Bruselas y las eléctricas acorralan a Sánchez: o limitar el gas o bajar impuestos

Este viernes, el Consejo Europeo acordaba otorgar un trato especial a España y Portugal al considerar que su situación geográfica, con escaso acceso a las interconexiones, le deja poco margen para lidiar con el problema de los elevados precios. 

Margen limitado

No obstante, no se trata precisamente del cheque en blanco que buscaban los vecinos ibéricos. Todo apunta a que la posible solución que pueda articularse pasa por una limitación de los precios del gas, de modo que su influencia a la hora de marcar los precios del pool eléctrico sea reducida. 

El Gobierno llegaba a este importante Consejo tras el encuentro mantenido recientemente en Moncloa por el presidente, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, con los principales ejecutivos de las energéticas. En él se confirmaron algunos de los temores del Ejecutivo, en el sentido de que el sector se revolverá, como hizo recientemente, contra medidas destinadas a intervenir en sus cuentas de resultados.

Los beneficios caídos del cielo

Las compañías volvieron a negar que perciban los llamados “beneficios caídos del cielo”, como sostiene el Gobierno, que ha vuelto a barajar la idea de recortar estas retribuciones. Afectan, principalmente, a la producción eléctrica en centrales nucleares e instalaciones hidroeléctricas. 

Central nuclear de Ascó I en una foto de archivo / EUROPA PRESS

El sector insiste en que la inversión en estas plantas no está amortizada y que cualquier intento de recortar las retribuciones será respondido a través de los potentes lobis del sector que operan en el ámbito europeo.

La posición de la OCDE

El pasado otoño ya sucedió algo parecido, cuando los precios del mercado mayorista comenzaron a desbocarse y el Gobierno planteó una batería de medidas entre las que se encontraba un notable tijeretazo a estas retribuciones. Finalmente, quedó en nada. 

La otra gran propuesta trasladada a las compañías se basaba en un incremento de la fiscalidad, tal y como sostiene la OCDE, cuyo secretario general, Mathias Cormann, estuvo de visita por España y mantuvo diversos encuentros con el Gobierno. Entre ellos, con la vicepresidenta Ribera. 

No al control

Las empresas respondieron a Sánchez que cualquier alza adicional en los impuestos que ya soportan sería trasladada de inmediato a los consumidores con lo que la inflación del recibo no sólo no se solventaría sino que, incluso, podría agravarse. 

El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, en su visita a España / CG

Por su parte, las posibles medidas que el Gobierno ha trasladado al ámbito comunitario han recibido un firme rechazo por parte de la Comisión Europea y también algunos de los pesos pesados de la Unión, como Alemania. 

El peligro de los tribunales

Ha sido el caso de limitar los precios del mercado mayorista a 180 euros por megawatio/hora, una propuesta que planteó para el mercado que comparte con Portugal y que no tardó en retirar ante el rechazo que generó en Bruselas. 

En general, la Comisión recela de toda solución que suponga intervenir en el mercado eléctrico, consciente de que un paso en falso en este punto podría resultar fatal para su futuro. La normativa comunitaria es muy sensible con los principios de libre mercado y libre competencia y cualquier solución a la que diera el visto bueno que fuera contra ellos acabaría muy probablemente en los tribunales.

Discrepancia fiscal

En tal caso, un fallo en contra supondría el fin para el Gobierno comunitario, su marcha irrevocable, algo a lo que no están dispuestos los comisarios.

Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea / PHILIPPE BUISSIN - EUROPA PRESS

Así las cosas, además del margen que ha concedido el Consejo Europeo, todo apunta a que la única medida que, al menos a corto plazo, podría frenar el efecto inflacionista sería una rebaja de impuestos, que no en su ideario. Además, supondría un nuevo choque con su socio de coalición, Unidas Podemos, partidario de la aplicación de recortes en las retribuciones y de aplicar una elevada carga fiscal a las compañías del sector.

No obstante, cualquier medida que se tome en virtud de lo acordado este viernes debe ser aceptada por Bruselas. De ahí que Moncloa deba estar preparada con alguna alternativa ante un posible veto.