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Ada Colau, alcaldesa de Barcelona / AJ BCN

La oposición fuerza a Colau a dar audiencia a Aguas de Barcelona

El Área Metropolitana abrirá este jueves el expediente a la empresa mixta que lleva agua a 23 municipios para revalorizar los activos

5 min

El gobierno de Ada Colau en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) abrirá formalmente este jueves un expediente a Aguas de Barcelona, Empresa Metropolitana del Ciclo Integral del Agua con el objetivo de revalorizar a la baja los activos que forman parte de la concesión. Un proceso que no se realizará tal y como el ejecutivo municipal había previsto inicialmente, ya que la oposición ha forzado a dar audiencia a los directivos de la empresa afectada.

Así consta en el orden del día de la Comisión Informativa del área de Medio Ambiente del AMB, dirigida por Eloi Badia, que se reunirá esta jornada. No se bendecirá la auditoría interna que se dio a conocer a principios de mes en la que se aplicaba una rebaja del 75% al precio de las plantas potabilizadoras o la red de tubería, entre otras infraestructuras.

Segundo informe

Fue Barcelona Regional, una empresa pública que depende del ayuntamiento de la capital catalana, la que firmó el polémico informe. En él se aseguraba que los cálculos realizados en 2012, el año en que se rubricó la concesión del servicio del agua a la empresa mixta participada por Aguas de Barcelona (85%) y el AMB (15%), eran erróneos.

Se defendía que los activos que aportaba la parte privada no valían 476 millones de euros sino tan sólo 130 millones. No se pronunciaba sobre los que originariamente eran propiedades públicas, cuestión que también ha sido afeada por la oposición metropolitana en los escritos que se han presentado tras el anuncio de Badia de que se iba a abrir el expediente a la gestora.

Un tercer informe

El proceso iniciado este jueves incluye el encargo de una tercera auditoría. Los servicios “técnicos y económicos” del área metropolitana deberán revisar de nuevo los activos, aunque no se espera que sus conclusiones difieran mucho de las que se tomaron en el ayuntamiento.

Y es que se ha incluido una salvaguarda en el orden del día de la Comisión Informativa de este jueves. El gobierno de BComú marca que se deberán “aplicar los mismos criterios de valoración que los empleados en el informe de Barcelona Regional” para realizar el nuevo informe.

Presentación de alegaciones

La oposición pone en cuestión los estudios realizados por el equipo de Colau y espera poderlos enmendar en el periodo de alegaciones. Recuerdan que la valoración que se hizo en 2012, cuando CiU y el PSC gobernaban la institución, corrió a cargo de un perito del Registro Mercantil que garantizaba la independencia del informe final.

También podrán aportar las consideraciones o documentación oportunas los responsables de la empresa mixta. Serán llamados oficialmente a comparecer ante los representantes de los 23 municipios de Barcelona y su ámbito de influencia, igual que los representantes de la Agencia Catalana del Agua (ACA) y la Autoridad Portuaria de Barcelona, otras dos empresas públicas implicadas en la gestión del servicio de agua en baja en la zona. Es decir, el que garantiza que el recurso es potabilizado, distribuido y depurado en todos los inmuebles.

Municipalización

La apertura del expediente se enmarca en el pulso que mantiene el gobierno de Ada Colau con la gestora del agua tanto en Barcelona como en el área metropolitana. Se incluye en una de sus políticas estrella, la municipalización de servicios al entender que la gestión puramente pública es mejor que una concesión. Un debate abierto en el que hay multitud de aproximaciones.

A lo largo de la sesión de este jueves el ejecutivo supramunicipal también tiene previsto ratificar la rebaja de 1,65% de la factura del agua. Una decisión polémica porque en ella se da por sentado que la ACA dejará de aplicar la subida de la tarifa de ATLL como consecuencia de que el Tribunal Supremo anulase esta concesión. Existe el compromiso, pero aún no se ha materializado y está en el aire saber si se aplicará con carácter retroactivo o no.

Con todo, es la Comisión de Precios de la Generalitat la que tiene la última palabra sobre el recorte propuesto por Colau. Por el momento no se ha pronunciado.