'Caso Pretoria': el hundimiento de Macià Alavedra y Lluís Prenafeta

El caso Pretoria, cuyo epicentro estaba en Cataluña, estalló en 2009. Pero sus prolegómenos son remotos. Se remontan a unas indagaciones del Tribunal de Cuentas, que detectó en la gestión económica de la Expo’92 sevillana pérdidas de 200 millones de euros y el pago de comisiones irregulares. La Audiencia Nacional indagó y en las investigaciones salió a relucir el BBV Privanza.

En 2000, la fuerza pública realizó un registro de las oficinas de esta entidad, especializada en la administración de patrimonios. Entre otros documentos, halló un folleto que incluía fórmulas para eludir impuestos por medio de sociedades offshore establecidas en la isla de Jersey y controladas por el banco. La pesquisa llevó a una lista de más de 600 clientes que habían contratado esos productos. Resultaron implicados algunos bufetes de abogados.

En 2002 la Audiencia Nacional abrió una causa a dirigentes del BBV por utilizar su filial Privanza como paraíso fiscal en Jersey. Dicha causa dio lugar a varias piezas separadas. En una de ellas se llegó a la conclusión de que algunos de los implicados, como Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, exconsejero y exsecretario general de la Generalitat, respectivamente, habían transferido parte de los fondos que tenían en Jersey para blanquearlos en una operación urbanística desarrollada por el ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet.

Petardazos inmobiliarios

Así, salieron a la luz tres pelotazos de 45 millones entre los años 2000 y 2009 en los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres.

En octubre de 2009 se detiene en Barcelona a Macià Alavedra, Lluís Prenafeta, Luis García Sáez, Manuel Carrillo, Luis Casamitjana, Manuel Dobarco, Bartomeu Muñoz, José Singla y Pascual Vela. Son esposados y trasladados a Madrid, bajo la acusación de delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. El asunto acaba salpicando a las esposas de Alavedra y Prenafeta. El caso se juzgó finalmente el pasado otoño. Alavedra y Prenafeta pactaron con la fiscalía, reconocieron los delitos y el cobro de comisiones, y no hubieron de volver a la cárcel.