Societat Civil Catalana (SCC) ha expresado este jueves su rechazo al preacuerdo alcanzado entre ERC y el PSC para investir al candidato socialista Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat. La entidad constitucionalista advierte de que el pacto, que incluye el compromiso de otorgar un concierto económico a Cataluña y otras medidas como ampliar la imposición del catalán en todos los ámbitos de la vida pública, es "inconstitucional". Y recuerda que el PSC nunca pidió ni incluyó en su programa electoral prebendas como estas, ni otras como la amnistía del procés, razón por la cual sugiere a los socialistas que se repitan los comicios.
"Si la militancia de ERC avala mañana el preacuerdo de investidura con el PSC-PSOE, el socialista Salvador Illa llegará a la presidencia de la Generalitat encadenado a un texto inconstitucional de imposible cumplimiento que contempla la independencia fiscal de Cataluña a través de la recaudación del 100% de los impuestos en un modelo de concierto económico similar al del País Vasco y Navarra", señala el comunicado de Societat Civil, firmado por su junta directiva.
"Daño irreparable al Estado"
La entidad constitucionalista destaca además que, en caso de materializarse el acuerdo de ERC y PSC, ello "implicaría el derribo de la Agencia Tributaria en Cataluña, causando con ello un daño irreparable al armazón del Estado de las Autonomías y, en consecuencia, a la propia unidad de España. Certificaría, asimismo, el abandono institucional definitivo -tras la reciente aprobación de la ley de amnistía- del conjunto de los españoles, que dejarán de ser ciudadanos solidarios e iguales en derechos y oportunidades".
SCC apunta además que el acuerdo recoge también la creación de una Consejería de Política Lingüística en la Generalitat "para imponer el uso social del catalán" y designa una Convención Nacional que marcará “el camino hacia el referéndum”.
"Renuncian a los principios de solidaridad e igualdad"
"En total, 24 folios de exposición de un plan de ruptura inaceptable y contrario a la Constitución que afecta a todos los españoles", añade.
Societat Civil considera todas estas medidas una "nueva burla al conjunto del pueblo español" y expresa su "hartazgo", apuntando que PSC y ERC han renunciado con todo ello "a los principios de solidaridad e igualdad", y "revelan hasta dónde están dispuestos a llegar; unos, por gobernar a cualquier precio y, otros, por mantener una serie de sueldos y prebendas a cargo del erario público".
"El Gobierno negaba el concierto y la amnistía"
Asímismo, SCC considera "absolutamente falso" que el acuerdo nazca de “la voluntad de la ciudadanía expresada democráticamente”. "La ruptura del actual modelo de Estado no se incluyó en el programa electoral socialista. De hecho, miembros del Gobierno negaron reiterada y vehementemente un eventual concierto económico para Cataluña. Tal como sucedió con la ley de amnistía, de nuevo se ha traicionado la confianza de los ciudadanos, a quienes no se ha consultado, y cuyos votos se usan ahora como coartada para fines desleales y partidistas".
"Los acontecimientos del último año revelan que ejercer el poder se ha convertido en un fin para mantener a los fieles que viven de los partidos y no en un medio para mejorar la vida de los ciudadanos. El PSC-PSOE no ha firmado un preacuerdo: ha certificado su voluntad de acatar los postulados totalitarios y destructivos del nacionalismo, abandonando la defensa del bien común y la igualdad entre todos los ciudadanos residan donde residan", añade la nota.
Repetir elecciones para "votar con conocimiento de causa"
Societat Civil advierte a Illa de que el acatamiento de este pacto con ERC "le llevará a incumplir gravemente su obligación de gobernar para todos los catalanes. A cambio de 20 votos, estará refrendando la imposición de una parte de la ciudadanía, minoritaria, sobre la otra. Ni los indultos ni la amnistía ni este pacto se enmarcan en la voluntad de concordia, sino en la sumisión forzada de los ciudadanos no nacionalistas que vivimos en Cataluña".
Por todo ello, la entidad constitucionalista considera que la ciudadanía "debería ser convocada de nuevo a las urnas para votar con conocimiento de causa".