En Cataluña se ha construido más de 200.000 viviendas de protección oficial en los últimos 30 años. Un hito que se debe a que en algunos años se llegaron a iniciar 20.000 unidades, unas cifras que actualmente quedan lejos y que "habría que recuperar de forma inmediata para dar respuesta a la necesidad" de nuevos hogares, según un nuevo estudio de la cátedra Habitatge i Futur de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y la Asociación de Promotores y Constructores de Cataluña (APCE).
El informe analiza la promoción de vivienda en los planes estatales y los fondos Next Generation y asegura que la colaboración público-privada es la única vía que permite alcanzar el ritmo de construcción necesario. De hecho, en los últimos diez años, entre un 60% y un 80% de pisos protegidos fue impulsada por los promotores privados.
Falta inversión
El policy brief, presentado este miércoles, ha sido eleaborado por José Garcia Montalvo, catedrático y director del departamento de Economía de la UPF, Josep Maria Raya, director de la cátedra, y Carles Sala, doctor en Derecho. En la presentación ha intervenido además Josep Maria Sentís, tesorero y miembro del Comité Ejecutivo de APCE.
Josep Maria Sentís, Josep Maria Raya, y Carles Sala en la presentación del estudio de UPF y APCE
El documento destaca que la eliminación de ciertas políticas fiscales en la adquisición y arrendamiento de vivienda brindó un ahorro a las Administraciones que no se ha utilizado para financiar políticas de acción directa en esta materia. Tampoco para desplegar medidas alternativas para incentivar el régimen de la promoción de alquiler.
El impulso de los Next Generation
Por otro lado, se incide en que los fondos Next Generation han supuesto un punto de inflexión para el sector. Uno de sus objetivos es promover la construcción de vivienda social en edificios energéticamente eficientes en suelo público mediante ayudas económicas o subvenciones.
A pesar del potencial del plan estatal de vivienda 2022-2025 y de los fondos Next Generation, que contemplan subvenciones de hasta 700 euros por metro cuadrado, el estudio alerta de que la promoción de estos inmuebles puede ser inviable si no se conciertan líneas de préstamos subvencionados. De hecho, el INE y el plan territorial sectorial de vivienda proyectan 15.000 viviendas asequibles promovidas por año con el apoyo de la Administración pública, un número que dista mucho de la producción de la última década.