Detectan sobrepagos en el contrato de Salud con Ferrovial

La Sindicatura de Cuentas ha aflorado sobrepagos por el contrato de rastreo de casos de coronavirus que el Departamento catalán de Salud externalizó a Ferroser, filial de Ferrovial. El fiscalizador calcula que la cotizada se llevó 1,55 millones de más por pilotar el programa de seguimiento de positivos, que la Consejería revirtió tras una agria polémica.  

Lo afirma Cuentas en un nuevo informe que analiza diversos ejercicios de los libros del SEM, los años 2015, 2016, 2017 y 2018 y algunso contratos de emergencia asignados durante la fase dura de la pandemia del coronavirus. Una de los hallazgos más preocupantes es que la factura pagada a Ferrovial es "aproximadamente" 1,55 millones de euros superior a "los costes directos e indirectos y al beneficio industrial del contratista". 

"No es razonable"

Esta cantidad abonada de más a la multinacional, "no es razonable", alerta la Sindicatura, "y no cumple los principios generales de economía y eficiencia en la gestión de los fondos públicos". 

Ello si se tienen en cuenta los principios de "transparencia y obtención de la mejor relación calidad-precio" que inspiran lo contenido en la Ley de contratos del sector público. 

El personal no era el fijado por contrato

Pero es que hay más. El controller del gasto público alerta de que el contratista "no hizo el dimensionamiento de la dotación de personal establecida en el contrato". Entre octubre de 2020 y enero de 2021 hubo una "reducción paulatina del número de llamadas del 26,3%, mientras que el dimensionamiento del contrato [...] se incrementó un 95,2%". 

Asimismo, Ferrovial facturó al SEM las retribuciones del personal que estaba en situación de incapacidad temporal, "sin deducir el importe pagado por la Seguridad Social". Este hecho provocó una apertura de un expediente disciplinario por parte de Emergencias. 

Transporte sanitario, sin control

La Sindicatura también ha aflorado descontrol en el contrato de prestación del transporte sanitario. En 2018, por ejemplo, los operadores del no urgente facturaron 2,81 millones de euros por encima de lo fijado por contrato. 

Además, entre 2016 y 2018 eran los propios adjudicatarios quien entraban los datos de la actividad realizada a la aplicación de acceso común. El SEM, no obstante, no tenía "implementado ningún circuito para comprobar la integridad y veracidad de estos datos". Y cuando no cuadraban, Emergencias no sancionaba, como ocurrió en 2018 con 504 incidencias relativas a la flota de vehículos.