La falta de apoyo de Junts impedirá finalmente que el Gobierno saque adelante la conversión en permanente del impuesto especial a las compañías energéticas decretado hace dos años, aunque con carácter temporal.
El Ejecutivo había planteado que el tributo pasara a ser ordinario, lo que generó una fuerte respuesta por parte de las compañías del sector. Algunas de ellas, especialmente Repsol, amenazaron con congelar o, directamente, descartar una serie de inversiones en España y estudiar su traslado a otros mercados, como el portugués.
La medida se articularía a través de una serie de enmiendas a la Ley que regula el tipo mínimo efectivo que pagan las grandes empresas. Sin embargo, la falta de acuerdo con Junts ha hecho que a Moncloa no le salgan los números, por lo que la figura fiscal decaerá al finalizar el presente ejercicio.
Todo un respiro para el futuro de importantes inversiones en el territorio, especialmente en Tarragona, valoradas en más de 1.000 millones de euros, que corrían serio peligro si el tributo se convertía en permanente.
Férrea oposición de Foment
En los últimos días, Junts se había manifestado en contra de dar su apoyo al Gobierno para sacar adelante esta medida debido al peligro que suponía para las citadas apuestas de inversión y su correspondiente efecto en el empleo.
La patronal Foment del Treball también se ha opuesto frontalmente a la conversión en permanente del impuesto al entender que, además de injusto y discriminatorio, el tributo supone un "ataque al corazón de la economía".
Sí al impuesto a la banca
En su último comunicado al respecto, el lobby que preside Josep Sánchez Llibre pidió incluso apoyo a la Generalitat para que actuara en aras de evitar la perpetuación del tributo.
No ha corrido la misma suerte el impuesto especial a las entidades financieras, que sí será prolongado, al menos hasta el final de la presente legislatura.
Varios clientes a las puertas de sucursales de la banca / CG
La noticia ha sido confirmada por el PNV a través de un comunicado, en el que asegura que, en virtud del pacto alcanzado con el Gobierno, serán las administraciones tributarias forales las encargadas de recaudar el tributo a las entidades financieras en el caso de Euskadi y Navarra.
También la formación nacionalista ha confirmado que "el gravamen a energéticas decaerá", aunque ha dejado claro que ha sido "por factores externos" al partido.