Vista aérea del Puerto de Aiguadolç, en Sitges
Antifraude aflora irregularidades en el Puerto de Sitges
El ente anticorrupción detecta mala praxis en Aiguadolç, pero archiva el caso porque ya actúa el ayuntamiento
Más información: La guerra en el Puerto de Sitges escala con una condena penal
La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) ha detectado irregularidades en la gestión del Puerto de Aiguadolç, en Sitges (Barcelona), pero archivó la causa para que actuara el ayuntamiento.
El fiscalizador anticorrupción detectó vulneración de la normativa urbanística, pero se ha inhibido en favor del consistorio.
Lo atestigua una resolución de la OAC de 2024 a la que ha accedido este medio, y que corrobora que la gerencia de Aiguadolç "habría podido cometer irregularidades en el ámbito urbanístico [...] relacionadas con la cesión de espacios calificados de vialidad a los propietarios de locales del puerto para instalar terrazas".
Esa cesión "no era permitible ni estaba autorizada", concluye la Oficina de Miquel Àngel Gimeno.
Se inhibe en favor del ayuntamiento
Pese a esas irregularidades, o indicios de ellas, la OAC "archiva" la actuación. Es así porque el ayuntamiento de Sitges ya tiene un procedimiento abierto por la misma causa.
Ante ello, Antifraude se inhibe en favor de la Administración local. Esperará al resultado del expediente de disciplina urbanística, cuyo resultado tendrá que comunicar el gobierno local de Sitges a las partes.
Preguntada sobre la cuestión, una portavoz del organismo ha confirmado la veracidad de la resolución.
Pugna por una terraza
Fuentes cercanas al caso han detallado que la actuación del fiscalizador llegó tras la pugna de un histórico restaurador contra la gerencia del Puerto por su terraza.
El hostelero detectó "trato desigual" a su negocio frente a otros que sí han aceptado la prórroga de la concesión de la dársena y el cambio de condiciones de trabajo.
Pulso: dos sectores
Y es que, en efecto, en el elegante Puerto de Aiguadolç conviven dos sectores de vecinos y comerciantes: los que avalan la continuidad de la gerencia y pagan los nuevos -y onerosos- alquileres y los que no lo hacen.
Imagen aérea del Puerto de Aiguadolç, en Sitges
La dirección llama okupas a estos últimos, y los ha demandado a los tribunales. No obstante, algunos de ellos denuncian que la concesión general se prorrogó "irregularmente" en 2022, y que las condiciones, "draconianas", no son realistas.
Condena al gerente
Este pulso con dos posturas muy claras ha escalado con una condena penal por coacciones leves contra el gerente, Xavier Cuyàs. El directivo ha encajado una sentencia contraria por cambiar la cerradura de una de las viviendas.
La gerencia defiende que lo hizo por la presencia de posibles okupas que iban a tomar el edificio a la fuerza. Pero su propietaria se querelló contra ello, y ganó en las dos primeras instancias.
Presidente de la asociación
Gane quien gane la pugna, ésta es importante por tres motivos. Uno, porque Aiguadolç, con más de 400 amarres, es puerto de reposo de una parte de la burguesía catalana, que aparca yates de hasta 45 metros de eslora en una coqueta ensenada a apenas 30 minutos de Barcelona.
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Dos, porque la marina deportiva está viendo nacer un proyecto de restauración y ocio nocturno que cuenta con el aval financiero y operativo del todopoderoso Grupo Amnesia, liderado por la familia Ferrer.
Y tres, porque el director ejecutivo del Puerto es Albert Bertran, que también preside la Asociación Catalana de Puertos Deportivos y Turísticos (Acpet). Por ende, cómo gestione el directivo se mira con lupa, pues su posición pública actúa de caja de resonancia.
