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Imagen de una infraestructura de potabilización de agua de ATLL, la empresa por la que pelean la Generalitat y el consorcio de privados liderado por Acciona / EFE

La Generalitat busca al futuro director de la ATLL pública

El Gobierno trabaja con el objetivo de que la nueva sociedad tome el control de la gestora del agua el 1 de enero al margen del pulso con Acciona por la liquidación de la concesionaria

11.12.2018 00:00 h.
7 min

Aigües Ter Llobregat (ATLL) será una empresa pública el próximo 1 de enero y, con este objetivo, la Generalitat ha apretado el acelerador para dar forma al Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat. En los próximos días lanzará el proceso para buscar al futuro director de la compañía que estará adscrita a la consejería de Territorio. Se deberá hacer un fichaje exprés para buscar al sustituto de Luis Castilla, el ejecutivo que fue nombrado por Acciona en 2012.

Todo este proceso será paralelo a la negociación con la cotizada de los Entrecanales para liquidar la actual concesión del servicio. La Generalitat ha tomado la decisión en base a la última interlocutoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre la nueva guerra del agua en Cataluña. La resolución que se publicó a finales de noviembre tras un primer recurso de Acciona en que se pedía frenar los cambios en la empresa que da agua potable a unos cinco millones de catalanes de Barcelona y su área de influencia.

Espaldarazo al decreto de julio

Fuentes conocedoras de los movimientos del Govern señalan que la justicia ha dado un espaldarazo al decreto firmado en julio por Damià Calvet, responsable de Territorio. Es decir, a la norma en que decretaba que el cambio societario debía estar completado en seis meses. Lo hace en el mismo auto en que reconocía que el contrato de concesión es “anulable”, hecho que añade mayor complejidad al debate sobre la posible indemnización que debe recibir la cotizada.

José Manuel Entrecanales, presidente ejecutivo de Acciona / ACCIONA

José Manuel Entrecanales, presidente ejecutivo de Acciona / ACCIONA

Pero esta cuestión no está por ahora encima de la mesa. El consejo de administración de la ATLL pública que se constituyó la semana pasada avanza en resolver la cuestión puramente mercantil.

Capítulo laboral

No es un reto precisamente menor. Además de iniciar los trámites burocráticos para completar la cúpula del nuevo ente de abastecimiento deberá resolver el capítulo laboral. Los representantes del Territorio ya se han reunido por ahora en dos ocasiones con el comité de empresa de la aún concesionaria del servicio. Se ha informado a la plantilla de que pasará a ser de nuevo personal laboral de la Generalitat a partir del 1 de enero, indican los mismos interlocutores. Se revertirá la subrogación que se aprobó en 2012 con la concesión del servicio a Acciona.

Como el TSJC ha dado su aval al decreto de julio de Calvet, se considera que no existe ningún freno para ejecutar la suma de unos 230 empleados al sector público. Con todo, aún no se ha cerrado un acuerdo con los sindicatos. Se debe acabar de armar las condiciones con las que el personal de ATLL pasará al sector público.

Precio del agua, deuda y subcontrataciones

El reparto de activos y pasivos, además de la tarifa que debe cobrar la nueva empresa, es un capítulo que está casi cerrado. Falta acabar de poner negro sobre blanco las partidas y perfilar cuestiones como decidir si se congela por tercer ejercicio consecutivo el precio del agua de la red Ter-Llobregat.

Queda en el tintero otros temas más complejos. Saber qué se debe hacer con la deuda de la compañía que en el momento de la privatización asumió la Generalitat o cómo resolver el capítulo de subcontratación de servicios, donde la cotizada de los Entrecanales mantiene un varios contratos adjudicados, destacan otras fuentes del sector.

Damià Calvet, consejero de Territorio de la Generalitat, que gestiona la liquidación de ATLL / JxCAT

Damià Calvet, consejero de Territorio de la Generalitat, que gestiona la liquidación de ATLL / JxCAT

La Generalitat también deberá dar carpetazo a partir de enero a otra de las derivadas de su pulso con Acciona. Deberá decidir cómo devuelve a las empresas que compran el agua a ATLL y la reparten entre la ciudadanía y las empresas de Barcelona y su área de influencia, la gestión de la red en baja, el sobrecoste de la tarifa que se cobró hasta abril.  

Respuesta a las alegaciones

El consejo de administración de la nueva gestora del agua pública también tiene pendiente responder a las alegaciones de la cotizada sobre la liquidación del contrato. Las mismas fuentes indican que se contestarán en el encuentro de trabajo que se mantendrá esta semana.

Aún no se ha llegado al momento judicial en el que los Entrecanales puedan presentar un recurso contencioso-administrativo ante el TSJC por perder el contrato de ATLL. Generalitat y empresa deben intercambiarse por ahora alegaciones sobre los procedimientos administrativos que se han puesto en marcha previos a la batalla en los tribunales. Proceso que queda al margen de las instancias de ejecución de sentencia que se han empezado a tramitar.

Liquidación de la empresa

Están en juego los más de 1.000 millones que exige Acciona como compensación económica por quedarse sin ATLL y los 38 millones que le pide el Gobierno catalán. Las consejerías de Territorio (PDeCAT) y Economía (ERC) concluyeron a principios de noviembre que no ha lugar a ninguna indemnización y que el grupo ha ganado más dinero al frente de la gestora del agua que canon pagado.

Pero todas estas cuestiones se dirimirán en los próximos meses. El decreto ley que está en vigor, que ha recibido el apoyo del Parlament y que ha resistido el primer análisis del TSJC fija el 1 de enero como fecha del cambio de titularidad de ATLL. Si se prorrogara esa fecha, el nuevo calendario para revertir la privatización del servicio debería pasar de nuevo por la Cámara catalana. Y, en el contexto político actual en Cataluña, se quiere resolver la guerra del agua lo antes posible. Como mínimo, de cara a la opinión pública.