Nuevo movimiento dentro del ecosistema de relaciones entre el ámbito político y empresarial. El exalcalde de Martorelles, Romuald Velasco, ha constituido la sociedad Tosca Real Estate para cumplir el objetivo de abrirse hueco en el sector inmobiliario. Concretamente, la empresa nace con la voluntad de realizar tareas de gestión y administración de la propiedad inmobiliaria. Hasta la actualidad, en los últimos nueve años, Velasco ha formado parte de Galzeran Assessors, una firma que ofrece asesoramiento para empresas en búsqueda de activos como suelos o locales y las tramitaciones pertinentes con las administraciones públicas.
El empresario fue máximo responsable de la población del Vallès Oriental entre los años 2009 y 2015 con el desaparecido partido municipalista Units per Martorelles. Esta formación nació en 2005 como una escisión de CiU. Durante su etapa de alcalde, Romuald Velasco protagonizó numerosas polémicas con sus antiguos compañeros de partido y, gracias a los pactos con ICV o ERC, entre otras formaciones, fue capaz de dejar al PSC y los convergentes en la oposición. El 31 de agosto de 2015, después de perder la alcaldía en favor del republicano Marc Candela, Velasco formalizó su renuncia al acta de regidor.
Caso de corrupción en la ACM
No es la única aventura inmobiliaria de un antiguo miembro de la familia CiU que se ha dado a conocer en las últimas semanas. El Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) del pasado 1 de agosto también recoge la constitución de Scabellum SL, una sociedad que nace en Vic (Osona) con la finalidad de gestionar la intermediación en operaciones de compraventa y arrendamiento de bienes inmuebles, el asesoramiento en materia inmobiliaria y la inversión en este mismo mercado.
El administrador único de la empresa es Xavier Solà, secretario general del departamento de Cultura durante parte del gobierno de Artur Mas. En el ámbito local, Solà también ha sido teniente de alcalde y responsable de Juventud, Cultura y Urbanismo en el consistorio de la capital de Osona.
Ahora bien, el nombre de Xavier Solà es conocido por su vinculación con un caso de malversación de fondos públicos y falsedad documental en la Associació Catalana de Municipis. En 2017, la Audiencia de Barcelona certificó que Solà obtuvo, de forma ilícita, 189.912 euros en calidad de asesor jurídico de la entidad municipalista.