Los paraísos fiscales ya (no) están de moda: estas son las razones

Los paraísos fiscales ya no son lo que eran. Las llamadas jurisdicciones no colaborativas aportan cada vez menos beneficios a las empresas españolas, que ven como el trabajo global para poner en cintura estos enclaves lo está poniendo difícil a los territorios con fiscalidad amable. 

Es la tesis que desgrana Diego Cabezuela Sancho, socio y abogado del despacho Círculo Legal Madrid, que detalla que "estar en ellos [los paraísos] o relacionarse con ellos plantea para las empresas cada vez más riesgos". Es así, razona el abogado, porque un paraíso fiscal viene descrito por dos factores fundamentales. "La baja o nula tributación para los extranjeros, y el secreto bancario y la negativa a suministrar información a las autoridades financieras de otros países", enumera Cabezuela. 

Retroceso del secreto bancario

El letrado se detiene en este último punto. Es la causa matriz de por qué los paraísos están perdiendo raigambre. "Tanto el secreto bancario como la negativa a suministrar información se hallan en franco retroceso", alerta.

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A este respecto, el profesional recuerda que el punto de inflexión lo marcó Suiza, que levantó el velo en 2018. "Fue un hito histórico", subraya. 

Las listas como incentivo adverso

En relación a ello, hay un factor esencial que lleva a los países a abrir cada vez más sus registros mercantiles. "El sistema de listas negras y listas grises puesto en práctica por la OCDE, la UE --ver lista aquí-- y los países organizados, está cambiando considerablemente la predisposición de los países-paraíso", razona Cabezuela.

Estar en la diana supone una "rémora en el comercio internacional", por lo que escapar de ella se antoja clave. Eso sí, los gobiernos no lo tienen fácil. "Son países que tienen en su industria fiscal su principal fuente de ingresos y de inversión financiera". 

Las empresas patrias lo tienen complicado

En este sentido, a las empresas españolas se les presenta una decisión. Acogerse a un régimen tributario perseguido por la Financial Action Task Force (FATF-Gafi) y sus temibles evaluaciones, o quedarse en el país. 

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La primera opción, advierte el letrado de Círculo Legal, tiene cada vez más contras. "Los ingresos obtenidos en paraísos pueden ser sumados por la Agencia Tributaria a las bases imponibles españolas si no hay una actividad real o en el país paraíso que justifique esa deslocalización". "Los gastos o pagos realizados en un paraíso cuentan con grandes posibilidades de no poder ser deducibles --prosigue Cabezuela--". Sin contar que la Ley del Impuesto de Sociedades contempla "deducciones y desincentivos fiscales" a movimientos económicos hechos en los paraísos. 

Ojo a la ley antiblanqueo

Hay otro motivo, y es de peso. "Desde el punto de vista de las obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales, la relación con paraísos dispara todas las alertas", explica el abogado.

Así, operaciones en territorios opacos "activan las obligaciones de diligencia reforzada del operador español, le imponen un probable examen especial de la operación, y, eventualmente, la obligación legal de rechazarlas si la contraparte no le ofrece una transparencia absoluta". 

El 'compliance' para contratar con las AA.PP

En el mismo sentido, las empresas han ido adoptando programas de cumplimiento o compliance. Para reforzar sus buenas prácticas, sí, pero también para poder optar a contratos con las Administraciones públicas. Se trata de una estrategia de conozca a su cliente, una suerte de due diligence suave para dar el visto bueno a las relaciones contratante-proveedor. 

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"Y sin una información transparente sobre sus cuentas, estructura y titularidad real, difícilmente pueden abordarse relaciones seguras con una empresa radicada en un paraíso", recuerda Cabezuela a este respecto. 

El futuro será peor

Así las cosas, las firmas nacionales solo pueden esperar mayor persecución de los enclaves discretos en un futuro. ¿Cómo? "Por una parte, la opción de no reconocerles personalidad jurídica en el país de que se trate --por ejemplo, en España--, una opción que toma cuerpo y está en todos los debates", desgrana el letrado. 

"También la de prohibir contratar con la Administración y recibir subvenciones; no solo, naturalmente, a las empresas radicadas en paraísos, sino también a los operadores españoles que se relacionen con ellas", añade el socio de Círculo Legal. 

Esta es una vía que están adoptando cada vez más ayuntamientos. El de Barcelona lo hizo en 2016 por medio de decreto de alcaldía, como explicó este medio.