Boi Ruiz, Andreu Mas-Colell y Pere Mir, en el Centro Cellex
La Audiencia frena la intervención de la Fundación Cellex: anula las cautelares y ordena una nueva vista
La Audiencia Provincial de Barcelona concluye que la defensa no dispuso de tiempo real para preparar alegaciones en la causa sobre el legado de Pere Mir
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Un respiro para los implicados en el llamado ‘caso Cellex’, la investigación sobre el que se considera uno de los presuntos expolios más notorios de la burguesía catalana.
Y es que la Audiencia Provincial de Barcelona ha estimado el recurso presentado por la defensa de los tres acusados --Jordi Segarra, Josep Maria Tabernero y Juan Francisco Capellas-- y ha anulado el auto en el que el Juzgado de Instrucción núm.12 les impuso severas medidas cautelares, entre ellas la administración judicial de las fundaciones Cellex y Mir Puig.
Se vulneró el derecho de defensa
La resolución, fechada el 27 de octubre de 2025, considera que la comparecencia en la que se acordaron dichas medidas "vulneró de forma evidente" el derecho de defensa de los investigados.
El tribunal sostiene que la vista se celebró en un contexto de absoluta falta de tiempo para preparar alegaciones, lo que generó una “indefensión material” incompatible con la Constitución.
El origen de esta decisión se remonta al 10 de abril de 2025, día en que se levantó el secreto de sumario y las defensas recibieron, de golpe, casi 2.000 folios y numerosos soportes digitales con el contenido íntegro de la investigación.
Menos de 24 horas después, el 11 de abril, el juzgado convocó la comparecencia para debatir las medidas cautelares solicitadas por Fiscalía.
No pudieron prepararse
La Audiencia destaca que esta premura impidió un estudio real y efectivo de la documentación, anulando en la práctica cualquier capacidad de contradicción frente a la solicitud del Ministerio Público.
Esquema del quién es quién en el 'caso Cellex'
El tribunal incide en que la investigación llevaba más de un año abierta y que, durante ese periodo, no se adoptaron medidas urgentes ni inaudita parte, de manera que no existía ningún motivo que justificara una vista tan inmediata.
Por ello, concluye que la defensa se convirtió en “una formalidad vacía” y declara nula tanto la comparecencia como el auto que acordó las medidas.
¿Qué se impuso en abril?
Las medidas ahora anuladas incluían la remoción de los administradores de Cellex y Mir Puig y el nombramiento del Protectorado de Fundaciones de Cataluña como administrador judicial con plenas facultades sobre ambas entidades y sobre sociedades vinculadas, como Simex o Mil Vente.
También se acordó la prohibición de disponer de varios inmuebles, el embargo de participaciones y la intervención de diversas joyas halladas en cajas de seguridad, cuyo origen se consideraba aún por determinar.
Estas decisiones se sustentaban en un perjuicio provisional calculado en 6,2 millones de euros y en la sospecha de delitos de administración desleal y apropiación indebida.
![Boi Ruiz, Mas-Colell y Pere Mir, en el centro Cellex](["https:\/\/a2.elespanol.com\/cronicaglobal\/2025\/04\/26\/business\/1003742652413_14486085_320x180.jpg"])
En el marco de este procedimiento, la magistrada ha puesto el foco en múltiples operaciones sospechosas.
Entre ellas, la donación a Tabernero y su esposa de un inmueble y varias plazas de aparcamiento en la exclusiva urbanización La Pleta de Baqueira-Beret, así como más de 300.000 euros transferidos desde la sociedad Simex, de la que el médico tenía poderes notariales.
A la espera de una nueva vistilla
Aun así, con su resolución, la Audiencia ordena retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la comparecencia, que deberá repetirse con una antelación mínima de diez días entre la entrega del expediente y la celebración de la nueva vista.
Ese plazo solo podrá reducirse si concurren razones concretas de urgencia, debidamente justificadas. Al mismo tiempo, deja claro que la anulación no prejuzga la procedencia futura de las medidas cautelares, que podrían volver a imponerse si superan un debate contradictorio real.
Jordi Segarra (izq.) y Josep Tabernero (d), dos de los tres investigados por el presunto desfalco de la fundación Cellex
El proceso penal sigue su cauce
No obstante, aunque el fallo supone un respiro para los investigados, el procedimiento penal sigue plenamente en marcha.
La causa continúa centrada en aclarar si la gestión del patrimonio de Pere Mir y Núria Pamias —valorado en más de 120 millones según diligencias previas— fue utilizada para beneficiar a los propios investigados a través de préstamos ventajosos, donaciones, pagos personales y movimientos societarios que, según la Fiscalía, habrían erosionado el caudal destinado a las fundaciones beneficiarias.
![Jaume Segarra, junto al centro Cellex](["https:\/\/a2.elespanol.com\/cronicaglobal\/2025\/04\/30\/business\/1003742653397_14505289_320x180.jpg"])
La denuncia que destapó el caso fue presentada por Àngel Surroca. Quien fue la mano derecha de Pere Mir ya había alertado sobre la opaca transformación de la fundación desde la llegada de Segarra en su libro De la fusta a la fusta. La historia del grupo Derivados Forestales (1942-2006).
Fue a raíz de la denuncia por la vía penal que la jueza Myriam Linage adoptó las primeras medidas cautelares, las mismas que ahora han sido revocadas a la espera de una nueva vista.
De este modo, la batalla judicial seguirá ahora en una vistilla que deberá celebrarse bajo parámetros de mayor garantía procesal. El futuro de las medidas cautelares —y del propio control de las fundaciones Cellex y Mir Puig— se decidirá en ese nuevo capítulo.
