La Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) ha lanzado una advertencia contundente al Govern respecto al Decreto Ley de medidas urgentes sobre el régimen urbanístico de las viviendas de uso turístico. Avala la tramitación de la normativa, pero advierte de que la propuesta que está en el Parlament, que incluye “el régimen de licencia urbanística previa, con las características que se establecen”, “no supera el análisis de necesidad y proporcionalidad, inherente a la buena regulación del mercado”.
Así lo indica el informe en profundidad sobre la iniciativa. Señala que la “regulación impuesta [en el decreto ley] con el objetivo de incrementar la oferta de vivienda y contribuir a revertir el problema de acceso a la vivienda permanente en Cataluña que prevé no es apropiada para garantizar la consecución de estos objetivos”. Es decir, facilitar el acceso a la vivienda habitual.
Alternativas para conseguir más vivienda
Competencia asegura que “existen medidas menos distorsionadoras que permiten alcanzar el objetivo de incrementar la oferta de vivienda sin incurrir en un perjuicio a las economías locales económicamente dependientes del sector terciario asociado al turismo”. Incluso propone alternativas para que sean los propietarios de los inmuebles los que decidan destinar las viviendas al alquiler, como el “establecimiento de determinados estímulos fiscales”.
Señala que esta sería una “alternativa más proporcionada y menos distorsionadora de la competencia que la restricción que se impone a la actividad de viviendas de uso turístico” detallada en la redacción de la norma.
Afinar la regulación
La ACCO sí reconoce la “existencia de un interés general legítimo” por parte del Govern para lanzar “acciones legislativas y ejecutivas” para lanzar políticas de vivienda propias. Todo ello, con el objetivo de mitigar la falta de inmuebles y el alto precio tanto de alquiler como de compra que dificulta el acceso, especialmente en los municipios con mayor actividad económica.
Con todo, reconoce que el redactado inicial del decreto ley impone restricciones a la libre competencia del mercado que no son pertinentes. Asimismo, reclama entre líneas que se tenga en cuenta esta valoración a la hora de tramitar la normativa en el Parlament.
Tramitación en el Parlament
Cabe tener en cuenta que el decreto ley aún no está en aplicación. Ni siquiera se ha aprobado y el Govern está obligado a buscar más apoyos en el hemiciclo catalán para llevarlo a buen puerto, ya que ERC sólo cuenta con los 33 votos de sus diputados.
Por ahora, PSC ya ha advertido de que intentará transaccionar cambios para evitar el café para todos que brinda la propuesta republicana y exige más poder para los municipios a la hora de regular qué cantidad de su parque de vivienda destina al alquiler turístico según las necesidades específicas de cada zona. Cuestiones todas ellas que no avala ni Comunes ni la CUP, mucho más restrictivos (en línea con la iniciativa de ERC).
En cuanto a Junts, mira con recelo la propuesta; mientras que PP y Vox ya han avanzado con más o menos énfasis su rechazo.
Críticas de la patronal
La primera reacción al informe detallado de Competencia ha llegado de la Federación Catalana de Apartamentos Turísticos (Federatur). La patronal ha exigido “más rigor” al Govern para impulsar una regulación que sea de verdad eficiente.
Señalan el apartado del documento de la ACCO en que se indica que las restricciones que impone el decreto ley en tramitación pueden comportar “en el caso más extremo, la desaparición total y absoluta de esta modalidad de alojamiento” en algunos municipios. O, lo que es lo mismo, un golpe fatal para la economía de determinadas zonas.
El presidente de Federatur, David Riba, manifiesta en el mismo comunicados que los datos del estudio "demuestran que la regulación que pretende el Govern es un abuso que pone en peligro a miles de pequeñas y medianas empresas".