Miguel Ángel Fraile, condenado a cuatro años de cárcel por desviar fondos de la Confederación del Comercio

Así lo ha dictado la Sección 3 de la Audiencia Provincial de Barcelona, que considera probado que Fraile, “faltando al más elemental deber de diligencia y plenamente consciente del riesgo que asumía”, dispuso de los depósitos de garantía de las academias de formación con las que colaboraba la CCC, pese a saber que no podía utilizarlos. Lo hizo, añade el auto, en beneficio propio y para tapar descubiertos de la tesorería derivados de su mala gestión.

Sin embargo, los esfuerzos del exsecretario fueron en vano y la entidad acabó en concurso de acreedores ahogada por una deuda de 2,6 millones de euros en 2016. Con ella, lastró a numerosas academias a las que nunca devolvió estos depósitos, que en algunos casos superaban los 100.000 euros.

Tenía que devolver los fondos 

Estos fondos procedentes de las arcas públicas suponían un porcentaje del total que la CCC pagaba a las academias por impartir los cursos. Durante meses o años, el dinero quedaba bloqueado en las cuentas de la entidad de forma que si durante una revisión por parte del ente público que había otorgado la ayuda se detectaba alguna incidencia, la CCC se comprometía a devolverle este importe o, al menos, una parte. De lo contrario, si las academias superaban las inspecciones con éxito, la CCC tenía que devolvérselo íntegramente.

Es decir, una vez se había abonado la totalidad de los cursos a estas academias, la CCC pedía un depósito de garantía (durante los primeros años del 25%, después de un 10% y finalmente del 5%), que la academia tenía que ingresar en un número de cuenta de la entidad y que posteriormente le sería devuelto. Sin embargo, las academias consultadas por este medio explicaron que “en 2016 el dinero desapareció”.

Sufragó gastos ajenos a la entidad

Así las cosas, la entidad no cumplió con sus obligaciones. La sentencia recoge que ni siquiera el propio Fraile negó durante el juicio que se produjeran traspasos de estos fondos, en teoría "indisponibles", a las cuentas de la tesorería general de la CCC o que se destinaran a fines diferentes a los previstos, como la constitución de avales o la inversión de fondos de bajo riesgo.

Asimismo, de los extractos bancarios recopilados por los investigadores de la Guardia Civil y la Policía Nacional se deduce que con estos fondos también “se cubrieron gastos que parecen ajenos a los ordinarios de la entidad”, como avanzó este medio. El tribunal subraya que, si bien son “poco significativos”, difícilmente pueden justificarse, pues algunos de ellos fueron pagos en tiendas de mascotas o pescaderías. 

Intentó tapar las deudas derivadas de su "mala gestión"

No obstante, el tribunal entiende que el grueso de estos fondos se destinó a cubrir las importantes pérdidas que la CCC acumulaba desde 2012 y que acabaron por llevarla a un concurso de acreedores en 2016.

La sentencia enfatiza que, si bien la defensa de Fraile ha intentado demostrar que él nunca tuvo intención de causar perjuicio a los centros de formación y que fueron los problemas en la tesorería de la CCC los que la llevaron a una quiebra "fortuita", el exsecretario general se gastó 244.000 euros mediante dos tarjetas de uso exclusivo cuando la entidad ya se encontraba en una situación crítica por la falta de liquidez.

Estos gastos, prosigue el auto, fueron registrados en la contabilidad como “tickets” con los que se petendía justificar dietas, desplazamientos, viajes y pagos en restaurantes (incluso después de haber sido despedido). Asimismo, pidió a la responsable de contabilidad que modificara “un poco” las cuentas para que los resultados fueran más favorables, lo que llevó a presentar informes frente a la Asamblea Directiva que no se correspondían con la realidad de las arcas de la entidad. 

También fue Fraile quien, ante la acuciante falta de liquidez, decidió traspasar los depósitos de garantía de los centros de formación, dinero del que sabía que no podía disponer porque tenía que ser devuelto a las academias, a la cuenta general de la CCC. 

Trató de irse con 30.000 euros

Incluso después de ser apartado de la entidad, tras detectarse múltiples irregularidades durante una auditoría, el ya exsecretario general presionó a la única responsable del Departamento Contable de la CCC para que trasfiriese 30.000 euros desde una cuenta de la entidad a su cuenta personal, aunque ésta se negó. De hecho, esta cantidad fue destinada finalmente al pago atrasado de los salarios de los trabajadores, que llevaban siete meses sin cobrar.

