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La planta de Nissan de la Zona Franca entre el humo de neumáticos quemados / EUROPA PRESS

Las administraciones se conjuran para convencer a Nissan entre las críticas de los sindicatos

La multinacional japonesa asegura que el cierre es irreversible, mientras que Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona presionan para que recule

6 min

No por previsible el cierre de Nissan ha resultado menos doloroso. Aunque en los últimos meses todo indicaba que la multinacional japonesa tenía intención de desmantelar su factoría de Barcelona, no fue hasta el jueves cuando se confirmó. La decisión supone la destrucción de 3.000 empleos directos y otros 20.000 indirectos, y la pérdida del 1,3% del PIB catalán. Aunque la firma manifestó ayer que la decisión es irreversible, las administraciones tratan ahora de conjurarse para que la empresa recule. Mientras, los sindicatos han llamado a la movilización de los trabajadores y acusan a Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona de “no haber estado a la altura”.

"La conclusión es que no hay un futuro viable para la planta de Barcelona”, aseguró ayer el presidente de Nissan en Europa, Gianluca de Ficchy, durante la presentación del plan de futuro de la compañía. Según éste, se han tenido en cuenta todas las alternativas para evitar el cierre, pero se esperaba que los niveles de producción bajasen más aún del 25% actual, por lo que no resulta viable mantener la fábrica ni aunque se asignen nuevos modelos.

Reducción de la producción global

De Ficchy ya dijo el pasado enero que no resultaba convincente mantener las plantas de la Zona Franca, Montcada i Reixac y Sant Andreu de la Barca para unos niveles de producción tan bajos. El plan global de Nissan contempla la reducción de su capacidad en un 20% en todo el mundo, con un recorte de 2.600 millones de euros hasta 2023. Asimismo, la idea de la dirección es que la producción de Barcelona la asuman las plantas francesas de Renault, que pasará a liderar la alianza en Europa.

Tras conocerse el cierre de Nissan, Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona han mostrado su desaprobación a la decisión de la multinacional y han apostado por convencer a la compañía antes de diciembre --cuando se producirá la marcha-- para que dé marcha atrás. El presidente de la Generalitat habló ayer con el del Gobierno, Pedro Sánchez, para tratar de establecer una línea de trabajo conjunta y "poner en marcha todos los mecanismos para resolver el grave problema que se nos presenta”.

Críticas de los sindicatos

Por su parte, el Gobierno ha “lamentado” la decisión de Nissan. Según la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, la empresa trasladó un "mensaje muy distinto" al cierre de su planta en Barcelona, por lo que considera que aún se pude “encauzar” la situación y buscar alternativas. También el Ayuntamiento de Barcelona confirmó ayer que mantendrá un canal de comunicación con la compañía y sacará "toda la artillería”.

Así las cosas, los sindicatos han pedido a los trabajadores de Nissan, en huelga indefinida desde el 4 de mayo, redoblar las movilizaciones. Ayer, tras conocerse el cierre, un millar de personas se congregaron ante la planta de la Zona Franca para realizar una quema de neumáticos y posteriormente cortar la Gran Via y la Ronda Litoral. “Nos están dejando morir”, denunció el presidente del comité de empresa, Juan Carlos Vicente.

"No han estado a la altura"

"Ni las administraciones ni la dirección europea y japonesa de Nissan han estado a la altura de las circunstancias”, ha subrayado UGT. El secretario general del sindicato, Pepe Álvarez, ha exigido “responsabilidades” a Gobierno y Generalitat por el cierre: "Las multinacionales tienen que saber que no se pueden ir de nuestro país cuando quieran sin pedir permiso a nadie después de haber, durante muchos años en algunos casos, contaminado y de haber cubierto todas sus necesidades de mercado y de mano de obra”.

"No vamos a renunciar a proyectos de modelos eléctricos o de otro tipo de vehículos que requieren de inversiones no demasiado altas”, ha manifestado el secretario general de CCOO, Unai Sordo. En la misma línea se mostró también el líder del sindicato en Cataluña, Javier Pacheco, que avisó de que el cierre costaría unos 1.000 millones y resultará más caro que mantener la planta en función.

Ya a mediados de 2019 se encendió la mecha en Nissan con un ERE sobre 600 empleados. Finalmente se pactó con los sindicatos la inversión de 70 millones de euros para poner en marcha una planta de pintura en la Zona Franca. Sin embargo, De Ficchy ha manifestado que con la retirada de Mercedes-Benz y la contracción de la demanda de pick-ups en Europa no resultaba viable.