Revuelta empresarial contra la ampliación de la zona protegida del Baix Llobregat

Revuelta campesina contra la ampliación del espacio protegido en el delta del Llobregat. Unas 200 empresas agroalimentarias han plasmado su rechazo a la propuesta de la Consejería de Acción Climática, en manos de la republicana Teresa Jordà, mediante la presentación masiva de alegaciones contra la extensión de la ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves). El plan del Govern pretende ensanchar el paraje protegido de 935 a 2.372 hectáreas.

Las entidades representativas del sector, que mantuvieron una reunión en la Cooperativa de Gavà la noche del pasado lunes, han enviado decenas de alegaciones entre junio y octubre en las que señalan las "graves carencias técnicas, científicas, económicas y sociales" de la ampliación de la ZEPA. Una operación que, tal y como ha reivindicado repetidamente el Instituto Agrícola de San Isidro, no forma parte de las exigencias de la Unión Europea en el territorio.

Falta de inversiones

En un comunicado, el organismo adscrito a Foment del Treball ha criticado "la falta de plan de gestión de las actuales superficies protegidas, dado que el principal problema detectado desde el punto de vista técnico es que se ha dejado abandonar los humedales" sin "invertir en las mejoras hídricas imprescindibles de la zona".

Como ha informado recientemente Crónica Global, la Agencia Catalana del Agua (ACA) lleva prácticamente una década sin realizar intervenciones de calado en el territorio. Con el consiguiente riesgo de inundaciones debido a la dejadez de la empresa pública, según afirman los agricultores.

Delta del Llobregat / CARMEN CAB - CREATIVE COMMONS

Piden "diálogo real"

El segundo aspecto reprobado por la organización empresarial es la "falta de fundamentación científica de la propuesta, sin que haya un criterio independiente, contrastado y con estadísticas actualizadas para identificar qué tipo de poblaciones están exactamente amenazadas y dónde, cómo han evolucionado en los últimos años y cuál es la asociación básica entre espacio y especie".

También se ha subrayado la ausencia de una memoria socioeconómica que justifique la ampliación, que pondría en riesgo la actividad empresarial en la zona. Por eso, los empresarios agrícolas, coordinados por el Instituto de San Isidro, han reclamado a la Generalitat un estudio de impacto económico e iniciar un "diálogo real" con el sector para "evitar la desaparición de la industria agroalimentaria en el Baix Llobregat".