Aragonès interviene por decreto el alquiler de temporada y de habitaciones en plena precampaña

La Generalitat de Cataluña anuncia un parche para corregir el fallido límite de alquiler. Cuando quedan menos de tres semanas para las elecciones autonómicas del 12 de mayo, el Govern autonómico ha aprobado intervenir de urgencia no solo el mercado de arrendamiento vivienda, una decisión que ya situó a la comunidad en una situación de excepcionalidad legal con respecto al resto de España, sino también el de habitaciones y el de temporada.

El Ejecutivo de Pere Aragonès ha vuelto a reconocer que el tope al alquiler ha provocado un incremento de precios en otras modalidades, algo que negaban los activistas de la vivienda a los que intentan contentar este tipo de normativas que el sector inmobiliario considera contraproducentes y populistas. Ante este análisis, el Consell Executiu ha aprobado este miércoles un nuevo decreto ley que regulará los "agujeros" que admite en el anterior texto legal, que sigue vigente.

"Se nos estaba escapando la vivienda"

Tras la reunión del Govern, la consellera Ester Capella ha asegurado que la norma viene a controlar los puntos "por donde se nos estaba escapando la vivienda que debe ir a uso permanente". Ha afirmado que para elaborar esta nueva iniciativa, la Administración se ha basado en datos del Incasòl, y ha constatado que existe -tal y como alertaban las empresas del sector- una "proliferación de alquileres mal llamados temporales".

Ha añadido que también se ha producido una "proliferación de alquileres de vivienda por habitaciones" y ha advertido que "no se puede permitir que se alquilen habitaciones por partes" para eludir el sistema de precios dictado por los políticos. La titular de Territorio no ha entrado en detalles sobre si hay algún motivo económico, más allá de las prisas preelectorales, que motive la necesidad de regular con prisas y con el Parlament disuelto.

Tope al alquiler de habitaciones

El marco legal actual ya impide que un piso se alquile bajo un contrato de temporada  (hasta 11 meses) cuando se trata en realidad de una vivienda habitual, es decir, el inquilino debe tener ya un domicilio y solo puede acogerse a esta modalidad para una necesidad temporal como cursar estudios en otra ciudad o seguir un tratamiento médico. Lo que cambiará, según ha especificado Capella, es que a partir de ahora se establecerá la "obligación" de "hacer constar en todos los contratos la causa" de esa temporalidad y se fijará "la presunción a favor siempre del arrendamiento permanente",  de forma que un contrato de media estancia que no indique este motivo, será considerado automáticamente de larga estancia.

En cuanto al alquiler por habitaciones, que hasta hora se regían por el Código Civil del siglo XIX, también se limitarán, pero solo en Cataluña, lo que puede provocar una fuga de la oferta, en este caso no ya a otras modalidades de vivienda, sino a otros territorios, puesto que este tipo de intervenciones reducen la rentabilidad de los inversores en vivienda y, en consecuencia, de las promotoras inmobiliarias, algunas de las cuales ya han reducido sus operaciones en Barcelona para centrarse en otras zonas como Madrid. Capella ha precisado que en las zonas que el Govern considera "mercado residencial tensionado", es decir, la región que abarca el 90% de la población catalana, la suma del precio de cada habitación en un mismo piso "no podrá superar nunca la renta máxima" dictada para un piso en particular.

Intervención a todos los mercados

Con este decreto, todas las modalidades de alquiler pasan a estar controladas por una ley reciente: a las habitaciones y los contratos de temporada se añaden los apartamentos turísticos y el arrendamiento de vivienda a largo plazo, que ya estaban regulados. De hecho, los propietarios y gestores de pisos de uso turístico ya reclaman a la Generalitat una indemnización ante lo que consideran una normativa expropiatoria.

La Asociación Turística de Apartamentos Costa Brava-Pirineu de Girona (ATA) ha cuantificado en 1.900 millones de euros las indemnizaciones que podrían pedir los titulares de licencias en esta zona por una regulación que se encuentra recurrida ante el Tribunal Constitucional y admitida a trámite. La patronal Federatur ya estimó que las compensaciones económicas a las que tendría que hacer frente la Generalitat por la invasión de competencias podría costarle medio millar de euros a cada catalán.