Las tensiones entre sindicatos y patronal por las subidas salariales marcan la agenda económica. Pero el secretario confederal de UGT, Pepe Álvarez (Belmonte de Miranda, 1956), no cede en sus posiciones: hay que subir las retribuciones, incluido el salario mínimo interprofesional (SMI), para evitar que los trabajadores pierdan poder adquisitivo. En una entrevista concedida a Crónica Global tras la movilización sindical del pasado jueves, Álvarez pide a la CEOE que vuelva a la mesa de negociación para retomar el diálogo social. De lo contrario, el invierno será tan caliente como el otoño. No solo por el clima.
–Pregunta: ¿Se ha roto el diálogo social en España?
–Respuesta: Hoy, sí. Por lo que hace referencia a los salarios, totalmente. No hay conversaciones. En la práctica, la patronal es como si se hubiera levantado de la mesa en mayo porque les hicimos una última propuesta Unai Sordo y yo mismo a los presidentes de CEOE y Cepyme, y la respuesta la conocimos a través de los medios. No querían hablar de la cláusula de revisión, y ahí nos hemos quedado.
–¿Y no hay una fecha para volver a sentarse?
–No. Seguramente hay que pensar que si se retoma será después de la asamblea de la CEOE. Parece razonable.
–¿Cómo están las relaciones con Garamendi en estos momentos?
–Desde un punto de vista personal, las relaciones están bien. Somos gente educada y nos hemos dicho lo que pensamos. Para nosotros no es posible llegar a un acuerdo sin que encontremos una fórmula para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo. Que no es lo mismo que una indexación directa. Podríamos buscar alguna fórmula para que en tres años pudiéramos situar el diferencial de inflación. Pero nos dicen que no, que no quieren ni hablar. Y a partir de aquí cada uno tira por su lado. Nosotros, a negociar los convenios y la CEOE no sé a qué, ese es el estado de las relaciones. Por lo demás, el otro lugar donde nos encontramos habitualmente con la patronal es en las relaciones con el Gobierno, aunque a la CEOE le ha encontrado gustillo a esto de levantarse. Algunas veces se levanta de la mesa o no va a las reuniones del ministerio, como ocurrió en la última sobre los becarios.
–¿Y qué opina sobre las elecciones en la patronal?
–Creo que desde una organización sindical, cuando hay un proceso como el que tiene la CEOE, lo mejor que podemos hacer es no decir mucho. Corresponde a la autonomía de esa organización. En todo caso, me parece un poco artificial esta aparición y desaparición de candidato o candidata. Creo que en los últimos tiempos hay una posición muy mayoritaria que se ha venido dando en la CEOE con Garamendi. No se ha elaborado una candidatura con mucho tiempo que sea una alternativa a la dirección de la CEOE. Y no acabo de encontrarle ninguna lógica.
–Volviendo a los salarios, ha comentado que una revisión vinculada al IPC ya no sería una obligación, sino que estarían abiertos a distribuirla en el tiempo dentro de las previsiones macroeconómicas. ¿Es un cambio de tercio o algo que siempre ha estado sobre la mesa?
–Es algo que planteamos a la CEOE en mayo. Somos plenamente conscientes de que no todos los sectores pueden ir exactamente en la misma dirección y hay que dejar un cierto margen para que efectivamente no haya inflación de tercera ronda. Digo de tercera ronda porque de segunda ya la tenemos como consecuencia de los beneficios empresariales.
–¿Por qué motivo?
–Creo que desde agosto estamos en inflación de segunda ronda como consecuencia de los excedentes empresariales. Las empresas en general están acaparando beneficios. Solo hace falta ver las proyecciones que hace el Banco de España sobre crecimiento de salarios y beneficios, estamos saliendo de esta situación de crisis con un desequilibrio brutal que ya venía de la crisis anterior. Eso es lo que genera la inflación de segunda ronda. Es evidente que si las empresas estuvieran trasladando ese beneficio no tendríamos una inflación subyacente del 6,5% y una total del 7,3%.
