Sindicatos y patronales dejan sola a Pimec en su propuesta sobre la vacunación

La propuesta de Pimec de suspender a los trabajadores no vacunados de empleo y sueldo ha generado más reticencias que consenso. La medida planteada ha sido recibida con escepticismo en el plano político y en indicatos como CCOO y UGT e incluso otras patronales, como Cecot. CCOO de Cataluña ha rechazado que se exija la vacunación o el pasaporte covid a los trabajadores por ser "desproporcionado" y ha recordado que actualmente vacunarse en España es voluntario y que los datos de vacunación no avalan la exigencia del pasaporte covid en el trabajo, según un comunicado este lunes.

En este sentido, ha tachado de "poco razonables" las recientes declaraciones realizadas por Pimec a favor de exigir el pasaporte covid para poder trabajar. "La obligatoriedad solo la pueden dictar las autoridades sanitarias estatales en situaciones de urgencia o necesidad, atendiendo también a los principios jurídicos de idoneidad y de proporcionalidad", ha argumentado el sindicato.

Una medida "innecesaria"

El secretario general de Pimec, Josep Ginesta, pidió este domingo que "se suspenda el contrato de trabajo y la persona deje de recibir su sueldo" si no aporta el pasaporte Covid o pruebas que demuestren que tienen bajo riesgo de contagiar, como un test de antígenos con resultado negativo.

En una entrevista con RAC1, Ginesta defendió que esta medida "no limita los derechos individuales", sino que fortalecería los colectivos y el interés común, y favorece que los centros de trabajo sean espacios de bajo contagio. Sin embargo, Núria Gilgado, responsable de Política Sindical de UGT, valoró en la misma emisora que dicha medida "es del todo innecesaria", ya que "se está intentando situar un problema que realmente no existe, porque los niveles de vacunación en Cataluña son altísimos". "No hay un problema real de falta de vacunación de la población trabajadora", sentenció.

Conflicto de derechos

Los sindicatos han expresado desconfianza en las motivaciones de la patronal catalana, que sospechan que pretende librar a las empresas de los costes de prevención sanitarios derivados del coronavirus y cargar el coste de los tests de Covid a sus empleados. Antoni Abad, presidente de Cecot, tampoco ve clara la viabilidad de la propuesta porque podría entrar en conflicto con los derechos de los trabajadores, aunque ha abierto la puerta a implantarla en sectores como el turismo o "en espacios interiores donde hay mucha proximidad de los profesionales que están atendiendo al público", circunstancias concretas en las que se podría introducit un "punto extra de precaución".

Salvador Illa, jefe de la Oposición en el Parlament y exministro de Sanidad, también se ha mostrado contrario a la suspensión de empleo reclamada desde Pimec, mientras que Josep Maria Argimon, secretario de Salud Pública, se negó la semana pasada a hacer obligatorias las vacunas para trabajar: "Desde el mundo de la Salud Pública nunca se ha sido partidario de la obligatoriedad de la vacunación". "Hemos tenido tasas de vacunación elevadísimas; estas cosas son mucho más de persuasión que de obligatoriedad", aseguró.