Jordi Cazorla, consejero delegado de Celsa / CELSA GROUP

Jordi Cazorla, consejero delegado de Celsa / CELSA GROUP

Business

Los sindicatos de Celsa activan las alarmas ante eventuales desinversiones

La compañía ha encargado valoraciones de algunas divisiones internacionales, lo que ha hecho reaccionar a los representantes de los trabajadores, aunque la nueva dirección lo ha reducido a un mero ejercicio de exploración de activos

15 febrero, 2024 14:20

Noticias relacionadas

El encargo a Citi de una valoración de diversas filiales internacionales de Celsa a cargo de la nueva dirección del grupo ha hecho que se enciendan las alarmas en los sindicatos, que ya hablan del "comienzo del expolio" por parte de los accionistas que han tomado el control, mayoritariamente fondos de inversión internacionales, antaño los principales acreedores. 

Los representantes de los trabajadores han emitido un comunicado conjunto en el que acusan a los nuevos dueños de Celsa de marcar el camino de "ruptura con la actual estructura del grupo con la única pretensión de hacer caja e ir rentabilizando su inversión".

Intención exploradora 

La dirección de Celsa ha encargado al banco de inversión estadounidense la valoración de las filiales situadas en Polonia, Noruega y Reino Unido, que aportan aproximadamente el 50% del resultado operativo (Ebitda) de la siderúrgica, según han recordado los sindicatos en una nota en la que recuerdan que el compromiso pactado con el Gobierno para autorizar el cambio de control incluye el mantenimiento de la capacidad productiva.

La compañía sostiene que la valoración encomendada a Citi tiene por objeto principal "profundizar en el conocimiento y alternativas que ofrecen sus divisiones internacionales". "En ningún caso se ha tomado ninguna decisión concreta", ha añadido Celsa. 

Reunión con el Ministerio

No obstante, los representantes de los trabajadores han solicitado formalmente una reunión con el Ministerio de Industria para exigir al Gobierno el cumplimiento de los acuerdos. 

Los sindicatos también apremian a la entrada de un socio industrial de capital español que tome hasta un 20% del capital, uno de los puntos clave del acuerdo que ha permitido a los fondos obtener la autorización del Gobierno para el cambio de control.