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Ada Colau (c), alcaldesa de Barcelona y presidenta del AMB, junto a Antonio Balmón (i) y Lluís Tejedor (d), sus socios en el Gobierno supramunicipal / CG

La oposición saca los colores al Gobierno metropolitano por su gestión del agua

Critica el pulso que mantiene el equipo de Ada Colau con los gestores de la empresa mixta que se encarga del servicio y sus consecuencias

6 min

El consejo metropolitano de este martes debía ser un encuentro casi de trámite para los representantes de las 35 administraciones que conforman la administración supramunicipal. Pero la gestión del agua del vicepresidente de Medio Ambiente, Eloi Badia, ha propiciado que la sesión subiera de tono y acabara con un intercambio de reproches entre la oposición y los miembros del Gobierno del Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

Ningún grupo ha votado en contra de la rebaja del 1,65% de la tarifa del agua de la región para el ejercicio en curso, cuestión que está pendiente de la ratificación de la Comisión de Precios de la Generalitat y que su sustenta en dejar de pagar el incremento del 11,8% del precio del agua que compra a ATLL. Pero las formaciones que no conforman el tripartito en la institución han sacado los colores a Badia tanto por la fórmula elegida en la tramitación de la medida como por el choque continuo que mantiene con la empresa mixta, participada por el grupo Agbar (75%) y la propia AMB (25%).

Ciudadanos se siente manipulado

“Los enfrentamientos propician que los consejeros nos sintamos manipulados”, ha asegurado el portavoz de Ciudadanos, Santiago Alonso, en la sesión. “Ratificamos una cuestión de la que no estamos de acuerdo por el procedimiento, nosotros debemos ser parte de la solución y no del problema”, ha añadido.

Isidre Sierra, alcalde de Sant Climent del Llobregat y portavoz de CiU, ha criticado que el Ejecutivo no siguiera el “reglamento metropolitano” y que hubiera mezclado tramitaciones ordinarias y urgentes para aprobar el recorte de tarifa. “Nos queda la duda de si usamos el agua para alguna cosa más que la gestión”, ha añadido, “no sabemos si todos jugamos el mismo partido y con las mismas normas”.

Choque con CiU

Unas apreciaciones que han llevado a un intercambio de opiniones con el vicepresidente de Medio Ambiente. Mientras Badia defendía que se ha optado por el “procedimiento más garantista”, Sierra le ha recordado que el reglamento del consejo contempla que para aprobar una revisión de tarifa por la vía de la urgencia sólo se necesita un informe del gerente de la empresa que presta el servicio, que se reportará al resto de partidos. Un protocolo que no se ha seguido en este caso.

Isidre Sierra, alcalde de Sant Climent del Llobregat y portavoz de CiU en el AMB / CG

Isidre Sierra, alcalde de Sant Climent del Llobregat y portavoz de CiU en el AMB / CG

Eulàlia Reguant, portavoz de la CUP, también ha cargado contra el Gobierno de Ada Colau en el AMB por su gestión del agua. En su caso, por no haber ejecutado ya la remunicipalización del servicio que había prometido. Según los anticapitalistas, la concesión representa que “una empresa privada use el agua para pasar la mano por la cara a la Administración”.

Revisión de toda la tarifa

El PP, a su vez, ha pedido que se revise en profundidad la tarifa del agua para aprobar un “cambio sustancial” del modelo de gravamen, en palabras de Ángeles Esteller. Los populares han sido los únicos que han votado en contra de la estimación parcial del recurso de reposición que presentó la empresa mixta en el que se decía claramente que la sociedad no asumirá la desviación de costes que puede propiciar que se deje de facturar el sobrecoste de ATLL sin que la Agencia Catalana del Agua (ACA) haya revistado a la baja el coste de este servicio. Cuestión que genera “inseguridad jurídica”, tal y como ha denunciado Ciudadanos.  

Esteller ha criticado que más del 60% del coste del recibo que pagan los ciudadanos sean impuestos añadidos, como la Tasa Municipal de Tratamiento de Residuos (TMTR) que ha subido el 4% en el ejercicio en curso y el 2% en el precedente.

Familias vulnerables

La falta de bonificación de este gravamen a las familias vulnerables o con riesgo de exclusión social ha sido el segundo punto de choque entre el Gobierno del AMB y el grupo de CiU. Antonio Balmón, portavoz del PSC y socio de Gobierno de BComú, ha intervenido para solicitar a Sierra que dejara la moción en la que exigía bonificar y condonar las deudas a los afectados para pactar un texto común.

Los convergentes han aceptado, con encontronazo incluido con los portavoces de BComú por las acusaciones que existían en el texto original sobre la presunta falta de compromiso de la alcaldesa esta cuestión. Xavier Trias, predecesor de Colau en el cargo, ha sido el que ha puesto paz. “Matizaremos, pero la lista de ejemplos que podemos poner es muy larga”, ha sentenciado su portavoz.