Colau abusa de ‘postureo’ con la transparencia exigida a la banca

Más control para la banca en Barcelona… aunque más de cara a la galería que efectivo. La corporación municipal que lidera Ada Colau obligará a las entidades financieras que quieran participar en la financiación del ayuntamiento a través de créditos a un ejercicio de transparencia especialmente en lo que concierne a su actividad en paraísos fiscales. Algo que no deja de ser una redundancia, dado que la banca ya está obligada por ley desde hace tiempo a cumplir con los requisitos que le demandará el Ayuntamiento de la Ciudad Condal. 

La Gaceta Municipal publicaba este lunes una nueva medida que obligará a los bancos que quieran ofrecer crédito al consistorio a su inscripción en un registro para la que se exigirá, entre otros elementos, una declaración de que no realiza actividades delictivas en paraísos fiscales.

Nada nuevo 

La intención explícita de la medida es privilegiar el trato con aquellas entidades que cuenten con una responsabilidad social corporativa y que, además, basen su modelo de negocio en la transparencia y en valores sociales y éticos. 

Sin embargo, el supuesto endurecimiento de las exigencias para trabajar con el Ayuntamiento de Barcelona se queda en un gesto de mero postureo. Porque los bancos ya están obligados desde hace tiempo a ser por completo transparentes en cuanto a su actividad, especialmente en paraísos fiscales, por la normativa antiblanqueo. 

Endurecimiento normativo

Una legislación que se ha endurecido en los últimos años después de que hayan salido a la luz casos como los denominados papeles de Panamá, que ilustraban a la perfección el empleo de países con una gran opacidad desde el punto de vista fiscal para evadir impuestos. 

En concreto, en España cualquier entidad financiera tiene la obligación de poner de inmediato en conocimiento del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), dependiente del Banco de España, cualquier operación sobre la que exista la más mínima sospecha de la posible comisión de un delito en este ámbito. 

Responsabilidad de los bancos

Las modificaciones normativas se han encaminado a ampliar la responsabilidad de la banca en relación con sus clientes, de modo que las entidades constituyen la primera barrera con la que debe encontrarse cualquier persona o entidad que pretenda blanquear capitales a través de una operación en paraísos fiscales. 

De este modo, si se detectara una maniobra irregular en este sentido, el banco sería considerado como responsable directo por no haberla bloqueado. Una circunstancia que ha obligado al sector a estrechar el cerco en torno a las operaciones e incrementar los controles. 

En este escenario, la medida del Ayuntamiento de Barcelona se antoja una suerte de sobrerregulación que más parece estar relacionada con una intención de establecer un control sobre las entidades a título personal. 

Los requisitos también pasan por evitar posibles delitos contra la Hacienda pública, algo en lo que la normativa general sobre contratación con Administraciones Públicas (AAPP) también incide de forma notable. 

También en la eurozona

De acuerdo con lo que se establece en la Gaceta Municipal, aquellas entidades que declaren tener actividad en paraísos fiscales deberán permitir que el Ayuntamiento de Barcelona la haga pública si opta por contratar sus servicios en cualquiera de los procesos de concurso público que ponga en marcha para acceder a financiación. 

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde / EP

El detalle sobre el negocio bancario en paraísos fiscales también ha sido objeto de una profunda regulación, especialmente para aquellas entidades que cotizan en los mercados de valores. En el ámbito de la eurozona, el Banco Central Europeo (BCE), en virtud de su papel de regulador del sistema, también ha estrechado el cerco en esta materia sobre los bancos que tutela.

Dos semanas

El ayuntamiento ha abierto un plazo de 15 días para que aquellas entidades interesadas en participar en los procesos públicos se inscriban en la llamada “relación de entidades colaboradoras”. 

La medida se establece cuando restan poco más de ocho meses para las elecciones municipales y autonómicas, en las que Colau aspira a un tercer mandato, contrariamente al compromiso de no perpetuarse en el poder que expresó al ser elegida por primera vez, en 2015.