La revolución agrovoltaica

A principios de siglo llegó la invasión de gigantescos aerogeneradores en las Castillas y buena parte de la llamada España vacía, Andalucía, La Rioja y hasta Galicia y Cataluña. Ahora ha venido para quedarse la plaga de megaparques solares. Según autorizaciones oficiales, ya ocupan más de 50.000 hectáreas, equivalentes a otros tantos campos de fútbol.

El paisaje ha dado un cambiazo. Donde antes se recolectaban cereales, uvas o aceitunas ahora se siembran paneles, donde pastaban cabras y ovejas se ordeña al sol, y un mar de espejos brilla hasta donde alcanza la vista por campos de Don Quijote, Azorín, Machado y sus compadres del 98.

Trigo o paneles

Los promotores de esta revolución agrovoltaica planean llevarla incluso mediante bloques flotantes a embalses y pantanos. “El campo ya no es rentable. Y mucho menos con esta cruel sequía.  Se ha llegado al punto entre agricultores y propietarios de tierras de tener que elegir entre sembrar trigo o plantar paneles solares. Lo segundo es, aunque polémico, mucho más rentable”, asegura Luis Miguel Moreno, arquitecto de una puntera empresa volcada en estos desarrollos.

Los promotores cuentan con el apoyo del Gobierno, lanzado en la carrera de las renovables. En su programa ecológico o de desarrollo sostenible en los últimos cinco años ha dado luz verde a centenares de plantas fotovoltaicas, además de las eólicas. El objetivo es, aprovechando la posición geoestratégica de España y su clima soleado, sobrepasar el umbral de la sostenibilidad para 2030.

Rebaño de ovejas junto a unas placas solares JUNTA DE EXTREMADURA EUROPA PRESS

Competición autonómica

Los boletines oficiales de Castilla y León y Castilla-La Mancha parecen competir en qué comunidad aprueba un proyecto de mayores proporciones. En las comarcas leonesas del Bierzo, Maragatería, La Cepeda y Órbigo ya superan las 1.000 hectáreas y el millón de paneles. La superficie ocupada en Burgos, buena parte dedica al cultivo de cereal, ronda las 2.500.

Solo en la Alcarria Alta de Guadalajara hay ya más de 3.000 hectáreas instaladas o aprobadas. En Almadrones, famoso por su mítico Hotel-Área 103 en la carretera N-II, Iberdrola está construyendo dos megaplantas con 140.000 módulos. Se suman a otros proyectos de la empresa en pueblos de la ribera de los ríos Tajo y Tajuña, de Cuenca, Puertollano (Ciudad Real) y Méntrida (Toledo), donde cientos de personas viven todavía de la agricultura, la ganadería o el turismo.

La rentabilidad, primero

La baja densidad de población en estas comarcas y en otras de Extremadura y Aragón favorece la escasa contestación. Los ecologistas se oponen desde las capitales a un modelo sin participación ciudadana ni planificación donde prima el criterio de la rentabilidad económica. Alertan de la depredación del territorio y del paisaje, desfavorable para el turismo, y la grave amenaza para las aves esteparias en peligro de extinción.

La asociación Alianza, Energía y Territorio (Aliente), de ámbito nacional, asegura que hay suficientes superficies antropizadas o terrenos degradados (vertederos, escombreras, minas abandonadas y zonas aledañas a autovías, autopistas y vías férreas) para instalar una potencia fotovoltaica y cumplir el objetivo de los 200 gigavatios de generación eléctrica renovable para 2050. “No es necesario –advierte— sacrificar zonas agrícolas, forestales y paisajes solo por el interés de grandes empresas”.

Agrovoltaica en Totana (Murcia) ENDESA EUROPA PRESS

Concesiones a 40 años

Llegar a acuerdos con los propietarios de tierras es sencillo y rápido: basta con ofrecerles por encima del precio de mercado. “Por las tierras de mi padre nos pagan una renta de 90 euros la hectárea. La compañía que construirá la planta nos ofrece un alquiler de 1.300 euros. No hay color”, asegura Francisco Javier, de Azuqueca de Henares.

El empleo en la construcción de los parques es ajeno y coyuntural para los municipios afectados. Los alcaldes callan ante los sustanciosos beneficios por la recalificación de los terrenos o como arrendatarios de los comunales.

Las concesiones pueden llegar a 40 años, tiempo suficiente para propiciar la desaparición de la actividad agraria y, de paso, la población que se dedica a ella. “Otra puntilla a la crisis del mundo rural en aras de la economía verde”, temen los nostálgicos conservadores.

De películas

La oposición de los grupos verdes a estas infraestructuras suena contradictoria, ya que vienen reclamando una transición ecológica desde hace años. Pero el conflicto salta en algunos pueblos, redes sociales y hasta en el cine. Como en dos películas, que arrasaron en los premios Goya: Alcarràs o el conflicto con las instalaciones fotovoltaicas y As Bestas, con las eólicas.

Parece más cerca el viejo objetivo de convertir España en la granja solar europea, sobre escenarios ideales como la extensa y escasamente poblada meseta central y el siempre soleado sur de la Península.