Agustí Serra, director general de Ordenación del Territorio
Cataluña se expone a indemnizaciones millonarias por seguir los postulados de SOS Costa Brava
- Un alud de sentencias deja a la Generalitat al borde de los pagos con dinero público
- Los ecologistas, señalados como "autores intelectuales" del desastre judicial
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Cataluña se expone a pagar indemnizaciones millonarias por seguir los postulados de SOS Costa Brava respecto a la gestión urbanística de esta zona. La Generalitat tendrá que compensar a los propietarios de terrenos a los cuales ha frenado promociones por los litigios que han derivado de esta decisión. Por el momento, la balanza se decanta de cara a los intereses de los privados.
La última resolución contraria a los postulados del Govern se conoció ayer mismo. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) descartó que no se pueda construir en un total de 70 hectáreas de terreno situados en Cala Aiguafreda, en Begur (Girona). No es el único en este sentido.
Contenciosos abiertos contra el Govern
Fuentes conocedoras de los "50 contenciosos" que han aterrizado en la Sala de Lo Contencioso Administrativo del TSJC por este motivo detallan el sentido de los primeros fallos. Se trata de causas promovidas por propietarios de activos que están ubicados a lo largo de toda la Costa Brava que impugnan el plan director urbanístico (PDU) de revisión de suelos no sostenibles aprobado en 2021.
Por ahora, la hoja de ruta del Govern ha encajado cinco sentencias contrarias y tan sólo una favorable. Y, según fuentes jurídicas, "habrá más".
La clave: desclasificación de terrenos
Los fallos contrarios han anulado diversos artículos de la desclasificación de terrenos. Es decir, suelo en el que no se puede desarrollar ningún tipo de promoción. El Departamento de Territorio incluyó parcelas de este perfil en toda la Costa Brava en el PDU que es objeto de litigio. Las enumeró en artículos repartidos por municipios y decretó que estos terrenos, clasificados como urbanos --Aiguafreda lo fue en 1982, por ejemplo--, pasaban a ser rústicos.
Imagen de la Cala Aiguafreda, en Begur (Girona)
En total, se revisaron 166 sectores de suelo urbanizable y 35 ámbitos de terreno urbano. Según el Govern, se evitó la construcción de 15.000 viviendas.
Pisó las competencias municipales
Ese planeamiento tiene varios problemas que se han avalado en los tribunales. La invasión de competencias municipales sería el más evidente, rezan los mismos interlocutores. Y así lo indican las sentencias del TSJC contrarias al PDU, una de las últimas emitidas el pasado 1 de febrero y a la que ha tenido acceso este medio.
El fallo alerta de que Territorio "vulneró el principio de autonomía municipal". En otras palabras, el Govern "no puede dictar a un municipio la calificación que su Plan General de Ordenación debe dar a un sector de su territorio".
La sala Contenciosa del TSJC blinda de este modo las competencias de ayuntamientos y entes locales por encima de las pretensiones urbanísticas del Govern.
Los propietarios pueden reclamar
A esta pugna por las competencias se le suman las reclamaciones de los propietarios. El Tribunal Superior se centra en los planes anteriores como referencia para la ordenación urbanística de la costa de la provincia de Girona. Lo que era urbano entonces, considera que lo debe seguir siendo ahora.
Imagen aérea del puerto de Port de la Selva
Los propietarios "han pagado la tasa de basuras o el impuesto de bienes inmuebles (IBI) urbano a todos los efectos, y se han emitido licencias en relación a estas pastillas" durante más de 40 años. Pero el Govern decidió cambiar la naturaleza de los terrenos en 2021.
Con ello, la Administración autonómica ha impedido desarrollar proyectos inmobiliarios en estos sectores que ahora deberá enmendar. Además, la Generalitat se expone a tener que abonar las compensaciones de los propietarios, incluyendo el lucro cesante al impedirles edificar.
"Eran terrenos antiguos sin desarrollar"
Preguntado por la cuestión, la conselleria de Territorio se ha limitado a confirmar que recurrirá los varapalos del TSJC ante el Tribunal Supremo. Otros interlocutores jurídicos recuerdan que las sentencias que irán a casación "ya citan jurisprudencia del Supremo", por lo que consideran poco probable un cambio de parecer.
A este punto de partida se le suma que antiguos altos cargos de la Administración que conocieron la elaboración de la polémica norma aseguran que se seleccionaron los terrenos y ámbitos blindados que "llevaban 40 años sin actividad". Además, reivindican la necesidad de proteger la Costa Brava de la construcción excesiva.
La sombra de SOS Costa Brava
Es este argumento el que enmiendan los críticos. Alertan de que Territorio, en 2021, asumió las tesis de SOS Costa Brava, la plataforma ecologista contraria a diversos planes urbanísticos en esta franja litoral. De hecho, algunas peleas icónicas de SOS, como la de Cala Aiguafreda en Begur, terminaron incluidas en el PDU. Ahora, el TSJC ha anulado esos artículos.
Una protesta de SOS Costa Brava
Propietarios de la Costa Brava afean a los ecologistas "que sean los autores intelectuales de la norma, y ahora se escondan cuando puede haber indemnizaciones con dinero público". Y critican al Govern por "seguir los dictámenes ideológicos de SOS Costa Brava porque el entonces conseller, Damià Calvet (Junts), se postulaba como próximo candidato de Junts a president del Govern y necesitaba congraciarse con los ambientalistas de Girona".
Los autores, Agustí Serra y Rosa Vilella
Destacan que el reponsable político del descalabro del PDU, si finalmente se sustancia como indican los primeros fallos, será Damià Calvet, hoy concejal de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona. Otras fuentes jurídicas apuntan a dos altos cargos con participación más directa. El primero es Agustí Serra, director general de Ordenación de Territorio y, en aquel momento, número dos de la consejería. También es cercano a Junts.
La segunda es Roser Vilella, al subdirectora general de Estrategias Territoriales y de Conocimiento. A esta directiva del sector público, de hecho, se le atribuye "la redacción del plan urbanístico" hoy cuestionado por los tribunales. El PDU se pilotó a nivel de Secretaría General y, después, en la Dirección General de Ordenación del Territorio y Arquitectura, detallan.
Fue aquí, en este departamento, donde se ideó la noción de, por ejemplo, el "estado natural" de los terrenos en Aiguafreda para desclasificarlos. Ésta ha sido enmendada por los tribunales: esta cala tiene viales, 200 propiedades y servicios.
Eduard de Ribot, omnipresente
En esta ecuación, el portavoz y abogado de SOS Costa Brava, Eduard de Ribot, juega un rol importante. El letrado, cuyo hermano trabaja en el área jurídica de la Generalitat de Cataluña en Girona, se destacó como rostro visible del PDU. Se manifestó a favor del mismo, y lo defendió.
Eduard de Ribot, abogado y considerado uno de los autores intelectuales del PDU
Ahora, este medio le ha preguntado su opinión sobre la cadena de fallos contrarios del TSJC contra el PDU. No ha respondido. Es la segunda polémica que le rodea después del incremento de la facturación de su bufete-paraguas coincidiendo, en parte, desde que se creó la plataforma ecologista en 2018, tal y como explicó Crónica Global.
