Las dos patronales sanitarias Anea y Aetrans ha tumbado el concurso de tranporte sanitario no urgente de Aragón. Las organizaciones empresariales han logrado que el tribunal de contratos de la autonomía frene la licitación, que tiene 60 millones de presupuesto y que renovará un contrato que ahora tiene la catalana Ambulancias Egara.
Según la resolución a la que ha accedido este medio, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) ha "suspendido" el procedimiento que inició el Servicio Aragonés de Salud. Lo hace atendiendo a las peticiones de las dos patronales, la mayoritaria y la que engloba a pymes.
Rentabilidad
El núcleo argumental de los recursos es la baja rentabilidad del contrato. De hecho, una de las patronales, Aetrans, asegura que de continuar con el procedimiento se incurriría en "una merma en la calidad de los servicios públicos y de su prestación".
Asimismo, el Tacpa ha valorado la referencia al "impacto económico" que ha elevado esta organización empresarial de pequeñas y medianas empresas de traslado de pacientes. Fuentes del sector han confirmado la "inviabilidad" de los pliegos en su configuración actual.
Egara, en solitario, sigue operándolo
Ante ello, el Tribunal paraliza la criba de empresas. Y la consecuencia directa es que el actual adjudicatario, la unión temporal de empresas (UTE) Transalud, sigue operando el servicio.
Cabe recordar que esta alianza la opera en solitario la catalana Ambulancias Egara desde que diera un golpe de estado en el comité de dirección, orillando a su socio, Ambulancias Maiz.
Dos polémicas
Desde entonces, Egara ha sido implicada formalmente --por medio de imputaciones a sus directivos-- en el caso 3% de presunta corrupción que se instruye en la Audiencia Nacional.
Y se ha establecido que un agente de policía de los Mossos d'Esquadra implicado en un supuesto caso de narcotráfico colaboró con la empresa.
Ronda de concursos
En cualquier caso, este lance se enmarca en la nueva ronda de renovación de las externalizaciones de transporte de pacientes en España.
De nuevo, desde el sector se pide a las administraciones que doten adecuadamente los contratos, a riesgo de provocar que no sean rentables e impactar en la operativa de los mismos.