'Caso Marina Besòs': 18 meses más para investigar la corrupción en Sant Adrià

El juez de Badalona que investiga las supuestas irregularidades en la concesión de los permisos y licencias de explotación de un centro lúdico en Sant Adrià, en la zona conocida como Marina Besòs, ha firmado un auto en el que amplía en 18 meses el margen del que se dota para seguir investigando este controvertido caso.

En el marco de estas diligencias de investigación están imputados el alcalde Sant Adrià santa Adrià, Joan Callau, y el alcalde en el momento en que se produjeron los hechos (años 2008-13), Jesús Canga. Ahora, y tras los últimos informes policiales incorporados en la causa, el juez ha ampliado la condición de investigado a quien fuera secretario municipal, Josep Reverendo, al concejal de servicios técnicos, Ricardo Silvestre, a los técnicos municipales Enric Padrós y José Leal y a los directivos de las empresas que gestionaron el centro lúdico que, durante esos años, funcionó sin permiso en Sant Adrià.

Nuevas averiguaciones sobre el 'caso Marina-Besòs' de Sant Adrià

La petición de ampliar el marco de investigación ha sido formulada por el Ministerio Fiscal, que espera los documentos requeridos al Consell Comarcal del Barcelonés, a los ingenieros municipales y a la Generalitat para delimitar las responsabilidades penales de las personas hasta ahora investigadas.

En este sentido, el juez de Instrucción número 2 de Badalona ha requerido a los expertos en análisis financiero de la UDEF del Cuerpo Nacional de Policía que colaboren en la investigación de este caso y les ha trasladado buena parte de los soportes informáticos requisados en los registros para que emitan un dictamen sobre su contenido.

Delitos urbanísticos

Según el juez, la instalación de la carpa (Carpes Ghoa Beach Club) en la zona conocida como Marina Besòs precisaba de la obtención del permiso medioambiental y la de licencia urbanística y, además, precisaba del cambio de usos que pensaba desarrollarse en esa finca objeto de autos, siendo de destacar que la actividad de discoteca era incompatible con aquellos terrenos de titularidad pública”.

Este es el resumen de la carga incriminatoria que se trasluce del sumario de Sant Adrià.