El transporte sanitario de Aragón lleva en huelga indefinida desde enero de este año, y ahora la protesta ha llegado a los tribunales. CGT ha denunciado a la UTE Transalud, que rige la catalana Ambulancias Egara y que opera los servicios no urgentes en el territorio, por presunta vulneración de la libertad sindical y el derecho a la huelga tras episodios de supuestas coacciones para hacer traslados no incluidos en los servicios mínimos.
Según la demanda a la que ha accedido este medio, la plataforma social alerta de que las presiones denunciadas anteriormente, que recogió este medio, suponen un quebranto de los derechos a la protesta laboral y a la libertad de afiliación sindical. Esta última queja se produce, al parecer, porque los sanitarios a los que se exigiría completar traslados no esenciales serían todos delegados sindicales.
Oscar Leciñena, jefe de tráfico, en la diana
El escrito, ya interpuesto ante el juzgado de Lo Social de Huesca, desgrana diversos episodios de presuntas coacciones a la plantilla de la empresa, que comenzó como UTE entre Ambulancias Maiz y Egara en 2020, pero que ha terminado controlada por esta última tras un golpe de estado interno.
Concretamente, la parte social señala al jefe de tráfico de la compañía, Oscar Leciñena, uno de lo mandos del operador, que en Aragón tutela el polémico Fernando Henar, exdirectivo del sector del juego.
Cinco meses en huelga
De este modo, el conflicto en el transporte sanitario de Aragón se envenena más si cabe tras casi cinco meses de huelga total. Parte empresarial y social han mantenido reuniones, aunque sin acuerdo hasta ahora.
De hecho, la movilización laboral, que pide un convenio digno y también a incorporación del último gran pacto laboral en el nuevo contrato de transporte urgente, que comenzará a operar Ambulancias Tenorio el 1 de junio, comenzó con sabor agrio por episodios de vandalismo y las citadas acusaciones de coacciones.
La empresa que controla la UTE, Egara, en el '3%'
Pero si algún episodio ha degradado la reputación de la UTE de Aragón ha sido la entrada en un macrocaso judicial de corrupción de Ambulancias Egara, la firma única en la gestión de la unión de empresas. El procedimiento, conocido como caso 3%, se sigue en la Audiencia Nacional.
Inicialmente investigaba el presunto pago de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública en Cataluña, pero en marzo de este año trascendió que Egara también podría haber estado involucrada. Entre otros, figuran como investigados el CEO de la enseña, Álex García-Cascón; el administrador único, Fermí Ferran y Óscar Simón, accionista familiar, además del empresario independentista y exsecretario de Comunicación del Govern, David Madí.