Junts bloqueará el 'impuestazo' energético del Gobierno para retener la inversión de Repsol en Tarragona

Junts per Catalunya tiene previsto votar en contra del plan del Gobierno de PSOE y Sumar para convertir en permanente el impuesto temporal a las grandes energéticas, una medida que ha topado con la frontal oposición de Repsol.

La empresa que dirige Josu Jon Imaz ha pagado 800 millones de euros por este impuesto en dos años, y ahora busca aliados en Cataluña, donde tiene grandes inversiones industriales que podrían verse afectadas. La de mayor envergagura es la ecoplanta de El Morell (Tarragona).

Europa Press

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Una inversión millonaria en juego

Repsol ha amenazado con paralizar una inversión de 1.100 millones de euros en el polígono petroquímico de Tarragona, el mayor complejo industrial de Cataluña. Los proyectos incluyen una ecoplanta valorada en 800 millones y un electrolizador de hidrógeno verde de 300 millones. La patronal Foment del Treball advirtió que la permanencia del impuesto podría poner en riesgo estos proyectos y aumentar la dependencia energética del país.

Este martes, Crónica Global avanzó que el sector más liberal de Junts presionaba para que el partido se opusiera a los planes de Sánchez para consolidar el impuestazo energético. Horas más tarde, la formación que lidera Carles Puigdemont se muestra partidaria de votar en contra del PSOE, lo que haría descarrilar el gravamen.

Negociaciones clave

La votación en contra del impuesto por parte de Junts supondría un golpe importante para los planes fiscales del Gobierno. La formación condiciona cada vez más las decisiones económicas en el Congreso y, en este caso, su principal objetivo pasaría por asegurar que Repsol mantenga su inversión en Tarragona. Este bloqueo no solo afecta a la viabilidad del impuesto, sino que también se ha convertido en un punto de presión política que complica las relaciones entre los socios de investidura de Pedro Sánchez.

La posición de Junts, sin embargo, no es unánime. Mientras que el sector más liberal del partido empuja hacia la inversión empresarial, otras facciones dentro de la formación han mostrado su preocupación por cómo esta oposición puede afectar la imagen del partido ante sectores más progresistas de la sociedad catalana. De momento, la balanza se inclina hacia el ala convergente del partido.

El pulso de Repsol

Repsol, por su parte, ha dejado claro que su futuro en España, y en particular en Cataluña, está supeditado a la estabilidad fiscal. Desde hace meses, la petrolera ha intensificado sus esfuerzos de lobbie, con contactos regulares con dirigentes políticos catalanes. Entre ellos, de Junts. 

pasosypedales.blogspot.com (CC BY-NC-ND 2.0)

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Este pulso con el Gobierno no es nuevo. La multinacional ya había expresado su malestar cuando el gravamen se introdujo en 2022 como una medida temporal, y ahora considera que su ampliación pondría en riesgo la competitividad de las empresas energéticas en España frente a sus rivales europeos. Según Repsol, el impuesto no solo afecta sus márgenes de beneficio, sino que compromete sus planes de expansión y desarrollo de energías renovables.

Presión del PNV

Además de la oposición de Junts, el Gobierno también se enfrenta a la resistencia del PNV. Los nacionalistas vascos, tradicionales aliados del PSOE en temas fiscales, han expresado su desacuerdo con el gravamen y buscan un encaje propio. Para apoyar a Sánchez, de entrada, le pide que el impuesto a las energéticas se incluya dentro del concierto vasco. El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha criticado este martes la irregularidad del impuesto y se ha mostrado partidario de incluir bonificaciones fiscales en el País Vasco.

La presión de vascos y catalanes sobre el Gobierno es cada vez mayor. Ello ha supuesto que hoy se ampliara el trámite para presentar enmiendas a la ley hasta el 30 de octubre.