Quince millones frenan la llegada del hotel-insignia o flagship de Meliá Hotels International a Barcelona. Es la diferencia entre lo que pide Fairmont, actual explotador del hotel Juan Carlos I, y lo que ofrece Tyrus Capital, su nuevo propietario, que tiene atado al grupo balear como nuevo explotador.
El pulso se sustanció ayer en un juicio de alto voltaje en el juzgado de lo Mercantil número 11 de Barcelona. En una Ciudad de la Justicia semidesierta por la cercanía de la primera operación salida de verano se dirimió una vista tensa, con abogados de primer nivel, peritos de solvencia contrastada, primeros ejecutivos de la multinacional francesa Accor y directivos de los fondos de inversión.
Fue muy compleja y duró de nueve de la mañana a tres de la tarde. En este lapso de tiempo se expusieron argumentos de todo tipo sobre por qué el Juan Carlos I debe gestionarlo o bien Fairmont o Meliá. Pero lo mollar se concentra en una diferencia de 15 millones de euros.
Fairmont pide 19 millones; la propiedad ofrece cuatro
Esa cantidad es la base del litigio de altos vuelos. Fairmont, la mejor marca de Accor, pide 19,2 millones de euros como pago por marcharse del resort urbano barcelonés antes de tiempo. Tenía contrato hasta 2039, pero el alojamiento entró en concurso de acreedores, buscó a un nuevo explotador y lo halló en Meliá. Ahora está fuera de la gestión, pero exige que se cumpla el contrato que firmó. O, de lo contrario, que se le indemnice.
El 'hall' del Juan Carlos I de Barcelona, que se disputan Fairmont y Meliá / CG
Para convencer al juez, Fairmont presentó ayer un dictamen pericial elaborado por el despacho Mazars que subrayaba el dinero que dejó de ingresar. La otra parte no le fue a la zaga. Tyrus Capital se apoyó en otro informe contrario redactado por Baker Tilly en el que sostiene que la rescisión del contrato es adecuada por la situación concursal en la que se encontraba la empresa. Y que si cabe indemnización, ésta debe ser de apenas cuatro millones de euros.
El pleito distrae a Meliá
El antiguo explotador y el nuevo propietario chocan por 15 millones de euros. Y el gran proyecto de Meliá en Barcelona está ensombrecido por la incertidumbre del pleito. Porque si el juzgado de lo Mercantil número 11 falla a favor del nuevo dueño, la cadena canadiense podría recurrir. Así procederá con el convenio de acreedores, que llevará a la Audiencia Provincial de Barcelona. La batalla se prevé larga, aunque el magistrado José María Fernández Seijo, titular de la sala Mercantil 11, ha prometido emitir la resolución la próxima semana, antes del parón judicial de agosto.
Mientras no sale a la luz, Meliá se afana en poner a punto el que será su buque insignia en la capital catalana. La cadena que dirige Gabriel Escarrer como presidente ejecutivo opera siete activos en la segunda mayor ciudad española, con grandes piezas como el Level Meliá y Meliá Sky, en el distrito 22@. Ninguno de ellos es comparable a lo que será el Juan Carlos I, que rebautizará como Miranda de Pedralbes. En 2021, estrenó el ME by Meliá Barcelona, su última aportación de lujo al tejido alojativo de Barcelona.
Barcelona, pendiente
Pero el Juan Carlos I será diferente. Cuenta con más de 400 habitaciones y unas 30 suites. Está reformado desde 2015, por lo que la puesta a punto se antoja sencilla, pese al tamaño del activo. Cuenta con los alojamientos, un spa, unos poblados jardines y el Palau de Congressos de Catalunya, sito a pie de la avenida Diagonal, con capacidad para 2.000 asistentes y uno de los sitios de referencia de encuentros de la industria MICE. El conjunto es colosal, y es mucho más de lo que jamás ha podido tener la cadena balear en la capital catalana. Por eso, el hotel será su flagship.
Gabriel Escarrer, consejero delegado y presidente de Meliá
De forma global, la ciudad otea con sorpresa al pleito, pendiente de cuándo reabrirá el único cinco estrellas gran lujo que permanece cerrado desde 2020. Tres años en blanco en el Juan Carlos I han dejado a unos 300 trabajadores en el alero, y a Barcelona, sin parte de su oferta hotelera de nivel, algo que vienen demandando los operadores turísticos.