Los Rubiralta pasan al ataque contra unos fondos que ya hablan de la quiebra de Celsa

Los fondos que tienen en sus manos la abultada deuda de Celsa pasan a la ofensiva en su batalla legal contra los Rubiralta, actuales socios mayoritarios, por el control de la acerera. En el arranque del juicio que se dirime en el juzgado Mercantil 2 de Barcelona, fue la dirección la que acusó a los acreedores de querer llevar a la compañía al "desastre", mientras que los inversores internacionales estuvieron a la defensiva y se limitaron a afirmar que si se hacen con el accionariado, mantendrán el empleo y la actividad industrial, ante las acusaciones de que planean desguazar la organización para venderla por partes.

Francesc Rubiralta Rubió, presidente del grupo Celsa / CG

En la segunda sesión, los fondos trataron de adoptar una posición más beligerante para romper este dilema que dibujan los socios. Para los acreedores, no se trata de una disyuntiva entre la actual gestión o el desastre, sino entre el control de los fondos o la quiebra a la que indican que se encamina el grupo. La necesidad de entrar en un concurso de acreedores por los problemas en devolver la deuda emergió por primera vez desde que arrancó el juicio en la sala. 

Fondos o quiebra

En este escenario, el plan de reestructuración con el que esperan la bendición del juez Álvaro Lobato supone "la única alternativa capaz de asegurar la viabilidad del grupo en el corto y en el medio plazo y evitar la quiebra". Así lo indica el comunicado emitido en el que aseguran que el grupo siderúrgico ha acumulado una deuda pendiente de casi 3.000 millones de euros con sus acreedores y reiteran su compromiso con la viabilidad del grupo y la "conservación de empleos" en caso de que puedan tomar las riendas de la empresa.

En el proceso en curso para determinar si la familia Rubiralta debe mantener el control del grupo o si debe pasar a manos de los acreedores, los representantes de los fondos garantizaron un consejo de administración independiente en la compañía. Sin embargo, el vicepresidente de Celsa, Francesc Mesegué, advirtió durante la audiencia de que el plan de reestructuración presentado "no asegura la viabilidad de la compañía", sino que la sumiría en "una incertidumbre que podría llevar al desastre". Y esto es, precismente, lo que han intentado enmendar en la sala. 

Ciutat de la Justícia de Barcelona DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

Celsa intenta desacreditar la valoración

La representación legal de los socios actuales ha tratado de desacreditar la valoración independiente de la compañía emitida por Lexaudit, una de las claves del contencioso. Desde la firma, Teresa Corrales y Josep Maymí han justificado el método de cálculo de sus proyecciones. Han señalado que las previsiones internas del grupo no eran fiables y que por ello optaron por tener en cuenta los márgenes actuales de la empresa y la evolución de precios que se prevé en el sector.

Todo ello, sin aproximarse a nadie de la cúpula o del consejo de administración, cuestión que la actual dirección de la principal siderúrgica de España también usa por invalidar un análisis que va en contra de sus intereses, ya que rebaja hasta un mínimo de 2.400 millones el valor de Celsa. Es decir, casi el mismo importe que la deuda que arrastra y que acercaría al grupo a una quiebra virtual. 

Los intereses de Lexaudit

Este escenario contrasta con el descrito por la consultora contratada por la familia Rubiralta, Lazard, presentó un informe que valoró la siderúrgica en unos 6.000 millones de euros. Pedro Pasquín y José María Jauregui, dos financieros que representaron a esta firma, aseguraron al juez del Mercantil 2 de Barcelona que cualquier valoración que se haga sin interactuar con el equipo directivo de una empresa es "de baja calidad". 

Además, desde el entorno del grupo remarcaron que los representantes de Lexaudit reconocieron en el juzgado que, en el caso de que su plan de reestructuración sea homologado en el proceso, se encargarán de su ejecución. La firma será el responsable de cesar al actual equipo directivo y extender nuevos contratos de deuda, incluso se apuntó a que, por este cometido, prodría llevarse una retribución superior a los 25 millones. Cuestiones todas ellas que pondrían en duda su imparcialidad en el proceso, otra de las bazas que usan los Rubiralta a su favor. 

El Govern arropa a los Rubiralta

Fuera de la Ciutat de la Justícia, la actual propiedad de Clesa recibió un balón de oxígeno desde el Palau de la Generalitat. La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, reafirmó en la rueda de prensa tras el encuentro del Consejo Ejecutivo de los martes que defendían el actual proyecto industrial de Celsa ante "cualquier amenaza que quiera imponer criterios extractores del valor industrial. La compañía es estratégica para la economía y para el conjunto del país", sentenció.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en el Parlament Kike Rincón - EUROPA PRESS

Los testigos seguirán su desfile ante el juez Lobato a lo largo del día de hoy y hasta el viernes. Los representantes legales de ambas partes, Cortés Abogados por parte de Celsa y Gómez-Acebo & Pombo, Latham & Watkins y Cuatrecasas por parte de los acreedorees, presentarán sus conclusiones el martes 11 de julio.