El concierto de ERC hace evidente el agujero fiscal de la fuga de empresas en Cataluña

El pacto alcanzado en materia fiscal por ERC y el PSC para allanar el camino de la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat cuenta con un peculiar y paradójico reverso tenebroso para las filas del independentismo, que ya venden como un logro algo que, de consumarse, no hará sino poner de manifiesto el impacto nocivo del procés en la economía del territorio y, por ende, en sus ciudadanos.

Si finalmente el acuerdo sale adelante y se consuma la salida de Cataluña del régimen común para pasar a administrar y gestionar la totalidad de los impuestos, será inevitable que la Generalitat eche en falta las aportaciones de las más de 8.000 empresas, entre ellas grandes corporaciones, que establecieron su domicilio social fuera del territorio a raíz de los acontecimientos que se desataron en el otoño de 2017 en el entorno del procés.

Aquella deriva que incluyó la aprobación de las llamadas leyes de desconexión en el Parlament, la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre y la declaración unilateral de independencia de ocho segundos de duración finalizó con la intervención del Govern, entonces presidido por Carles Puigdemont, aún prófugo de la Justicia, en aplicación por parte del Gobierno del artículo 155 de la Constitución. 

Semanas después, la mayoría de las empresas de mayor tamaño fundadas y radicadas en Cataluña, entre ellas Caixabank y su primer accionista, Criteria; Naturgy, Abertis, Banco Sabadell, Inmobiliaria Colonial, Cellnex o Planeta aprobaron un histórico traslado de sede social para abandonar la comunidad autónoma, motivado principalmente por la falta de seguridad jurídica.

Ante el revuelo causado por estas decisiones en cadena, los partidos soberanistas se apresuraron a minimizar el impacto de estos traslados, bajo el argumento de que la principal aportación en materia fiscal, esto es, el impuesto de Sociedades, es de carácter estatal, por lo que su recaudación correría en cualquier caso a cargo de la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda.

En este sentido, dado que los centros de trabajo administrativo y de producción permanecerían en el territorio, las compañías seguirían tributando en él por su actividad. 

Efecto perverso

Además de que los hechos han demostrado la debilidad de este argumento, debido a los numerosos intangibles y derivadas de los traslados, el curso de la historia está a punto de hacer que ese discutible aserto no sólo se venga abajo con estrépito sino que, incluso, se vuelva en contra de aquellos que lo defendían.

Porque si finalmente el documento firmado en las últimas horas por ERC y PSC se plasma en la realidad, el impuesto de Sociedades sí pasará a ser recaudado de forma íntegra por la Generalitat. Y en el caso de esta figura tributaria, la localización de la sede social es la que determina en qué territorio se liquida.

En el caso de obtener la denominada "soberanía fiscal", la recaudación de Sociedades en Cataluña no iría a parar a la caja que regula el régimen común, sino que sería directamente ingresada por el Govern. Y debido a la fuga masiva de empresas, sería el régimen común el que siguiera recibiendo las aportaciones de las grandes corporaciones que decidieron establecerse en la Comunidad de Madrid (Colonial, Cellnex, Naturgy y Abertis), Comunidad Valenciana (Caixabank y Banco Sabadell), Baleares (Criteria Caixa) o Andalucía (Planeta), entre otras. 

Esta circunstancia se produce además en un momento en el que este tipo de compañías han dejado de considerar un eventual retorno a Cataluña como una posibilidad.

Durante los años inmediatamente posteriores a 2017, la cuestión seguía encima de la mesa, una vez que la situación volvió a una cierta estabilidad, e incluso algunas de estas grandes empresas llegaron a llevarlo a debate, aunque sin resultado positivo a favor de la vuelta.

El asunto volvió a la plena actualidad cuando precisamente la formación que lidera Puigdemont, JxCat, trató de negociar con el Gobierno central un marco normativo que obligara a las empresas que salieron de Cataluña en el contexto del procés a regresar al territorio.

Más de 1.500 millones anuales

Una iniciativa destinada al fracaso, toda vez que uno de los pilares básicos de la Unión Europea es el libre mercado y, en este marco, la libre circulación de capitales y establecimiento de empresas. 

De esta forma, la diáspora empresarial que en su día fue considerada prácticamente anecdótica por el independentismo tendrá como consecuencia que la Generalitat deje de ingresar anualmente entre 1.200 y 1.500 millones de euros en impuestos.