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España vivió el sábado una jornada sin carbón y por primera vez no se encendió ni una central térmica como la de Naturgy de la imagen / EP

España aún expulsa 40 millones de toneladas de CO2 al año por producir electricidad con carbón

El 14,1% de la energía total generada en España en 2018 procedía de centrales térmicas, que usan carbón para crearla y además lo importan de países donde su producción genera muchas dudas

13 min

La normativa europea comenzó a regular la desaparición de las minas de carbón en España hace una década, con la previsión de un cierre progresivo, justo y ordenado, y cuyo objetivo pasaba porque todas las instalaciones estuvieran cerradas a 31 de diciembre de 2018.

Bajo la condición del cierre total en esa fecha, se concedieron subvenciones a la minería de miles de millones de euros y, efectivamente, se concretó el cierre del carbón. Ahora va a hacer un año y ahí acabó la normativa, pero no el problema. No se liquidaron todas las instalaciones de carbón y la alta contaminación que generan y, sobre todo, las centrales térmicas continúan funcionando a base de ese material, que ahora se importa, sumando una producción en 2018 del 14,1% del total de electricidad generada en España.

Energía sucia

Es decir, para producir esa energía eléctrica se utiliza carbón y como en España ya no debería producirse –aunque aún se da en un porcentaje reducido-, se importa el carbón de países como Colombia, Rusia, Indonesia o Sudáfrica, donde se extrae con “altos costes para la salud, el medio ambiente y los derechos humanos de sus habitantes”, como ha denunciado Greenpeace en la Cumbre del Clima de Madrid, haciendo pública la “violación de los derechos humanos” en el proceso de extracción del carbón en esos países.

España y Europa cortan y minimizan su producción de carbón, pero lo importan para meterlo en centrales térmicas y producir con él energía sucia, y además lo traen de países donde no están claros los procesos de producción. Así, además de propiciar esas malas prácticas, se sigue lanzando CO2 al aire a través del procesado del carbón en centrales térmicas y produciéndose esa energía sucia, nada acorde con los objetivos de la ONU de reducir emisiones y revertir así el cambio climático.

Tres centrales térmicas muy contaminantes

En un informe de Greenpeace, en colaboración con el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, hecho público con motivo de la COP25, la organización desvela que en el año 2018 España expulsó 40 millones de toneladas de CO2 debido a la producción electricidad a partir de carbón, siendo las tres centrales térmicas que más emisiones generaron ese año las de As Pontes (La Coruña), con 7.936.709 toneladas, y Litoral (Almería), con 6.268.515, ambas de Endesa; y la de Aboño (Gijón), con 7.075.973 toneladas, propiedad de EDP. Estas tres centrales están entre las 30 instalaciones productoras de electricidad más contaminantes de Europa.

A pesar de que España está inmersa en la transición energética, el Borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) no descarta que se mantengan algunas centrales térmicas de carbón más allá de 2030, pese a que los objetivos de la ONU marcan su erradicación definitiva en esa fecha tope, ya que se contempla una potencia instalada de 1.300 MW para el carbón.

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Gráfico: Greenpeace

Falta de transparencia de las empresas

El Consejo de Ministros aprobó el 28 de julio de 2017 el Plan de Acción Nacional (PAN) de Empresas y Derechos Humanos que implementa los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, que a su vez dicta que las empresas deben evitar que sus actividades provoquen o contribuyan a provocar consecuencias negativas sobre los derechos humanos y hagan frente a esas consecuencias en caso de darse. Pero según denuncia Greenpeace, esto no ocurre.

La organización denuncia en primer lugar la falta de transparencia de las empresas de energía españolas sobre sus cadenas de suministro de carbón, lo que facilita a estas compañías no tener que responder de manera efectiva de los impactos sociales y ambientales causados por sus proveedores y empresas subcontratadas, por lo que no responsabilizan de las vulneraciones de derechos humanos y daños ambientales causados en sus cadenas de suministro.

Importaciones de carbón

La importación de carbón en España alcanzó en 2018 un total de 16.435.474,33 toneladas, siendo, por otra parte, las comunidades autónomas de Asturias y Galicia las que mayor número de toneladas de carbón exportan, 6.037.231,87 y 5.534.011,82, respectivamente. Los principales proveedores de carbón de las térmicas españolas entre 2010 y 2019 fueron, en este orden, Colombia, Indonesia, Rusia, y Sudáfrica aunque en 2018 fue Indonesia el principal proveedor de carbón de nuestro país, cubriendo una cuota de mercado del 27,34%. El segundo lugar correspondió a Rusia, con una cuota del 22,48%, y el tercer lugar a Colombia, con el 21,17%.

