Una multinacional británica compra la empresa de seguridad implicada en las vigilancias ilegales de La Mina

La multinacional británica Mitie Group, especializada en ofrecer servicios de limpieza, catering y seguridad, ha comprado por 12,1 millones de dólares (11 millones de euros) a Visegurity, la empresa barcelonesa especializada en seguridad privada, que salió salpicada en la trama de vigilancias falsas en el barrio de La Mina de Sant Adrià de Besòs.

A preguntas de Crónica Global, la empresa ha negado que la absorción responda a problemas reputacionales o económicos, y las mismas voces sostienen que se debe a un tema logístico. Las fuentes consultadas han asegurado que la compañía británica está en proceso de expansión en España y que la compra responde a este crecimiento en el territorio nacional. 

De este modo, y a pesar de la crisis reputacional que vivieron tras la implicación de su exadministrador en la trama de corrupción del ayuntamiento adrianense, Visegurity Express SL ha revertido la situación y, ahora, años después, queda en manos de una multinacional que presume de generar una facturación superior a 5.000 millones de euros. 

Con esta compra, la multinacional fortalece su presencia en España y ayuda a sanear el pasado de Visegurity, que tras superar el proceso judicial ha remontado en el sector de la seguridad privada en España y, especialmente, en Cataluña. 

Actuó como empresa pantalla

Así, esta absorción llega meses después de que el Tribunal Supremo ratificase en enero de 2024 la condena de siete años de inhabilitación al exadministrador de la firma Visegurity, como cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa. 

Según el alto tribunal, Ramírez llegó a un acuerdo con el exconcejal de Sant Adrià de Besòs, Juan Carlos Ramos, y el apoderado de otra empresa de seguridad, José Fernández Franco, para que Visegurity actuase como "empresa pantalla" para recibir unas adjudicaciones públicas para vigilar 422 viviendas de protección oficial; tareas que luego eran realizadas por empresas controladas por clanes familiares del barrio de La Mina. 

De hecho, en esta trama también estuvo implicado el patriarca Ángel Amaya, conocido como Tío Cristina, jefe del clan de Los Manolos.

Los tejemanejes del concejal 

Los hechos que fueron objeto de investigación se registraron en 2016. Desde hacía cuatro años, el Consorcio del Barrio de La Mina incoó multitud de expedientes de contratación para la licitación del servicio de vigilancia de las viviendas a distintas empresas que pertenecían o dependían del clan de Los Manolos. Sin embargo, una denuncia del Sindicato Independiente Profesional de Vigilancia y Servicios de Catalunya obligó en 2016 a contratar a una empresa que cumpliera con la actual ley de seguridad privada. 

Fue entonces cuando Juan Carlos Ramos (el concejal) y José Fernández Franco (administrador de otra empresa de seguridad) llegaron a un acuerdo con el tío Cristina y el empresario para que Visegurity apareciese como la mercantil a la que formalmente se le habían adjudicado las licitaciones. Sin embargo, la realidad era que el control y las vigilancias de esas 422 viviendas de protección oficial seguía en manos de Los Manolos. 

Cesado

Tras la ratificación del Supremo, el exconcejal del PSC Juan Carlos Ramos fue inhabilitado por un periodo de nueve años; el patrono, a siete años; y Amaya y Fernández Franco a dos años y tres meses al aplicárseles la atenuante de confesión. Dos meses después del fallo, en marzo de 2024, el administrador fue revocado de su cargo como administrador de Visegurity Express SL y en su lugar se nombró a una sustituta.