–Pero es verdad que solo hablamos de algunas empresas. Según Eurostat, los beneficios de las empresas españolas, en su conjunto, retrocedieron un 5% en el primer trimestre. A la contra de la subida media en la UE. Y un tercio se hallaban en pérdidas al cierre de 2021. ¿Qué opina de estos datos?
–Si hablamos del 66% de empresas que sí están en una buena situación ya hablamos de un porcentaje importante. Creo que son más. Y las indicaciones del Banco de España van en la dirección de que son más. Tampoco hablamos de sectores concretos, sino más bien de empresas.
–De hecho, el red flag estaba en el sector industrial.
–Justamente el sector industrial es el que está subiendo los salarios sin las estabilizaciones que pide la CEOE. Hace dos días hemos llegado a un acuerdo del convenio del metal de Barcelona con una subida del 4,5% y una cláusula de inflación al 85%. O el de Navarra, con una cláusula de revisión al 15%. Es decir, el sector industrial está subiendo los salarios en la mayoría de casos indexados al IPC. Por eso la tesis de que las empresas que no suben los salarios son las que están en peores condiciones no se aguanta por ningún sitio. Solo suben salarios las que tienen una presión sindical que les obliga a subirlos.
–Pero la subida media está siendo del 2,6% según datos oficiales. No de hasta el 4,5% como piden ustedes.
–En efecto, la subida media está al 2,6%. Pero tengo la sensación de que dentro de muy poco tiempo vamos a tener estadísticas nuevas. En realidad, en este 2,6% no está incluido el sector de la construcción, que emplea a 1.200.000 personas y su convenio se ha firmado con un repunte del 4,5%. Tenemos decenas de convenios que están entorno al 4% en sectores que emplean a 100.000, 50.000, 30.000 personas. Las estadísticas forman parte un poco del pasado y de convenios que vienen firmados de años anteriores. Los que se aplican ahora no han sido firmados en 2022, sino que lo han hecho en 2021 o 2020. En todo caso, si la estadística es del 2,6%, es con toda seguridad gracias a la movilización sindical.
–¿Esta es la clave para subir los salarios medios?
–Sí. Los salarios medios suben en la media en que seamos capaces de subir los convenios colectivos. La gran crítica que podemos hacer a la CEOE es que vamos a ir a un proceso de negociación cuyo resultado final se va a parecer bastante a la foto que nosotros hubiéramos firmado, incluso va a ser superior sin aplicar las cláusulas de revisión, pero sin embargo vamos a llegar allí después de un proceso de conflictividad importante. Hemos tenido manifestaciones sostenidas en el tiempo muy importantes. Remarco una, por significativa: en la provincia de Ourense, que aparentemente no se ha distinguido nunca por grandes movilizaciones, se ha mantenido una huelga en el sector del metal de 15 días. Por eso creo que la CEOE tenía en su mano la opción de haber llegado a un acuerdo paraguas que hubiera facilitado el proceso de negociación colectiva y que nos hubiera evitado esta sangría que representa para la economía española que tengamos conflictos desde el punto de vista sindical.
–El jueves los sindicatos tomaron la calle en Madrid. ¿Qué diría a la gente que se pregunta por el impacto real en su salario de esta movilización?
–Les diría que esperen un tiempo no muy largo para ver cuáles son los efectos de la movilización. El jueves no era una movilización única, sino la conclusión de una primera ronda que hemos ido haciendo en todos los territorios. Hay resultados sin lugar a dudas, en la estadística aparecerán cuando esté actualizada. Es un punto de partida, esto no para.
–¿Será un invierno 'caliente'?
–Lo va a ser. Lo será climatológicamente, pero además vamos a un enero en el que tendremos que negociar cientos, miles de convenios que pierden vigencia. La movilización no es un punto y aparte, sino que de alguna manera es la visualización de que efectivamente la CEOE tiene que ser consciente de que si no llegamos acuerdos vamos a vivir un proceso de conflictividad laboral importante.
–El próximo foco de conflicto parece que será el salario mínimo interprofesional (SMI). Quieren al igual que el Gobierno elevarlo a 1.100 euros. Pero volviendo a los salarios medios, ¿esto ayuda realmente a acabar con la precariedad salarial?
