Ignacio Sánchez Galán, jefe supremo de Iberdrola desde hace casi dos decenios, está en el ojo del huracán. La posición de este ingeniero salmantino como líder del gigante eléctrico se tambalea. Su carro va por un pedregal.

La inestabilidad que sufre el primer espada de la compañía se deriva de hechos sucedidos mientras tuvo contratado al famoso excomisario José Manuel Villarejo, es decir, desde 2004 hasta 2017.

En tal periodo le llegó a pagar más de 1,1 millones de euros. En contrapartida, el expolicía prestó al coloso del Ibex 35 una retahíla de servicios, en su mayoría inconfesables.

Por ejemplo, se le comisionó para espiar y buscar los trapos sucios de un modesto accionista que tuvo la osadía de hacer una pregunta más o menos incómoda al presidente Sánchez Galán, durante una junta general.

Asimismo, se le encargó que indagara en datos comprometedores acerca de diversos dirigentes del PP y PSOE; que desactivara a elementos ecologistas que amenazaban una central térmica de la casa y que husmeara sobre los sindicalistas de una de sus plantas nucleares.

De semejante jaez son los trabajitos, de claras remembranzas sicilianas, que Iberdrola encomendó a Villarejo. Por cierto, este tristemente famoso personaje fue detenido en noviembre de 2017 por sus chapuceros apaños, ingresó en la cárcel y entre rejas sigue.

El complejo embrollo que tiene a Sánchez Galán en vilo guarda estrecha relación con la constructora ACS de Florentino Pérez. Ésta lanzó en 2009 una ofensiva en toda regla para apoderarse del titán empresarial.

Con tal finalidad, compró en bolsa sucesivas carretadas de títulos hasta que se erigió en su mayor accionista. Llegó a amasar unos paquetes de volumen superior al que reunía todo el consejo de administración junto.

Sánchez vio su poltrona en peligro y se opuso al asedio de ACS con todas las armas disponibles. Entre ellas echó mano del tal Villarejo, que desempeñó un papel relevante y --como es habitual en él-- no rehuyó el empleo de artimañas poco lícitas.

En todo caso, desde el primer instante quedó claro que la finalidad última del obsceno contraataque residía en evitar que el capitoste de la sociedad eléctrica fuera desalojado de su áureo sillón.

No es ocioso recordar que Ignacio Sánchez Galán figura entre los ejecutivos mejor remunerados de España. Solo en el último lustro cobró 31 millones en concepto de sueldos y emolumentos anejos.

Además, como si fuera una especie de Juan Palomo de altos vuelos, se autoconcedió un “bono estratégico 2017-2019”. Este chollo adicional consiste en un lote de 1,9 millones de acciones de la propia Iberdrola. A los precios actuales en bolsa, tal mamandurria vale la bonita suma de 16,7 millones.

En resumen, el capo de Iberdrola se ha embolsado durante el último quinquenio la estupefaciente suma de 47 millones de euros, con un promedio de más de nueve millones anuales.

Sánchez empuña las riendas ejecutivas de la gran empresa energética desde 2001, cuando a instancias del entonces abanderado, el mítico Íñigo de Oriol, se le confiaron las máximas funciones ejecutivas, en calidad de vicepresidente y consejero delegado.

Don Íñigo se retiró en 2006 y le pasó el testigo a su ambicioso lugarteniente, quien desde entonces ha ejercido el mando absoluto del potente grupo.

Los archivos sonoros de Villarejo ponen de manifiesto que Sánchez Galán en persona urdió la intervención del susodicho policía y su equipo de demolición.

El asunto ya se encuentra en la Audiencia Nacional. Florentino Pérez se ha personado en el sumario, en su condición de directísimo perjudicado. La guerra entre el factótum del ladrillo y el adalid del kilovatio promete jornadas gloriosas. No en vano se trata de dos pesos pesados de la oligarquía hispana.

Como se recordará, el asalto de ACS a Iberdrola acabó en un rotundo fracaso, no sin antes ocasionar al mastodonte de la hormigonera unas pérdidas enormes, cifradas en cerca de 2.000 millones.

Las revelaciones sobre los entresijos del viejo episodio brindan ahora a Florentino una sin par oportunidad de desquite. Sánchez Galán niega tozudamente cualquier atisbo de mala praxis en su grupo. Pero las grabaciones que se han divulgado arrojan pruebas de culpabilidad demoledoras. Cunde la sensación de que el preboste eléctrico tiene los días contados.