Una alianza de la derecha con ERC y Bildu pone en jaque las cuentas de Aena

En concreto, el cambio afecta a la Ley que regula las VTC y fue tramitado por un senador canario, que contó con el apoyo en la Cámara Alta de formaciones de corte nacionalista e incluso separatista. La modificación en cuestión plantea que, a diferencia de lo que sucedía hasta la fecha, los mencionados contratos tan sólo tengan como referencia para establecer el precio un variable en función de los tráficos aeroportuarios.

Carácter retroactivo

Hasta ahora, el modelo contempla la existencia de un canon fijo, al que se le suma un variable que depende de la afluencia de pasajeros. Con la llegada de la pandemia, los arrendatarios solicitaron cambios para poder sobrevivir al desplome sin precedentes de los tráficos y, por ende, de los potenciales clientes, que llegó a caer por encima del 90%.

La labor de lobi de los arrendatarios de los espacios comerciales aeroportuarios, entre los que se encuentran numerosas multinacionales, ha dado sus resultados, de forma que el Senado sacó adelante la pasada semana la modificación que, en el caso de prosperar en el Congreso, tendría además carácter retroactivo, desde el momento en que se declaró el primer estado de alarma, a mediados de marzo de 2020.

La referencia de un año de récord

El cambio obligaría a Aena a adoptar el nuevo modelo a partir de ahora y, al menos, hasta que las cifras de afluencia de pasajeros recuperara las cotas registradas en 2019, el año anterior al inicio de la pandemia, que coincide con el del récord absoluto registrado por los aeropuertos públicos españoles.

Pero, además, Aena también debería compensar a los arrendadores dado el carácter retroactivo que tendría la modificación.

El Estado, principal perjudicado

La maniobra hace bueno aquel viejo aforismo de que “la política hace extraños compañeros de cama”, toda vez que a favor del cambio se sitúan formaciones tan antagónicas como ERC y EH Bildu, por un lado; y los partidos de la derecha, por el otro. Y además, para un asunto que atañe directamente al Estado, que es el accionista mayoritario de Aena, con una participación del 51%, y, por lo tanto, el principal perjudicado si la medida sale adelante.

Sede de Aena

En la negociación que ha mantenido con los arrendatarios de los locales, Aena ha llegado a ofrecer una rebaja del 50% en el coste fijo de los alquileres como posible solución para aligerar, en parte, la factura de la crisis en los clientes y que ambas partes cargara en su medida con ella. Sin embargo, los comerciales han logrado ir más allá por la vía política hasta el punto de que el futuro financiero de Aena se dirime en el Parlamento.

Precedente de crisis

Expertos consultados llaman la atención sobre la inseguridad jurídica que provocaría el hecho de que la normativa saliera adelante por su carácter retroactivo. Además, también inciden en el hecho de que la referencia que se plantee para fijar el horizonte de la medida sea el de los tráficos de 2019, cuando se trata de un registro histórico, por encima de los 282 millones de pasajeros, que ya de por sí había pulverizado un máximo de todos los tiempos como el que se había producido en 2018.

Se trata de cifras excepcionales que, al margen de la pandemia, tardarían un largo tiempo en recuperarse, incluso en circunstancias normales. No en vano, el récord anterior a 2018 data de 2006, con la crisis financiera de por medio, lo que ilustra los difícil que resulta volver a alcanzar tráficos inusualmente elevados.

El contexto de El Prat

La votación también se enmarca en la polémica surgida a raíz de la fallida ampliación de El Prat, tras la ruptura de las negociaciones entre el Gobierno central y la Generalitat, consecuencia en gran parte de las disensiones internas en este último.

Así las cosas, una votación por parte de formaciones como JxCat que penalice los intereses de Aena podría asociarse con este entorno; sin embargo, resulta más complicado explicar el apoyo de los partidos de la derecha, cuya única finalidad parece ser poner trabas a la gestión del Gobierno pero que, en último término, repercuten en el Estado.

Sin olvidar que si la medida sale adelante genera un problema con el que se podrían topar estos mismos partidos en el caso de que en el futuro sean los que ostenten los mandos en Moncloa.