–Muchísimo. Estamos hablando de que si subimos el SMI a 1.100 euros vamos a revisar los salarios de entorno a cuatro millones de personas en España.
–¿Y sobre la advertencia de que esto impulsará la pérdida de contratación y el mercado negro?
–La experiencia nos dice que no. Cuando se subió el SMI en España sonaron todos los tambores de que iba a ser una catástrofe: subiría la economía sumergida, las empresas iban a cerrar, no se iban a poder pagar los salarios... Se ha aplicado el SMI y hemos continuado creando empleo. Los agoreros políticos que decían que la reforma laboral iba a destruir mercado de trabajo también se han equivocado de lleno. Consigue lo contrario. Una subida del SMI a 1.100 euros va a ayudar al incremento del consumo y, por tanto, al incremento de la riqueza en España y del mantenimiento del empleo. Me parece que estamos en buenas condiciones para abordar esta negociación. Por un lado, la comisión de expertos del Ministerio de Trabajo va a hacer un último informe en los próximos días que va a situar el SMI sustancialmente por arriba de los 1.049 euros que había previsto en la primera ronda, lo que representa el 60% del salario medio. Y si además el Gobierno quiere mantenerse fiel al compromiso que expresa por tierra, mar y aire cada mañana de que nadie se queda atrás, qué mejor que subir a 1.100 euros. ¿Cómo puede abordar una persona con un salario de mil euros el crecimiento del coste de la vida si no hay un aumento del SMI de cierta magnitud? No se puede decir eso por la mañana y por la tarde hacer lo contrario. Soy optimista.
–¿Va a su favor que empecemos ahora un ciclo electoral?
–Creo que es indiferente. Esa es la tesis de Garamendi, que todo lo que se mueve tiene que ver con elecciones, pero es que en España casi siempre estamos en elecciones. Si no es al Congreso de los Diputados, son las autonómicas o locales. Me parece que esto se corresponde con el convencimiento que tiene el Gobierno, tanto la vicepresidenta segunda como el presidente de Gobierno, de que en España uno de los problemas que tenemos son los bajos salarios. Y eso desde la Comisión Europea se lo recuerdan al Gobierno día sí y otro también porque es una realidad empírica. En Francia han subido el SMI dos veces en 2022, está en más de 1.690 euros. Es verdad que el equivalente en España se situaría al entorno de los 1.140, porque aquí son 14 pagas y en Francia son 12.
–Se había defendido desde los sindicatos que subir el salario mínimo empujaría de forma casi automática el resto de salarios para arriba, pero esto parece que no se ha dado exactamente así.
–No se ha dado así por la cerrazón de la patronal. Siempre funcionó de este modo hasta la reforma laboral de Rajoy, que creó las empresas multiservicios que se descolgaron de los convenios sectoriales y muchas de ellas tomaban como referencia el salario mínimo. Ese es el motivo por el que queda esa parte rezagada, pero la subida del SMI tira hacia arriba los salarios del país. Dicho sea de paso, el SMI ha subido bastante más en los últimos años que los salarios.
–Entrando en la reforma laboral, ¿se reabrirá el melón del coste del despido?
–Nosotros ya lo hemos abierto. Estos días la polémica está en torno a unas declaraciones de la ministra de Trabajo que no son otra cosa que recoger una demanda que UGT presentó en abril del año pasado ante el Comité Europeo de Derechos Sociales. Afirmamos que no puede valorarse un despido solo con años de trabajo, sino que también hay que ligarlo a los efectos que tiene sobre las personas que van a perder el empleo. Una persona que tenga 55 años, que lleve trabajando 20 años en una empresa --son los que las compañías en general ponen en la puerta de salida en primer lugar--, debe tener más consecuencias que hacer lo propio con un trabajador que tenga 25 años y un currículum formativo que le permita consegir un contrato casi de manera inmediata. El debate más de fondo, el precio y sobre todo las causas del despido, es un tema en el que vamos a entrar.
–¿En esta legislatura?