Entre 2000 y 2019, un total de 1.041 operadores importaron carbón a España, según los datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. En total, 172 de esos operadores trajeron carbón de Colombia, Indonesia, Rusia y Sudáfrica, pero otros 672 operadores proveen a las térmicas españolas con carbón procedente de Alemania, Países Bajos o Francia, que a su vez son importadores de terceros, con lo cual es prácticamente imposible al final confirmar el verdadero origen del carbón que utilizan los países de la Unión Europea.

Hermetismo empresarial

Las empresas de energía, por su parte, tampoco suelen proporcionar información sobre la procedencia del carbón que utilizan en sus centrales térmicas. Únicamente Endesa señala en su Informe de Actividades de 2018 que contrató 9,4 millones de toneladas de carbón de importación, de los cuales ha transportado 7,6 millones de toneladas que provienen principalmente de Indonesia (70%), Colombia (21%) y el resto del Báltico y de los Estados Unidos (12%). Pero Endesa no indica la cantidad exacta y la procedencia del carbón utilizado por cada una de sus centrales térmicas.

En la consulta realizada por Greenpeace a las empresas sobre la cantidad y la procedencia del carbón utilizado en sus centrales térmicas para la elaboración de este informe, Carbón y Derechos Humanos, Naturgy respondió que la lista de los países donde compran el carbón es información reservada por razones de competitividad y Endesa, EDP España, Iberdrola y Viesgo no respondieron a la consulta de Greenpeace.

Reducción del 70%

Endesa, en todo caso, contempla una reducción del 70% de las emisiones del consumo específico de CO2 en gramos por kilovatio hora para 2030, lo que supone fijarlo por debajo de los 140 gramos por kilovatio hora. Para ello, cerrará sus centrales térmicas de Andorra (Teruel) y la Compostilla (León), si bien se acometerá con un proceso de transición "justa" para convertirlas en instalaciones de energías renovables, que además crearán 2.000 nuevos empleos en Teruel y más de 4.100 en León. En Andorra, Endesa plantea un proyecto para levantar la que será la mayor planta renovable de Europa, con integración de solar y eólico.

Naturgy, por su parte, ya solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica el cierre de todas sus centrales de carbón en España, las de Meirama (Galicia), Narcea (Asturias) y La Robla (Castilla y León), hecho que debería concretarse en 2020.

Endesa transformará sus dos principales centrales térmicas de carbón en instalaciones punteras de renovables / EP
Endesa transformará sus dos principales centrales térmicas de carbón en instalaciones punteras de renovables / EP

Cómo llega a España

En cuanto al carbón que sigue llegando a España procedente de otros países, según Red Eléctrica Española, las centrales térmicas de carbón produjeron 37.274 GWh, lo que corresponde a ese 14,1% de la producción total de energía eléctrica, que sitúa todavía al carbón como la tercera fuente principal de generación de energía eléctrica en España.

Las 16 centrales térmicas de carbón que contribuyeron a la generación nacional de electricidad en 2018 fueron: Aboño, Alcúdia, Andorra, Anllares, As Pontes, Compostilla, La Robla, Lada, Litoral de Almería, Los Barrios, Meirama, Narcea, Puente Nuevo, Soto de Ribera, Velilla y La Pereda. Estas centrales están ubicadas en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Galicia, Castilla y León e Islas Baleares.

Muy vivo

Que el carbón sigue muy vivo en España se ve en datos como que la empresa estibadora asturiana Marítima del Principado S. L. ha iniciado los trámites para ampliar su actividad de almacenamiento, clasificación, cribado y mezclado de carbón, para llegar a las 500.000 toneladas provenientes sobre todo de Rusia, cuando eso choca frontalmente con los 17 objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible adoptada por la ONU, que cita que se debe garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.

La ONU afirma que 3.000 millones de personas dependen de la madera, el carbón, el carbón vegetal o los desechos de origen animal para cocinar y calentar la comida y por ello es prioritario trabajar para alcanzar las metas de este objetivo, y apoyar nuevas iniciativas económicas y laborales que aseguren el acceso universal a los servicios de energía modernos, mejoren el rendimiento energético y aumenten el uso de fuentes renovables.

Renovables por carbón

Para lograr los objetivos de la ONU debe aumentarse el uso de las energías renovables en sectores como el de la calefacción y el transporte. Asimismo, son necesarias las inversiones públicas y privadas en energía; así como mayores niveles de financiación y políticas con compromisos más audaces, además de la buena disposición de los países para adoptar nuevas tecnologías en una escala mucho más amplia.

Acabar con el carbón pasa por fomentar las energías renovables, que no emiten CO2 ni otras emisiones contaminantes, no generan residuos y son cada vez más competitivas desde el punto de vista económico. Se espera alcanzar en torno al 75% de generación eléctrica renovable en 2030, incrementándose hasta 2050. Para que esto sea posible es imprescindible cumplir ese objetivo mínimo del 32% de energía renovable, establecido por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la Directiva de Renovables para 2030, que es alcanzable, pero tan solo será posible en un escenario de alta descarbonización y electrificación de la economía.

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