El Govern admite que su última intervención en el mercado de la vivienda tiene vacíos legales. "Las normativas de las que nos hemos dotado para frenar la escalada de precios del alquiler tienen puntos de fuga y, por tanto, tenemos que taponarlos", ha señalado Aragonès en su intervención", ha reconocido el president Pere Aragonès. en referencia al tope al alquiler, que solo aplica Cataluña al amparo de la ley de vivienda impulsada por el Gobierno central.
Este ha sido el motivo que ha dado el dirigente republicano para anunciar que "los alquileres de temporada los regularemos muy pronto, muy, muy pronto". Crónica Global ya avanzó que el Ejecutivo catalán estudiaba intervenir este mercado a pesar de tener el Parlament disuelto a las puertas de unas elecciones autonómicas, y posteriormente la consellera Ester Capella apuntó a una prohibición antes de los comicios.
Para impedir un fraude...
El presidente de la Generalitat y candidato de ERC ha afirmado que el Govern seguirá trabajando hasta el 12 de mayo en sus propuestas al no estar todavía en funciones. Unas declaraciones que ha hecho desde un coloquio organizado por la Taula del Tercer Sector en el Espai Línia de Barcelona.
En la que fue su primera comparecencia como consellera de Territorio en el Parlament, en julio de 2023, Capella ya anunció la intención del Ejecutivo catalán de regular estos alquileres para evitar su uso "fraudulento" y que se "burle" la ley estatal de vivienda, la norma que limita las subidas de las rentas. Esta norma ha permitido al Govern limitar los precios de las rentas en los municipios que abarcan el 90% de la población de Cataluña.
... que ya está prohibido
Ante la inseguridad jurídica generada por estos cambios, algunos propietarios buscan alternativas como el alquiler de temporada -el turístico ya fue regulado- o el de habitaciones, aunque la normativa actual ya impide el uso fraudulento de la modalidad de media estancia (11 meses) y protege, siempre que haya denuncia, a los inquilinos que en realidad tienen su único domicilio en ese inmueble. Es decir, el uso fraudulento que pretende impedir el Ejecutivo catalán ya lo prohíbe la legalidad actual.
Desde el activismo por el derecho a la vivienda, organizaciones como el Sindicat de Llogateres han asegurado que los cambios legislativos no han provocado que parte del mercado se desvíe al alquiler de temporada y ve solo una campaña de desinformación del sector inmobiliario. Sin embargo, fuentes jurídicas o los datos de Idealista apuntan a lo contrario.