La ministra Rodríguez justifica la caída de la oferta de vivienda en Cataluña por el tope a los alquileres

Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno, ha justificado este jueves en Barcelona la pérdida de oferta de vivienda por el límite al alquiler habilitado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y aplicado en Cataluña, primera comunidad en ponerlo en marcha.

La dirigente socialista ha incidido en que "la retirada de viviendas del mercado del alquiler no es exclusiva de la vigencia" de la Ley de vivienda, sino que se venía produciéndose con anterioridad. Para asegurarlo, se ha remitido a "datos que demuestran que, desde 2019 a esta parte, ya se producía la retirada de viviendas de alojamientos residenciales para otros fines" como el turístico.

"Medidas excepcionales" para abandonar la tensión habitacional

En un diálogo organizado por el Círculo de Economía, que ha criticado recientemente la ley por sus efectos no deseados, Rodríguez ha recordado la "emergencia" habitacional que sufren las áreas tensionadas del país y la comunidad catalana. La ministra ha descrito el índice de referencia como "una de las medidas excepcionales" que las zonas con alquileres desbocados "requieren", pero "no es la única". Con ellas, pretende que "las zonas tensionadas dejen de serlo en un tiempo".

"Había índices de referencia con intereses privados y faltaba uno de carácter público, y creo que nos quedó uno adecuado", ha dicho sobre el mecanismo que permite la aplicación del tope al alquiler, regulación que ha provocado un encarecimiento de los precios y una menor oferta, han alertado expertos y portales inmobiliarios. A este respecto, ha llamado a analizar las consecuencias de la ley con una mayor vigencia de la misma para "trabajar con mayor rigor".

9% de vivienda pública con colaboración privada

Ante el lobby presidido por Jaume Guardiola, la ministra ha defendido la estrategia emprendida por el Gobierno de Pedro Sánchez en la materia. Este se ha marcado el objetivo de ampliar del 1,5% al 9% el parque de vivienda pública con una clara apuesta por la colaboración público-privada. De hecho, el apoyo de las administraciones sobre agentes privados y viceversa es la principal conclusión de la nota de opinión emitida por el Círculo de Economía esta semana.

Rodríguez ha aseverado que es "una firme creyente y practicante de la colaboración público-privada", la misma que sitúa en un papel fundamental para alcanzar las metas marcadas por el Ejecutivo. "Tenemos el prototipo para conseguirlo, con el programa 6, que preveía la creación de 20.000 viviendas sociales y hemos firmado convenios para 25.000, 5.000 de ellas en Cataluña", ha dicho sobre un proyecto que cuenta con fondos europeos y que debe ser una realidad en junio de 2026.

Así las cosas, la ministra ha defendido la movilización de mil millones de euros por parte del Gobierno, una inversión que "será mucho mayor con la aportación de las autonomías, los ayuntamientos y los agentes privados". También los avales ICO para hipotecas para jóvenes.

Sobre la inseguridad jurídica

Rodríguez también ha lamentado la falta de "compromiso de las comunidades autónomas" a la hora de desarrollar el texto legal para implementar, entre otros puntos, los instrumentos de garantía para los propietarios o los sistemas de arbitraje en casos de morosidad, descrita por la ministra como un problema "irrelevante".