estado” porque es quien tiene mayor capacidad fiscal para realizar las aportaciones económicas que aún se deben concretar. Por el momento sólo se conoce que la multinacional alemana invertirá 3.300 millones en la factoría catalana en los próximos cuatro años.

Ofensiva de producto

La inyección será paralela a la mayor ofensiva de producto que ha lanzado la marca española para incrementar las ventas y dejar atrás de forma definitiva las pérdidas. El escándalo mundial de la manipulación de emisiones no ha modificado los planes de Volkswagen en España, pero propicia de ayudas públicas para su ejecución en los términos previstos.

Puig reiteró en el mismo encuentro la voluntad de la Generalitat de apoyar al consorcio alemán. A pesar de la situación de interinidad del Gobierno, existe consenso entre las fuerzas del Parlament en que es necesario apoyar a Seat para garantizar su viabilidad en el futuro. Es la primera empresa catalana y supone e 1,3% del PIB estatal, por lo que las inversiones públicas están suficientemente justificadas.

Incertidumbre política

El problema en Cataluña es que la caja está vacía, por lo que debe ser el Estado quien asuma la factura. “Exigiremos que sea el máximo acompañante en el viaje”, reivindicó Puig. Su intención es clara. La incertidumbre está en quién ejercerá la presión sobre el Gobierno central. De hecho, ni siquiera se conoce quién encabezará el Ministerio de Industria en el momento en el que se activen las ayudas a Seat para completar la lluvia de millones en Volkswagen.

Las elecciones del 20D y el bloqueo para la investidura de un presidente en Cataluña dejan en el aire cualquier actuación política actual.

Inicio de las inversiones

Con todo, los encuentros tanto en Acció como en el Ministerio de Industria para seguir la evolución del diéselgate en España son claves. Primero, para ratificar los compromisos de la automovilística en el país y después para tranquilizar a empleados y proveedores. En Cataluña, también participan en las reuniones representantes de los concesionarios.

Por el momento las inversiones comprometidas se cumplen. El proyecto de Volkswagen se inicia este mes con la modernización de la línea 1 de Martorell, donde se ensambla el modelo Ibiza. La plataforma se adapta a futuros modelos, por lo que se abre la puerta a recibir nuevos encargos del consorcio.