La Generalitat abre la puerta a restringir el alquiler de temporada antes de las elecciones
- El nuevo tope a los precios de la vivienda ha disparado la oferta fraudulenta de contratos de media estancia
- El sector inmobilario alerta de que una regulación precipitada puede agravar aún más la falta de pisos
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Cuando apenas ha tenido tiempo para adaptarse al nuevo tope al alquiler de larga estancia y al decreto que restringe los apartamentos turísticos, el sector inmobiliario ya está en guardia ante la siguiente regulación que prepara la Generalitat de Cataluña: la de los alojamientos de temporada, con contratos que van de los 32 días a los 11 meses.
Antes del adelanto electoral autonómico, el Govern presidido por Pere Aragonès ofreció a los comunes -en el marco de la negociación presupuestaria- una normativa exprés sobre esta cuestión y, a menos de dos meses de los comicios, todavía no ha descartado la idea de legislar de urgencia a pesar de que el Ejecutivo está en funciones y el Parlament, disuelto.
Fuentes del sector recuerdan que el Govern catalán ha creado una comisión de estudio para abordar el alquiler de media estancia y que, si bien sería difícil apurar tanto los plazos como para dar a luz una regulación antes de la jornada electoral del 12 de mayo, nada es descartable teniendo en cuenta el historial de los últimos años en la Generalitat y el Gobierno, de los que critican la tendencia a legislar cada vez con más prisa y escuchando menos a las partes implicadas. De hecho, el propio Govern no ha descartado todavía la opción de apresurarse a gestar un decreto para limitar los contratos de vivienda de temporada: "Se está analizando", indican fuentes de la Consejería de Territorio de la Generalitat de Cataluña al ser consultadas sobre si estos cambios podrían llegar antes de la votación.
"Legislan a golpe de efecto"
A pesar de la inquietud generada acerca de este tema, en el sector inmobiliario no se niega la necesidad de regular los alquileres temporales, ya que se ha detectado un creciente uso fraudulento de este tipo de contratos, en especial a raíz de la limitación de precios de la ley de vivienda, que de momento sólo Cataluña ha puesto en vigor. "Es una vía de escape que están utilizando muchos propietarios. Yo no aconsejo en la mayoría de los casos, es fraude porque saben que en realidad es vivienda habitual", alerta Arantxa Goenaga, abogada y socia de Círculo Legal Barcelona.
Los caseros que optan por esta vía se enfrentan a sanciones elevadas y, en caso de impago, si los propietarios denuncian, el inquilino puede presentar una denuncia cruzada. Según la jurista, no se puede obviar la posibilidad de que el Govern intente precipitar una nueva regulación con fines electorales, ya que "legislan a golpe de efecto" y con "ideas disparatadas". Aún así, considera que "para la tramitación parlamentaria sí que no les dará tiempo" antes de las elecciones catalanas del 12M. Lo que es más: "Si es con motivo urgente, será impugnable y seguramente inconstitucional, porque no es urgente", subraya la abogada, que recuerda que estamos ante problemáticas que se remontan a hace años.
Sobrecargaría los juzgados
Por su parte, Marc Ollé, gerente de Ollé Bertran Holding y cofundador de la consultora Enlace, confirma que "ahora todo el mundo está obsesionado con el alquiler de temporada", aunque "poca gente sabe cómo funciona". "Solamente dura un año y debe tener un motivo de temporalidad real", como puede ser instalarse en Barcelona para estudiar un máster o recibir un tratamiento médico.
El problema es que en algunos casos el dueño plantea este tipo de contrato para usos no recogidos en esta modalidad y el inquilino lo acepta a pesar de que no debería hacerlo si no tiene una vivienda habitual.
En otras palabras, este tipo de alquiler es solamente para personas que ya tienen casa y tienen una necesidad puntual de alojamiento. Ollé recuerda que "las familias no saben adónde ir" y por eso acceden a firmar, pero "si están bien asesoradas, no se marcharán cuando acabe el contrato" e irán a juicio. "Es muy fácil convertirlo en alquiler habitual", señala.
¿Es viable jurídicamente?
Vicenç Hernández, consejero delegado de Tecnotramit y presidente de AIC y ANAI, considera "improbable" este escenario, aunque matiza que "en política, todo se puede hacer" y "por ganar el discurso electoral, cualquiera es capaz de hacer cualquier cosa". Añade que es "un tema muy electoralista que queda muy bien", lo que genera un riesgo de que se utilice como arma política en lugar de buscarse soluciones que pudiesen actuar de forma efectiva para poner fin a la escasez de pisos.
Hernández apunta al "fervor recaudatorio" del actual Ejecutivo y, al margen de si llegará antes o después de las elecciones, cree que el cambio legislativo "se acabará haciendo". Considera erróneo "llamar progresistas a los partidos de izquierda" que gobiernan actualmente, pues "las normativas que están sacando son más regresivas que progresivas". El directivo inmobiliario advierte que "el poder recaudatorio que hay en Cataluña, que es execrable, no tiene fin. Y si ellos ven que mediante esta medida pueden recaudar por multas, por penalizaciones, lo van a hacer, ya sea antes de la elección, si pueden, que habrá que ver si jurídicamente es viable, o si no, después".
Los activistas aprietan
Hay que tener en cuenta que, mientras que las nuevas leyes en materia de vivienda generan un rechazo prácticamente unánime en el sector inmobiliairo y la academia, despiertan más entusiasmo en el activismo por el derecho a la vivienda, que presionan para que las Administraciones intervengan aún más el mercado. Entidades como el Sindicat de Llogateres ya han manifestado que, si bien el índice de precios, que se prevé que reduzca en un 20% los alquileres de media, es "una herramienta", les parece insuficiente. "No nos podemos quedar aquí", afirmó Carme Arcarazo, portavoz de este grupo de inquilinos.
En una entrevista en el diario Público, la activista hizo hincapié en que "si sin ningún tipo de obstáculo puedes cambiar un piso de alquiler habitual a uno de alquiler de temporada o a uno de turístico estás creando un incentivo de fuga y una caída de la oferta, no tanto por la propia regulación como por el agujero que tiene", por lo que reclamó "tapar este agujero".
"La gente se va al alquiler de temporada porque obtiene más beneficios, porque no tiene un límite de precios. Si incluyes el alquiler de temporada dentro del alquiler habitual y haces que esté regido por el mismo tope de precios, ya hay menos incentivos para derivarlo. Se trata de equiparar las condiciones de alquiler habitual y alquiler de temporada", expresó.