El último informe del Consejo Asesor de Infraestructuras de Cataluña (CAdIC) vuelve a alertar sobre las deficiencias de la contratación pública en la comunidad. No es la primera vez que este organismo --integrado por ingenieros, contratistas y otros profesionales bajo el padrinazgo de Foment del Treball-- critica los problemas de la licitación pública, como atestigua un anterior documento de trabajo publicado en mayo de 2019.
Pero su más reciente toma de posición coincide con el reparto de los fondos europeos y una mayor preocupación por la sostenibilidad, dos circunstancias que obligan aún más a corregir los fallos del sistema. El primero de ellos: la falta real de colaboración público-privada entre empresas e instituciones.
Más planificación
"Es ridículo sacar a concurso una obra sabiendo que quedará desierta. En 2023, 1606 obras quedaron desiertas y no solo grandes, sino también pequeñas que afectan mucho a las entidades locales. Esto supone una pérdida de tiempo y dinero importante", ha lamentado del CAdIC en una rueda de prensa.
En el informe, los expertos abogan por una planificación a medio y largo plazo ajena al ciclo electoral y por introducir un sistema colaborativo de adjudicación. No se trata de sustituir al gestor público, sino de consensuar en común los pliegos técnicos.
Revisión de costes
Esta estrategia contractual permite alinear los intereses de los diferentes agentes implicados (promotor, constructor y proyectista) para que compartan de forma equitativa los riesgos y beneficios.
Estas mejoras normativas deben ir acompañadas de mayor control sobre la ejecución de los contratos y de fórmulas más agiles para revisar los precios ante incrementos de los costes directos de las materias primas, como ocurrió el año pasado a raíz de la escalada inflacionaria.