–No va a ser fácil. A la ministra le hemos propuesto que cree un grupo de trabajo que pueda abordar lo que llaman el Estatuto de los Trabajadores del Siglo XXI, para que ahí de manera integral pudiéramos ver cómo se articula un sistema de equilibrios que efectivamente tocara las causas del despido y la metodología del propio despido. Las causas en estos momentos son todas, mientras que la metodología para despedir deja en manos del empresario en 30 días la libertad de poder hacerlo o no sin que haya ningún contrapeso. Salvo en los procesos de tutela judicial que, por otra parte, cuando son efectivos ya no hay caso porque en muchas ocasiones cuando llega la resolución no hay ni empresa. Hablamos del despido objetivo, no del improcedente en que queremos recobrar los 45 días. Lo digo con toda claridad. Creo que quien quiere despedir sin causas ha de pagarlo, me parece un principio bastante razonable. Y 33 días es muy poco.
–¿Y esto también se logrará en la legislatura actual?
–Creo que no, ese melón no lo van a abrir. Querer hacer todo eso con un acuerdo con la CEOE, con la situación de crispación política que vive el país, me parece que no será fácil. Porque aunque Garamendi se empeñe en decir que vamos en comandita con la ministra de Trabajo, cuando es él el que va en comandita con el PP y con el presidente del Banco de España. Parece que hay una relación estrechísima. La CEOE firma hace un año y medio con nosotros el pacto de pensiones, que prevé la revalorización y no dice en ningún sitio que se haga solamente en algunas pensiones. El PP no lo apoya en el Congreso de los Diputados y, casualmente, ahora la CEOE se desdice de lo firmado y pide que no se suban las pensiones más altas. Pero, ¿cuáles son las más altas? ¿Las que se derivan de los planes de pensiones de los directivos de las grandes multinacionales?
–¿No queda muy poca gente con planes de pensiones privados de empresas?
–Queda mucha gente, muchos más de los que pensamos. Y si no, miremos qué ocurre en instituciones que nos reclaman tanta austeridad con nuestros pensionistas, como el Banco de España, y tienen su propio plan de privado. Me parece una indecencia intelectual decirle a quien cobra entre 2.200 y 2.300 euros, que no es tanta gente, que cobra mucho y que, a la vez, se tenga un fondo empresarial que pondrá el diferencial entre lo que se gana y lo que paga la Seguridad Social. Hablo del Banco de España, pero también de cualquiera de las empresas del Ibex 35. Y no es una crítica contra los planes de pensiones, porque hay algunas entidades que los hacen a partir de los salarios de los trabajadores. Lo que ocurre es que no es honesto ir en contra de las pensiones más altas y no decir la verdad: que se quiere avanzar hacia a un sistema privado de complemento. Ese es el fondo del debate.
–Es el mensaje que se ha lanzado durante muchos años: empezad el plan de pensiones privadas cuando empecéis a trabajar.
–Los planes de pensiones privados están tan denostados, porque han fracasado en todo el mundo, que ya no se atreven a decirlo de forma tan directa. Nuestro sistema es de reparto, solidario, por lo que las personas que pagan más mantienen en buena parte las pensiones más bajas del sistema. Este intento de dividir a los pensionistas es una falacia, porque si no tenemos las pensiones más altas cotizando no vamos a poder mantener las pensiones más bajas. Lo que se quiere es quitar las pensiones más altas y llevarlas al sistema privado. No hay que utilizar eufemismos e intentar dividir a los pensionistas que cobran más y los que cobran menos, dividir a los jóvenes de los pensionistas. ¿Algún joven se cree en este país que si a su abuelo no le suben la pensión se la van a subir él?
–Deberíamos preguntar a los jóvenes de este país si creen que van a cobrar una pensión.
–Los jóvenes de este país cobrarán pensión si creen y luchan por ella. Los que vamos a cobrar pensión, cuando teníamos 25 años pensábamos que esto no iba con nosotros. Pero claro que va. Hemos hecho una reforma de las pensiones con una visualización del sistema que llega hasta 2050, con equilibrios que vamos a ir incluyendo y que van a visualizar la viabilidad del sistema hasta ese año. Por tanto, los jóvenes van a cobrar pensiones. Y en 2040 deberán visualizarlo hasta 2065. Esta es la historia del sistema de seguridad social de España.