La resistencia al certificado Covid se traslada al TSJC

El pasaporte Covid ha generado anticuerpos en una parte minoritaria de la sociedad. Tras una hornada de protestas en la calle, los opositores a la medida sanitaria han canalizado su rechazo a través de los tribunales. En Cataluña, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJC) ya ha resuelto nueve peticiones distintas para tumbar la entrada en vigor del pase obligatorio para acceder a bares y restaurantes, locales de ocio nocturno e instalaciones deportivas.

Hasta ahora, todas las demandas han sido un fracaso. Los jueces han seguido el criterio marcado por el Tribunal Supremo el pasado 30 de noviembre, cuando rectificó un fallo anterior del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y avaló el instrumento. En los nueve autos consultados por Crónica Global, los magistrados anteponen razones de salud pública frente a las supuestas lesiones de derechos fundamentales, como la intimidad y la tutela judicial efectiva, derivadas de la implementación del certificado.

Liberum vuelve a intentarlo

Las providencias dirimidas por el TSJC siguen el criterio del alto tribunal y rechazan de plano las peticiones de cautelarísimas de los recurrentes. Entre estos, se encuentran acciones de particulares y compañías como los gimnasios DIR, pero también asociaciones negacionistas como Eleuteria o Liberum. Esta última plataforma ya intentó boicotear sin éxito el plan de inmunización autonómico.

Tal y como informó este medio, Liberum interpuso el pasado 23 de septiembre un recurso contencioso-administrativo para suspender la campaña de vacunación. Pero la ofensiva judicial de este tipo de movimientos no ha sido fructuosa. Los argumentos para validar la distribución del antídoto, al igual que la entrada en vigor del pase Covid se cimentan en dos puntos: la proporcionalidad de la medida en un contexto pandémico y la necesaria defensa de la labor de los sanitarios.

Una sanitaria vacuna a un hombre en el circuito de vacunación de Fira de Barcelona / David Zorrakino (EP)

Argumentos del TSJC...

En este sentido, uno de los autos del TSJC es claro: "Esta sala [no puede] desconocer la importancia de la pandemia reconocida por la Organización Mundial de la Salud el día 11 de marzo de 2020, y de sus sucesivas oleadas, donde debe enmarcarse el supuesto de autos y a partir de la cual procede emitir los argumentos correspondientes en el ámbito territorial de Cataluña". "Pandemia que, como es notorio, ha provocado y sigue provocando miles de fallecidos, de hospitalizados con patologías graves y de afectados, obligando a la adopción de medidas preventivas y restrictivas en evitación de su indeseada expansión", añade dicha resolución. Medidas que, además, están limitadas en el tiempo y circunstancias a entornos concretos con mucha precisión.

En otro auto, se menciona expresamente la "defensa de un sistema de asistencia sanitaria cuyos limitados recursos es necesario preservar adecuadamente" a la hora de ponderar el supuesto daño a los derechos de los afectados. Ante estas razones, el catedrático de Derecho Constitucional Abraham Barrero da por "zanjada" la discusión sobre el pasaporte Covid. "Una autonomía tendría que hacerlo muy mal para que hubiera alguna posibilidad jurídica de tumbar el pasaporte después de la sentencia del Supremo", resume.

... y de los antivacunas

Pese a ello, el TSJC sigue admitiendo a trámite nuevas acciones relacionadas con el certificado. Recientemente, siete ciudadanos han interpuesto otro recurso pidiendo medidas cautelares de suspensión del mecanismo. Crónica Global ha entrevistado a una de las personas que han incoado esta demanda y que prefiere mantener su anonimato. Este recurrente indica que, a su juicio, se incurre en "discriminación" cuando se exige a los no vacunados que den a conocer datos sobre su salud personal.

"Si tengo la liberta de elegir si me vacuno o no, quiero que se respete mi elección. Más aún cuando las personas no vacunadas pueden contagiar del mismo modo que las vacunadas", alega. En la conversación, matiza que no son antivacunas per se, pero duda de la fiabilidad del antídoto concreto contra el Covid-19. "Si se llegase al punto de hacer coercitiva la vacunación, interpondríamos otro recurso", sentencia. Por el momento, los tribunales no han avalado ninguna de las demandas de estos grupos.