Montaje con el barrio de Gràcia, el TSJC y un contrato de alquiler de temporada Crónica Global
El varapalo del TSJC al plan urbanístico de Gràcia refuerza la ofensiva del sector contra la regulación del alquiler temporal
El sector inmobiliario interpreta la reciente anulación de la Modificación del Plan General Metropolitano como un aviso a navegantes
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La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que anula la Modificación del Plan General Metropolitano de Gràcia ha reforzado la posición del sector inmobiliario frente a la regulación del alquiler temporal impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona.
El tribunal ha concluido que algunas de las medidas previstas en el plan que impulsó el Gobierno de Ada Colau en 2022 para aumentar el parque de vivienda protegida en Gràcia resultaban económicamente inviables para los propietarios.
El sector interpreta este fallo como un precedente relevante para futuras iniciativas urbanísticas como la que busca limitar los alquileres de temporada en la ciudad. Sin embargo, al ser consultado por este medio, el ayuntamiento ha asegurado que "no tienen ningún temor" en este sentido.
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Contra la modificación del PGM
En enero de 2025, el sector inmobiliario reaccionó en bloque en contra del Modificación del PGM del Ayuntamiento de Barcelona. En total, se presentaron 16 alegaciones lideradas por promotoras, colegios de agentes inmobiliarios, fondos de inversión y la Cámara de la Propiedad Urbana.
Aunque a inicios de este año los informes técnico-jurídicos municipales propusieron desestimarlas en su totalidad, en conversación con este medio, representantes legales del sector inmobiliario consideran que las alegaciones contribuyeron a modular algunos de los planteamientos iniciales del ayuntamiento.
“Gracias a las alegaciones de los propietarios y de distintas entidades, el ayuntamiento tuvo que escribir un informe que acotaba la idea inicial de prohibir los alquileres de temporada en toda la ciudad”, afirman desde el sector.
El informe del ayuntamiento
Sin embargo, en el informe técnico-jurídico encargado por el ayuntamiento se arguye que el plan nunca pretendió aplicar prohibiciones directas de golpe, sino dar cobertura legal para que sean los futuros planes de cada barrio los que apliquen las restricciones.
Además, la administración subraya que cualquier limitación futura no será arbitraria, sino que deberá estar estrictamente justificada por “razones imperiosas de interés general” y ser proporcional.
Fragilidad jurídica
Las críticas del sector inmobiliario a la nueva normativa de los alquileres temporales tienen que ver con la fragilidad jurídica: denuncian una invasión de competencias y argumentan que el consistorio está utilizando una herramienta de ordenación de la ciudad (el urbanismo) para intentar regular las relaciones entre particulares (los contratos de alquiler), una materia que debería estar sujeta estrictamente al derecho civil.
Asimismo, consideran que la medida supone una vulneración del derecho a la propiedad privada amparado en el Artículo 33 de la Constitución.
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El alquiler de temporada
A todo ello le suman la acusación de ignorar la verdadera utilidad del alquiler de temporada. Estos alojamientos, subrayan, están pensados para que los visitantes de la ciudad puedan residir temporalmente por razones de estudios, salud o trabajo durante un tiempo determinado, normalmente inferior al año. Argumentan que Barcelona es deficitaria en este tipo de oferta y que castigarla no tiene sentido.
Frente a esto, el ayuntamiento contraargumenta que no está regulando la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) ni los contratos privados, sino ejerciendo su competencia en urbanismo al definir los "usos urbanísticos" de los edificios.
El consistorio subraya que su única finalidad es proteger urbanísticamente el uso principal y característico de la ciudad --la "residencia habitual y permanente"--, mientras que el sector critica que con las políticas que ha seguido el ayuntamiento "no se ha invertido en vivienda y ahora tenemos un problema grave".
A la espera de que la Subcomisión de Urbanismo apruebe definitivamente la modificación, los propietarios ven en el varapalo del TSJC un triunfo que sirve de aviso a navegantes.
