Desahucio en Celsa: los Rubiralta juegan la carta del apoyo político

La sentencia del juzgado de lo mercantil número 2 de Barcelona que homologa el plan de reestructuración de la mayoría acreedora de Celsa ha dejado a la familia Rubiralta, accionista del grupo siderúrgico, en una situación límite. Hasta el punto de que sus últimas opciones para revertir el escenario y conservar la propiedad pasan por la vía política y por apelar al mantenimiento de los empleos, además de dibujar un escenario prácticamente de desahucio. 

El fallo de la instancia dictado por su titular, Álvaro Lobato, no deja resquicio alguno a prolongar la actual situación por vía judicial, dado que contra la sentencia no cabe recurso.

Fin a la judicialización

El visto bueno al plan de reestructuración de los acreedores que lo presentaron, en su mayoría fondos de inversión internacionales que adquirieron la deuda a la banca con elevados descuentos, contempla la capitalización de buena parte de este pasivo a través de una maniobra simultánea de reducción y ampliación de capital (lo que se conoce en el argot financiero como "operación acordeón"). 

De esta forma, los acreedores pasarán a ser socios de la compañía, en detrimento de los actuales, que ven como la estrategia llevada a cabo hasta ahora de judicializar los sucesivos incumplimientos de los compromisos de deuda ha llegado a su punto final.

El cercano precedente

Se trata de la primera decisión judicial de calado que se dicta bajo el precepto de la nueva Ley Concursal, derivada de la transposición de la directiva europea acerca de la materia que persigue, entre otros objetivos, agilizar los trámites para fomentar que las empresas en situaciones financieras delicadas prosigan en funcionamiento.

En este escenario, los Rubiralta explotarán una opción política que ya les dio algunos resultados positivos en el pasado cercano, cuando el futuro de la compañía pasaba por un rescate público, a través del fondo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). No terminaba de llegar debido a los notables desencuentros entre los propietarios de Celsa y los tenedores de la deuda y esta baza desbloqueó la operación.

Más de 24 horas después de conocerse el fallo judicial, la famila fundadora de Celsa ha emitido un comunicado en el que deja claro que cuenta con el apoyo de los diferentes grupos de interés, entre los que menciona a las Administraciones Públicas, las patronales y los sindicatos. 

Precisamente, fueron estos grupos los que se movilizaron durante el referido compás de espera de las ayudas públicas. Uno de los más activos fue la Generalitat de Cataluña, que manifestó su apoyo a la empresa y su compromiso con los puestos de trabajo que consideraba en peligro ante un eventual cambio de propiedad.

Gobiernos autonómicos

El apoyo del Govern se escenificó incluso con una visita del conseller de Empresa, Roger Torrent, a las instalaciones de Celsa. 

Otros gobiernos de comunidades autónomas en las que está presente la compañía con centros de trabajo se manifestaron en similares términos, como fueron los casos de Euskadi y Cantabria, en declaraciones en las que no faltaron incluso ataques a los fondos acreedores y veladas acusaciones de poner los intereses económicos y de rentabilidad por encima de la conservación del empleo y la continuidad de la empresa.

En la calle, los trabajadores organizaron manifestaciones, la más sonada de las cuales se llevó a cabo en Barcelona, donde se registraron algunos incidentes, que incluyeron la vandalización de sucursales de Deutsche Bank, entidad relacionada con alguno de los fondos acreedores.

Estos movimientos llegaron incluso a las más altas cotas políticas. Trascendió que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (en funciones desde las elecciones del pasado 23 de julio), telefoneó al máximo responsable del banco alemán para pedirle que suavizara su postura respecto a Celsa, aunque Deutsche Bank no estaba directamente implicado en este asunto.

La baza del Gobierno

En este caso, poco después de que se conociera el comunicado de Celsa, el Govern se ha pronunciado tras la celebración del Consell Executiu y ha realizado un llamamiento público a las partes para que velen por la continuidad de la compañía y el mantenimiento del empleo.

En el Gobierno central puede estar una de las últimas bazas de los Rubiralta, toda vez que Celsa sostiene que deberá ser el Consejo de Ministros el que autorice la operación, en virtud de la Ley 19/2003 que faculta al Ejecutivo para vetar o condicionar operaciones que supongan la adquisición por parte de inversores extranjeros de más de un 10% del capital de una empresa considerada estratégica.

Aunque se trata de un extremo que no está claro, los fondos cuentan a su favor con determinadas apreciaciones que al respecto hizo el juez Lobato en la sentencia; además de hacer explícito que su decisión no iba a estar condicionada por esta facultad del Gobierno, el magistrado señala en el fallo que en todo caso debe darse una situación de excepcionalidad que justifique "la aplicación de medidas extraordinariamente proteccionistas derogatorias del régimen de libre competencia".

En circunstancias normales se dictará en tiempo y forma una orden de ejecución judicial que articulará el cambio de control de la compañía, que se realizará por parte del secretario judicial. 

Procedimiento

Fuentes de este ámbito señalaron a Crónica Global que en el caso de que se produjera algún tipo de incidente o disturbio en la calle, se desplegaría un dispositivo de seguridad pero, en cualquier caso, fuera de la instalaciones de Celsa, siempre en la vía pública. 

Un eventual clima de tensión que, por ahora, no se percibe, pero que podría reproducirse, como en las vísperas del rescate público si el ruido político va en aumento conforme se aproxime la fecha del traspaso de poderes en la empresa.