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El Gobierno retrasa la puesta en marcha del índice de precios para topar el alquiler

  • La medida estrella de la ley de vivienda se publicará finalmente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 15 de marzo
  • La Generalitat ya ha solicitado su aplicación en 140 municipios, aunque también ha reclamado su propio índice territorial
12 marzo, 2024 14:41

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El índice de referencia de los alquileres, la medida estrella de la ley de vivienda, se publicará finalmente el próximo viernes, 15 de marzo. Pese a que la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) estaba prevista este martes, el Ejecutivo se ha dado unos días más para dar a conocer este indicador que se anunció por primera vez en junio de 2020.

Por el momento, Cataluña es la única comunidad que ha solicitado su aplicación en 140 zonas tensionadas, en las que vive el 80,6% de la población. Se trata de municipios del área metropolitana de Barcelona y las capitales de provincia o de comarca, donde viven 6,2 millones de personas.

Fase de consulta pública

El ministerio ha señalado que este martes finaliza el plazo de consulta pública sobre este sistema de rangos, mientras que durante el miércoles se responderá "a todas las consultas ciudadanas o institucionales".

El secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, firmará la resolución ese mismo miércoles para que el índice se publique en el BOE "a partir del 15 de marzo".

Para la regulación de las rentas en Cataluña, sin embargo, también se debe tramitar la citada declaración de zonas tensionadas, que se puede publicar ese mismo día.

Dudas del sector

Aunque la Generalitat anunció que presentaría alegaciones contra el índice al considerar que su propuesta reflejaba mejor la realidad de la autonomía, ha afirmado que aplicará la contención de las rentas en cuanto sea legalmente posible.

El Govern ha augurado que el tope al alquiler servirá para "equilibrar el mercado" y "moderar" los precios, que "no bajarán de golpe" según la consejera de Territorio, Ester Capella. Una visión contrapuesta a la de la mayoría de los operadores inmobiliarios, que consideran que el índice supondrá un freno al acceso a la vivienda.