En aquel momento, sostiene el auto, Fraile ya era consciente de que su mala praxis había lastrado no sólo a la patronal sino a varias de las academias, que se vieron abocadas al cierre. 

La "pésima" gestión de Fraile

La sentencia remarca que uno de los peritos precisó durante la vista oral que la no devolución de los créditos de garantía no agravó la situación de insolvencia de la CCC, pues estas cantidades estaban en depósito y pertenecían a las academias, pero no formaban parte del activo de la entidad. El tribunal se ha basado en esta apreciación para descartar una condena por un delito de administración desleal, ilícito del que también estaba acusado. De hecho, la fiscalía pedía para él ocho años de cárcel, el doble de los que finalmente le han caído. 

Sin embargo, la basta prueba documental aportada durante el juicio ha permitido concluir que Fraile sí fue autor de un delito continuado de apropiación indebida, pues él fue el único responsable de la “pésima” gestión económica de la entidad y quien dispuso de las cantidades depostidas por los centros de formación “sin estar autorizado para ello”, puesto que tenía que devolverlas cuando se cumplieran las condiciones estipuladas. 

Las destinó a fines distintos a los previstos y, añade el tribunal, “no existe prueba que permita afirmar fuera de toda duda razonable que lo hizo en beneficio exclusivamente propio” y para cubrir los agujeros que la tesorería de la CCC sufría a causa de su mala gestión.

Su mujer, absuelta

Su mujer, Rosa María Serrano, directora del Departamento de Formación del CCC ha salido absuelta, a pesar de que durante el juicio algunos de los testigos declararon que era ella quien “cortaba el bacalao”.

La sentencia recoge que ella no constaba ni como titular ni como autorizada en las cuentas ni en las tarjetas de crédito utilizadas por Fraile y que de la prueba practicada tampoco se puede deducir que tuviese capacidad para disponer de las cuentas o devolver los depósitos de garantía a las academias.

Sin embargo, las acusaciones señalaban a Serrano como cooperadora necesaria por haber transmitido información falsa a los centros de formación sobre la situación de los expedientes. Según ellos, la mujer de Fraile les garantizó que sus fondos estaban a salvo, pues eran indisponibles y que las cuentas de la entidad estaban auditadas. Todo esto influyó en la reacción que tuvieron las academias, que confiaron en su palabra. Sin embargo, añade el tribunal, aun dando por cierto estos hechos, no es una prueba suficiente como para apuntalar su imputación.

30 años controlando la CCC

Sobre la autoría de Fraile, sentencia el auto, “no hay lugar a dudas”. Él era el único que tenía disponibilidad de las cuentas y quién llevó a cabo las operaciones de traspasos y transferencias encaminadas a disponer del dinero de forma indebida, como se desprende de la valoración de la prueba practicada durante el juicio, celebrado entre el cuatro y el nueve de marzo.

“Basta echar un vistazo al organigrama y atender a las declaraciones testificales de quienes trabajaban para la entidad para llegar a la conclusión de que Fraile fue durante más de 30 años quien ostentaba de forma exclusiva la administración y gestión del CCC”. 

Se beneficia de la lentitud de la justicia

Por estos hechos el tribunal ha acordado condenar a Fraile a cuatro años de prisión y una multa de 10 meses con una cuota diaria de seis euros. Asimismo, el exsecretario general de la CCC tendrá que indemnizar a las academias denunciantes, 10 en total, con 778.190,45 euros, el mismo importe que desvió de los fondos de garantía y que hace casi una década que tendría que haberles devuelto.

Precisamente por esto el tribunal le ha aplicado una atenuante de dilaciones indebidas, pues han transcurrido ya casi siete años desde que sucedieron los hecho. De hecho el auto hace referencia a “una dilatadísima instrucción que se inició en 2017 con la presentación de una querella y que no se fio por finalizada hasta 2020”. 

La sentencia no es firme

El exsecretario general ha sido condenado en la mitad inferior de la condena establecida para este delito, si bien el tribunal la ha elevado ligeramente teniendo en cuenta el tiempo durante el que se extendió su conducta y el número de perjudicados. 

La sentencia no es firme y contra ella cabe un recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.