Una turista arrastrando una maleta por el centro de Barcelona
'Plan B': los pisos turísticos recurren al TJUE para tumbar el decreto catalán
Un grupo de propietarios eleva cuestiones prejudiciales para evitar que el Govern les quite las licencias
Más información: El TC avala el decreto catalán contra los pisos turísticos
Activado el plan B. El sector de los pisos turísticos de Cataluña recibió ayer como un jarro de agua fría que el Tribunal Constitucional (TC) avale el decreto-ley autonómico que los limita a cinco años de vida. Ante ello, surge una segunda iniciativa, discreta, que se ha estado trabajando durante meses, y que ahora se antoja como una vía para derribar la normativa: acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Lo explican fuentes del sector, detallando que un grupo de propietarios de viviendas de alquiler vacacional llevan "meses" trabajando en esta vía de forma sigilosa. Lo están haciendo por medio de la entrada de escritos a todos los juzgados catalanes. En los argumentarios, piden a los togados que planteen cuestiones prejudiciales al TJUE.
En estas exposiciones, los operadores alertan de que la legislación catalana sobre vivienda turística podría vulnerar la normativa comunitaria, por lo que apremian a los magistrados a consultarlo a la Corte de Luxemburgo.
Decisión vinculante
La acción masiva, que cuenta con decenas de propietarios asociados, busca que un solo juez eleve una cuestión al TJUE. Cuando lo haga, el Tribunal se tendrá que pronunciar, y los operadores creen que lo hará contra el decreto-ley catalán.
Con ello, esperan poder dejar sin efecto los efectos de la pieza normativa en la jurisdicción nacional, en España, donde tendría que aplicar el criterio que fije la sala de Luxemburgo, puesto que es vinculante.
El presidente de Apartur, Enrique Alcántara (i), junto el propietario de dos pisos turísticos Toni Gragera (d)
Por lo pronto, en cada juzgado de primera instancia quedarían paralizadas las aplicaciones del decreto-ley en cada caso concreto.
Paralela a las patronales
Esta vía alternativa la exploran desde hace meses un grupo de propietarios con la ayuda del abogado barcelonés Marc Pertíñez, del bufete Pertíñez Romagosa. Ya se ha activado, pero la resolución del TC de ayer la sitúa en un primer plano.
Se trata de una medida alternativa a las que han impulsado ahora las patronales. Federatur, por ejemplo, ha presentado una queja a la Comisión Europea, como explicó este medio.
A su vez, Apartur ha anunciado que ha pedido una responsabilidad patrimonial global de 4.280 millones de euros a la Generalitat de Cataluña.
Recursos indirectos
Esta opción B tiene derivadas, destacan las fuentes consultadas. Podría suponer un recurso indirecto al Tribunal Constitucional (TC), puesto que los particulares no pueden cuestionar el encaje de una ley por sí mismos.
Pero al hacerlo por vía escritos a los juzgados del primer nivel, ello sería posible si el juez o la juez lo plantea.
Los propietarios estiman que el Constitucional podría fallar contra el decreto-ley -pese a no haberlo hecho en un primer momento- "al esgrimir argumentos distintos y más contundentes" a los planteados en su recurso por el PP, que ha sido el que ha instado al alto tribunal a pronunciarse primero, sin éxito.
Cinco años
Este esfuerzo hasta ahora desconocido para preservar la vivienda vacacional apunta al corazón del decreto-ley aprobado en Cataluña a finales de 2023, y que pone coto a las viviendas para visitantes en 262 municipios catalanes. El texto se centra en 95.094 de los cerca de 102.000 pisos turísticos que operan en la región.
La polémica norma da cinco años a los propietarios de licencias para que soliciten una licencia urbanística especial. Si no lo hacen, perderán el permiso y deberán cesar la actividad inmediatamente. En este ínterin, los ayuntamientos deberán aprobar modificaciones del planeamiento para dar respuesta a las solicitudes.
El texto prevé otros cinco años extra "como mecanismo indemnizatorio" si los dueños "no pueden compensar la pérdida patrimonial".
Collboni lo celebra, pero quedan ocho años
Precisamente, uno de los alcaldes que ha anunciado que revocará todas las licencias en 2028, no dando ninguna más, es Jaume Collboni, primer edil de Barcelona. Ayer, tras conocerse el fallo del TC, el munícipe tildó de "magnífica noticia para el derecho a la vivienda" la resolución.
A renglón seguido, Collboni se ratificó en su promesa de dejar sin efecto los cerca de 10.000 títulos habilitantes que existen en la Ciudad Condal en tres años, como avanzó el pasado verano. Cuando ello ocurra, el político socialista cree que las viviendas "regresarán al mercado residencial".
Eso sí, desde el sector recuerdan que, en el caso de que la iniciativa del TJUE no logre un dictamen europeo vinculante, los propietarios tendrán como mínimo hasta 2033 -cinco años más- para amortiguar el impacto patrimonial de perder sus licencias. También en Barcelona ciudad.
